Entre la Espada y la Pared
De Lula a Alan García: los tentáculos del escándalo Odebrecht
Joan Royo Gual | El Mundo
Cuando hace justo cinco años, gracias a la Operación Lava Jato, los brasileños empezaban a enterarse del monumental escándalo de corrupción que se había instalado dentro de la estatal Petrobras pocos intuían que lo peor estaba por llegar. Una de las contratistas de la petrolera, la brasileña Odebrecht, fundada por un descendiente de inmigrantes alemanes y convertida en un gigante dedicado a la construcción, ingeniería, negocios inmobiliarios y de transporte, había manejado durante años un enorme sistema para sobornar a políticos a cambio de contratos millonarios.
'Departamento de Operaciones Estructuradas': así se llamaba el área de la empresa dedicada exclusivamente al pago de sobornos, que consumían casi el 20% de los beneficios del grupo. Según confesó el responsable del departamento, Hilberto Mascarenhas, entre 2006 y 2014 se movieron unos 3,400 millones de dólares, entre sobornos directos y financiación irregular de campañas, indistintamente para partidos de izquierda o de derecha.
Marcelo Odebrecht, hijo del magnate fundador, Emilio Odebrecht y conocido como El Príncipe, fue detenido y condenado a 19 años de cárcel. Ahora cumple su condena en prisión domiciliar, gracias a los beneficios obtenidos por las confesiones que han permitido ir tirando del hilo.
El Departamento de Justicia de EU dio la magnitud del escándalo cuando confirmó que Odebrecht pagó sobornos para hacerse con más de 100 proyectos en al menos 12 países: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, Mozambique y Angola. Explotó así el que seguramente sea el mayor escándalo de corrupción del historia reciente de Latinoamérica, que en los últimos años sacudió como un terremoto la escena política de estos países, sobre todo en Brasil, Perú y Ecuador.
En la patria de la empresa, el ex presidente Lula da Silva, en la cárcel desde hace un año, sumó una nueva condena en febrero, de 12 años y 11 meses, después de que la Justicia considerase que Odebrecht pagó reformas en una casa de campo frecuentada por Lula y su familia. Las relaciones del líder de la izquierda con la joya de la corona de las grandes compañías brasileñas siempre fueron muy estrechas. Según las investigaciones, durante los años de bonanza, Lula aprovechó su popularidad para facilitar que Odebrecht se hiciera con contratos en otros países, siendo una pieza clave en su proceso de internacionalización. Odebrecht también habría regado con dinero sucio la campaña electoral conjunta de Dilma Rousseff y Michel Temer en 2014. El destape de las cloacas de la corrupción generó una grave crisis interna en Brasil, desacreditó a toda la clase política y generó el caldo de cultivo propicio para el surgimiento de Bolsonaro como fenómeno populista.
Los tentáculos se extendieron por toda la región rápidamente. Perú se lleva la palma, con cuatro ex presidentes y la líder opositora Keiko Fujimori manchados por la trama. En Ecuador, el número dos de Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas, fue condenado a seis años de cárcel; en Argentina directivos de Odebrecht confesaron haber pagado 35 millones de dólares en sobornos para acceder a contratos de obra pública durante el kircherismo, y en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos vieron a algunos de sus colaboradores arrollados en el caso, a pesar de quienes critican los lentos avances de la Fiscalía.
Pese al tamaño de la mancha de aceite, en dos países no ha habido grandes consecuencias penales: México y Venezuela. En México la Fiscalía de momento no se atrevió a ir hasta el fondo de unas investigaciones que podrían implicar gravemente al ex presidente Enrique Peña Nieto, y en Venezuela, la ruptura institucional hace que cualquier avance judicial sea imposible mientras Maduro siga en el poder. En agosto del año pasado, el Tribunal Supremo en el exilio celebró un juicio en Colombia en que condenó a Maduro a 18 años de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero.
Tras el estallido del escándalo, Odebrecht prometió colaborar con la Justicia y depurar responsabilidades, pero fue vetada de las licitaciones de varios países (aunque las limitaciones ya empiezan a aflojar) y Perú insiste en que debe abandonar su territorio.
Jamileth
