Huesped
Dilemas agrícolas
Por: David Ibarra
El Universal
Hace un cuarto de siglo se larva una situación crítica en el campo mexicano. La inserción de la agricultura a la globalización y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se planteó como la solución dorada a los problemas seculares de la marginación y la pobreza. Se confiaba en que la liberación de fronteras serviría como vía para ganar ventajas comparativas agrícolas y adquirir a precios internacionales insumos, bienes de capital o tecnologías en beneficio de la competitividad y la reducción de los costos. En términos políticos, además se buscó dar fin al paternalismo corporativista que entorpecía la iniciativa de los productores y propiciaba un clima de corrupción.
Las realidades del reacomodo transfronterizo han confirmado algunos de los beneficios anticipados principalmente con la configuración de un segmento próspero de exportación, pero también han puesto de relieve la destrucción y la difusión de la pobreza entre el grueso de los pequeños y medianos productores. No se trata de condenar al Tratado de Libre Comercio, sino de subrayar la incompetencia de las políticas nacionales puestas en práctica a partir de los años 90.
Entre las fallas de esa estrategia se cuenta el desmantelamiento intempestivo de las políticas de fomento y protección a los productores, así como su reemplazo incompleto y poco idóneo por instituciones de mercado. Las redes de comercialización oficial fueron reemplazadas imperfectamente por sistemas mercantiles privados. La falta de lonjas de productos impidió la sustitución de las funciones de los viejos precios de garantía. La banca comercial no brinda accesos al crédito semejantes a los de las instituciones gubernamentales anteriores, ni cuenta con mecanismos para limitar o siquiera anticipar las oscilaciones y los niveles de las tasas de interés en los costos de producción. También se pasó por alto las muchas agriculturas del país que rechazan la uniformidad de las soluciones. A mayor abundamiento, la inversión estatal en el fortalecimiento de la infraestructura física del campo siguió gravemente decaída, así como los programas del combate a la erosión de tierras y la destrucción de los bosques.
Esas y otras inadecuaciones de las políticas públicas coinciden, además, con la reducción a la mitad de la tasa de crecimiento del conjunto de la economía y la desaparición del círculo virtuoso de la transferencia de la mano de obra rural hacia actividades de mayor productividad. Por eso el producto agropecuario apenas se expande a razón de 1% anual desde 1980. De ahí que la pobreza abarque más de 50% de la población rural y que la indigencia no sea inferior a 20%. Y ello pese a la exportación de hombres a Estados Unidos (más de 400 mil personas por año), cuyas remesas, superiores a los 20 mil millones de dólares anuales, atenúan los problemas de muchos grupos desprotegidos.
La dependencia foránea en el suministro de alimentos básicos crece peligrosamente año con año. En 2005 las importaciones de maíz representaban 27% del consumo aparente; las de arroz alrededor de 80%; las de sorgo algo más de 36%; las de trigo han subido 10 veces desde 1990 y representan 64% de las necesidades nacionales; y las de carne de bovino suman 18%.
En casi todos esos casos, las superficies cosechadas han disminuido o permanecen casi constantes, esto es, la competencia externa ha provocado el abandono de las tierras menos productivas. Aun así, a lo largo del periodo 1990-2005 los rendimientos han quedado estancados o apenas se han acrecentado.
Como se aprecia, las fallas estructurales del campo mexicano han quedado como asignatura pendiente. Cabría preguntarse si al menos se tomarán medidas sea para aprovechar o compensar fenómenos externos que ya comienzan a afectarnos.
Hasta hace poco, la importación de alimentos y piensos tuvo el doble impacto positivo de favorecer a los consumidores y desvanecer presiones inflacionarias asociadas a los mayores costos internos. Tal es el caso de los artículos citados en párrafo precedente cuyos precios al productor cayeron entre 9% y 33% en el período 1990-2005, a pesar del alza general de precios del periodo y de la consiguiente mengua del ingreso a los productores. Tal situación tiende a desaparecer por otra doble razón, los precios internacionales de los productos agrícolas, junto a oscilaciones abruptas, registran fuertes tendencias alcistas. Y por otro lado, los ingresos de los campesinos ya no podrían seguir sacrificándose para compensar ahora a los contagios inflacionarios externos.
Entre 2000 y 2005 los precios internacionales en dólares de esos productos han subido entre 10% y 35%. En algunos casos, las existencias mundiales son bajas; en otros, la producción está afectada por los cambios climáticos planetarios. Y en unos terceros, el ascenso de la capacidad adquisitiva de enormes grupos de la población del mundo (China e India) determinarán demandas sostenidas importantes. Por lo demás, el alza de los precios del petróleo y exigencias ecológicas inclinan la producción energética hacia los biocombustibles, principalmente asociados al maíz y la caña de azúcar. A fines del año anterior, los precios del Convenio Internacional del Azúcar alcanzaron el nivel histórico más alto en el último cuarto de siglo (0.1925 dólares por libra). México no debiera dejar de lado la oportunidad de resolver la costosa crisis al sector azucarero. Además, la producción de etanol como combustible automotriz en mezclas hasta de 10% no exigen modificación de los motores y contribuiría a abatir la contaminación.
La nueva administración, aparte de estar obligada a retomar el impulso al cambio estructural, tendrá que atender otros dilemas espinosos. ¿Cómo atenuar el casi inevitable aumento de precios de los alimentos, lo mismo en el nivel general de inflación, que en la canasta básica de las familias empobrecidas?¿Cómo evitar que el combate a esas presiones inflacionarias reprima aún más la política de crecimiento? ¿Cómo revitalizar la producción y el ingreso campesinos con presupuesto recortado?
Analista político
AAG
