Del Dicho al Hecho
No es la revocación de mandato. Es la hegemonía
Por Morelos Canseco Gómez | Revista Siempre
Obnubilado por el efecto de una deficiente traducción de la votación popular en las curules y los escaños de las cámaras de diputados y de senadores, nuestro Poder Legislativo pretende avanzar hacia la modificación de la Constitución para introducir la revocación del mandato presidencial entre las novedades de la transformación del sistema político. Parece ser la culminación de la aspiración por establecer una vuelta al pasado: la hegemonía en el ejercicio del poder en una sociedad eminentemente plural.
México ya estuvo ahí y tocó fondo. La solución fue la apertura democrática y la reforma política de 1977 que inició un ciclo de cambios que tomaron prácticamente dos décadas.
En efecto, el sistema electoral y una determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación que se apartó del principio constitucional de reflejar la integración de la Cámara de Diputados con una distorsión no mayor al 8% entre el voto popular y el número de curules, ha generado una sobre-representación de la fuerza mayoritaria. Es realidad que se manifiesta en la ausencia de voluntad para construir acuerdos reales en esa Cámara para la modificación del orden jurídico, particularmente el constitucional.
Se dirá que la mayoría es para ejercerse y que, si la propuesta para la Nación recibió el respaldo popular, no pueden ser rehén de la minoría. Sin embargo, esa postura ha aceptado el matiz, en la convivencia democrática entre opciones diversas, de buscar entendimientos y acuerdos en los asuntos que atañen a las reglas de acceso y permanencia en el ejercicio del poder público. Tratándose de esas normas, la legitimidad no se ha asentado en la mayoría necesaria, sino en el más amplio acuerdo de las fuerzas políticas con representación no sólo formal, sino incluso social, cuando no contaban con canales de expresión en los órganos del Estado, como ocurrió en 1977 con el Partido Comunista Mexicano, entonces sin reconocimiento legal.
En las propuestas para la revocación de mandato, con su esencia de figura de la democracia participativa sobre la permanencia en el poder de quien fue electo para desempeñar un cargo, una de las grandes ausencias es la construcción del acuerdo. Sólo está presente la voluntad de la fuerza mayoritaria oficial y de su máximo dirigente: el presidente López Obrador y su vocación por hacer campaña política de manera permanente.
Se aspira a incorporar en la Ley Fundamental una institución al servicio de la construcción de la hegemonía política del nuevo régimen y el debilitamiento crónico de cualquier otra opción en el sistema de partidos. Es un diseño que se articula como propuesta para el momento de la popularidad presente del Ejecutivo Federal, bajo el razonamiento de ampliar derechos políticos en un espectro controlado de conformación de una base electoral sustentada en el otorgamiento de subsidios en efectivo disfrazados de programas sociales.
Es la transformación de la necesidad en decenas de millones que reciben y recibirán -directamente del Gobierno Federal- dinero en efectivo. Son los contingentes para regresar a las urnas con los candidatos del partido oficial, que además en el Poder Legislativo son reelegibles.
Si la revocación de mandato atiende en su esencia al problema del deterioro de la legitimidad para ejercer el cargo de quien fue electo, al grado de plantearse una nueva consulta al pueblo sobre su permanencia, ¿qué caso tiene que una administración sin cuestionamientos en la materia impulse su adopción? Si la figura la demanda la minoría opositora el sentido es claro: sométase el mandatario a un nuevo veredicto ciudadano.
Si el gobierno en turno no presenta déficit de legitimidad -ya no de origen, sino de desempeño-, ¿cuál es el interés por promover la figura? o, sobre todo, ¿por qué pretender arreglar algo que no está descompuesto?
Alejémonos de las expresiones públicas sobre la convicción democrática, la sujeción a la evaluación del pueblo y la promesa de campaña de llevar a la decisión del electorado si continuar o no. Es retórica entendible pero falsa, que debemos contrastar con las intenciones políticas reales, mismas que no deben distraerse con el histrionismo del “compromiso” de cumplir con la norma de la no reelección absoluta del Ejecutivo Federal.
Varios elementos saltan a la vista de la propuesta oficial: el momento de mayor aprobación pública del presidente de la República; el momento de mayor debilidad del sistema de partidos y, sobre todo, de las opciones de oposición; el dominio del aparato público de producción y generación de propaganda del nuevo régimen, y la limitación de la alternativa que presenta la figura -revocar o ratificar- para el elector.
¿A quién sirve la revocación de mandato? No al ciudadano. Sirve a quien la impulsa desde la presidencia de la República para pavimentar el tránsito a los comicios de 2021. La propuesta hace coincidir la votación sobre ratificar o revocar, con los comicios para renovar la Cámara de Diputados y las elecciones locales en la mayoría de las entidades federativas, varias con la renovación del Ejecutivo local. En síntesis, que Andrés Manuel López Obrador esté en la boleta electoral en los comicios de ese año.
Dos agravantes de la propuesta: a) no es instrumento exclusivo de la ciudadanía (3% de la lista nominal de electores o poco más de 2.6 millones de ciudadanos) o de la minoría opositora (bastarían 33% de los diputados o senadores de cualquier afiliación política se), e incluso el Ejecutivo Federal puede solicitarla, y b) en los tres casos se requiere que la convocatoria se apruebe por mayoría en cada Cámara. El Ejecutivo dispone y su mayoría actúa.
Lo dicho, se plantea la revocación de mandato como herramienta para su uso por el poder; el Ejecutivo y su mayoría deciden y no la ciudadanía o la minoría de oposición.
Pero lo peor es el inmediatismo de esta ola reformista de la llamada cuarta transformación. Las modificaciones a las reglas de acceso y permanencia en el poder público deben verse en el largo plazo y a la luz de los efectos que producen en el fin de una elección democrática: ¿se garantiza o se mina la viabilidad de la gestión del gobierno electo?
El diseño de las normas para acceder al cargo, su duración y su renovación periódica, y el sistema de responsabilidades que define si se continúa o no, implica definir ciertas condiciones de estabilidad sin competencia electoral para favorecer el gobierno y que se alcancen los resultados esperados.
¿De verdad queremos prolongar el ciclo electoral o que haya mandato y gobierno? Al nuevo régimen no le basta el mandato, quiere la hegemonía.
Jamileth
