Huesped
Una Convención justa y necesaria
Por Gilberto Rincón Gallardo
Notimex.
Cualquier comentarista de cuestiones sociales debe tener mucho cuidado con el uso de los adjetivos. Personalmente, he tratado siempre de utilizar el adjetivo "histórico" con mesura. Empero, en esta ocasión, al comentar la aprobación en la ONU de la Convención para proteger y promover los derechos y dignidad de las personas con discapacidad, me parece obligado hablar de un genuino hecho histórico.
En efecto, el viernes pasado se alcanzó un consenso de la comunidad internacional para crear el más importante instrumento legal para tutelar los derechos de ese diez por ciento de la población mundial constituido por las personas con discapacidad.
Se trata de un hecho histórico por varias razones. Primero, porque se construye un consenso general en un momento bajo del multilateralismo. Las acciones unilaterales de países poderosos y la desatención a muchas resoluciones de la ONU han debilitado a este organismo esencial.
Por ello, esta Convención, que será formalizada en este mes de septiembre cuando se abre la sexagésima primera asamblea de la ONU, se revela como un logro de la razón humana y del entendimiento entre los pueblos.
En segundo lugar, esta Convención es histórica porque aborda abiertamente el tema de la discapacidad como un asunto de derechos fundamentales. Hasta ahora, los temas de discapacidad parecían ser sólo un tema de salud, por cuanto a la atención requerida; o de beneficencia, por lo que toca a las responsabilidades de la sociedad.
Ahora, la Convención establece claramente que las personas con discapacidad deben gozar de una serie de protecciones especiales, garantizadas por sus gobiernos, que les permitan el más completo ejercicio de sus derechos fundamentales.
Hoy en día, la discriminación que sufren las personas con discapacidad se concreta en la existencia de múltiples barreras, sociales y físicas, que les impiden el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso a oportunidades básicas de la vida social. Con el enfoque de los derechos, la acción de ningún gobierno se podrá confundir con las acciones voluntarias de la filantropía y la beneficencia, sino que tendrá que ser vista como una obligación ineludible.
Los contenidos de la Convención son muy claros respecto de lo que se debe hacer, por ejemplo, en materia de empleo, pues establece derechos a la elección de empleo, a la formación profesional y a las protecciones sindicales y laborales; en materia de educación, pues formula la obligación de asegurar que todos los niveles educativos sean abiertos de manera real a las personas con discapacidad.
También en cuanto a la obligación de eliminar obstáculos físicos de todo tipo y garantizar la accesibilidad de los ambientes urbanos y rurales, y en cuanto a las medidas para asegurar el acceso real a los servicios de salud y para garantizar la atención médica adecuada a las personas con discapacidad.
La formalización de este instrumento en la Asamblea General de la ONU, y su obligada suscripción por nuestro gobierno, nos dotarán de un recurso legal adicional para avanzar en la integración social de las personas con discapacidad.
Debe recordarse que, según doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los acuerdos y tratados internacionales firmados por México pasan a formar parte de nuestro cuerpo de leyes, y su nivel normativo es muy alto, sólo por debajo del de la Constitución, pero por arriba de leyes generales, federales y locales.
Esto implica que en breve tendremos en México una nueva batería de recursos legales para evitar que sigan siendo violados los derechos de las personas con discapacidad.
Finalmente, debe decirse que se trata de un hecho histórico porque esta Convención fue propuesta por México hace cuatro años. En efecto, en 2002, respondiendo a la solicitud de muchos grupos en nuestro país, el presidente Fox elevó a la Asamblea General la propuesta de esta Convención.
Ello ha implicado una valoración positiva de nuestro país en el foro mundial por este aporte. Sin embargo, lo más importante de este protagonismo de México en la construcción de la Convención es que obliga aún más al Estado mexicano a tutelar y promover los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad en México.
Notimex
El autor es analista político
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