Summum de la Justicia
¿Seguridad nacional o intimidación?
John Saxe-Fernández, La Jornada
Menos de un mes después del ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono (11/9/2001), cuando era denso el ambiente y a decir de Norman Birbaum, prácticamente no había oposición, era "como si en vez de ciudadanos fuéramos miembros de una iglesia con el presidente como supremo pontífice, sin más teología que la sacralización de la nación, ninguna escatología que prediga otra cosa que el presente y ninguna jerarquía más que las instituciones visibles del poder y la riqueza en la sociedad", en ese momento de conmoción y "fusión de pasado, presente y un futuro interminable", fue cuando Bush/Cheney dieron los primeros zarpazos en la usurpación presidencial de funciones legislativas y judiciales.
El 7 de octubre de 2001, en momentos en que "no sólo la disidencia y las perturbaciones eran mal recibidas", sino que "se consideraban, por principio, antinaturales", Bush lanzó ataques aéreos en Afganistán y lo notificó al Congreso "sin pedir autorización", como lo registra Charlie Savage en Takeover (Little Brown&Co 2007) proclamando su "autoridad constitucional inherente" como "comandante en jefe" y "jefe del ejecutivo" para dar inicio a lo que el New York Times (23/V/2013) al comentar el discurso de Barack Obama en la Universidad de la Defensa Nacional la semana pasada, calificó de "Guerra Perpetua".
Obama habló de "revertir" la guerra al terror como operación "global", "frenar" la matanza de "sospechosos de terrorismo" con "drones" (con sus incontables bajas civiles) y achicar o incluso cerrar Guantánamo. Más que compromisos firmes esos planteos son un esfuerzo de relaciones públicas para reparar en algo, como dijo el NYT, "una imagen global muy dañada". Y es que el discurso se hizo días después del escándalo por el espionaje de teléfonos y correos electrónicos contra una veintena de reporteros y ejecutivos de la Ap en lo que un alto ejecutivo de esa cooperativa calificó de "interferencia masiva y sin precedentes en cómo los organismos de información al público deben obtener las noticias" (ver: Ap headlined). Laura Murphy, de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) fue al meollo del espionaje contra la Ap al advertir que "...tiene un efecto escalofriante sobre los periodistas y quienes denuncian o investigan fechorías gubernamentales", y exigió que Holder dé explicaciones al público "para que este tipo de intimidación de la prensa no se repita".
Recuérdese que en 2002, mediante una prden presidencial secreta se "autorizó", sin orden judicial de la corte designada, que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) espiara a miles de ciudadanos y extranjeros en EU, en pos de "evidencia de actividad terrorista" (NYT 16/12/2005) por lo que ni las ejecuciones con drones ni el "no me disculparé" que siguió al endoso de Obama al espionaje a la Ap, son asunto menor. Su ADN les vincula a Watergate por espionaje político, al Informe Church por asesinatos y abusos contra personas extranjeras y al estado de excepción que siguió al 11/9: Ley Patriota, Comisiones Militares, Ley Marcial y enmiendas a la Ley Federal de Vigilancia de Inteligencia Exterior.
Con un "liderazgo intelectual y moral" vapuleado por la crisis y 12 años de atrocidades y violaciones al derecho penal internacional y constitucional, lo que surge del mensaje del pasado 23 de mayo es la continuidad en materia de política exterior y de seguridad: Obama asume que el territorio de EU es parte del campo de batalla, por lo que el Ejecutivo ejerce funciones legislativas y judiciales si así lo demandan las condiciones y urgencias de "seguridad nacional" al "comandante". En su discurso Obama planteó, de manera velada, una ampliación de los "blancos" para los drones. La presidencia expande así el espacio para seguir en funciones de "juez", "jurado", verdugo y hasta actúa en calidad de forense y sepultero como se vio en la ejecución y disposición del cuerpo de Bin Laden, transmitida en directo a un "bunker" de la Casa Blanca y de ahí al mundo. Ya el ejecutivo cuenta con su propia "corte" (Comisiones Militares) y un sistema de prisiones entre ellas Guantánamo, fuera del alcance de las cortes federales.
En 2002 una fuente anónima del Pentágono informó que altos cargos habían puesto en marcha mecanismos y procesos de "seguridad nacional" que incidían de manera profunda y negativa sobre la base constitucional de los derechos civiles y los equilibrios civil-militares en EU. Se trataba de un dispositivo burocrático entre cuyas funciones destacan, según detalló Helen Thomas, entonces de la cadena Hearst, la diseminación de información falsa en ultramar, "creando historias ficticias encaminadas a desinformar a terroristas", con las que se "alimentaría a la prensa internacional", la búsqueda de formas "para ejercer coerción sobre periodistas extranjeros y formadores de opinión pública" y la elaboración de esquemas para "castigar a aquellos que están difundiendo el mensaje equivocado"(La Jornada 7/3/2002).
EEM
