Del Dicho al Hecho
La cuarta transformación, coarta la investigación
Por René Anaya | Revista Siempre
Además del proyecto de Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, pendiente de aprobación por el Senado, el Presidente de la República firmó el 3 de mayo un Memorándum que restringe aún más los gastos de los miembros de la Administración Pública.
Si bien es cierto que en anteriores administraciones hubo derroche en el ejercicio del gasto público, también es cierto que la mayoría de los servidores públicos se ha desempeñado con honestidad, por lo que no debería generalizarse en las medidas de austeridad, sino adecuarlas a cada sector específico, como el de los investigadores.
Austeridad y normatividad
En el memorándum del 3 de mayo, el presidente López Obrador generaliza y enjuicia: “es inaceptable que los servidores públicos se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, o que el gobierno realice gastos excesivos u onerosos en su operación”. Resulta que no todos los servidores públicos han gozado de esos beneficios, muchísimos perciben sueldos bajos y no tienen más prestaciones que las que marca la ley.
Los nuevos funcionarios han prejuzgado que todos los servidores públicos son corruptos, por eso desconfían de ellos, aunque sean quienes permiten el buen funcionamiento de oficinas, equipos y maquinaria porque saben cómo hacerlo y porque conocen las normatividades de la operación.
Además de ese gran sector de empleados públicos, está otro que será afectado directamente en su funcionamiento, si se ponen en práctica las medidas de austeridad que establece el memorándum del 3 de mayo. Se trata del personal que trabaja en los centros públicos de investigación, los institutos nacionales de salud, el Instituto Politécnico Nacional, los institutos tecnológicos, El Colegio de México y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, entre otros.
“Todos ellos forman parte del gobierno federal y contribuyen de manera fundamental, junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como cabeza de sector, a la generación y divulgación del conocimiento científico y la formación de recursos humanos de alto nivel en beneficio de la sociedad mexicana”, refiere el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) en un comunicado dirigido al Presidente de la República y al Senado.
Los recortes en materiales y útiles de impresión y reproducción, combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos, pasajes para vuelos nacionales e internacionales, viáticos, estudios e investigaciones, exposiciones, congresos y convenciones, entre muchos otros, afectarán el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la preparación de estudiantes e investigadores.
Investigación sin inversión
Desde tiempos de De la Madrid se pedía hacer más con menos, ahora también se pide investigar sin invertir, pues se requieren computadoras, software, artículos científicos publicados en otros países, “contratación de servicios especializados para la operación y mantenimiento de las instalaciones y aparatos”, como señala el FCCyT en su documento, y todo eso será restringido.
Además, se advierte que entre las investigaciones que se afectarán están las relacionadas con la salud y el combate a las adicciones, los estudios de riesgos geológicos, sísmicos y meteorológicos, el cambio climático, la alimentación, el agua, la agricultura, el cómputo, las telecomunicaciones, la aeronáutica y muchas otras más.
Con estas consideraciones, entre las más importantes, el FCCyT solicitó establecer un régimen jurídico adecuado para quienes “laboran en la Administración Pública Federal y que desempeñan funciones propias al quehacer científico, a la generación de conocimiento y sus aplicaciones, así como a la formación de recursos humanos especializados que requiere el país”.
Por su parte, las comunidades de los centros públicos de investigación del Conacyt, en una carta dirigida al Presidente, al Secretario de Hacienda y a la Directora General del Conacyt solicitan eximir de los recortes presupuestales establecidos en el memorándum a los centros públicos de investigación y a las dependencias del gobierno federal “que en su Decreto de Creación tengan establecido como sus actividades sustantivas el desarrollo científico, tecnológico y formación de recursos humanos”.
Asimismo, solicitan “crear programas y definir una normativa que establezca el marco jurídico propicio para desarrollar nuestras actividades. Una normativa adecuada que impulse el desarrollo científico y consolide el desarrollo tecnológico para beneficiar a cada uno de los mexicanos”.
En esas respetuosas solicitudes evitaron señalar lo difícil, sino imposible, que resultaría que el Titular del Ejecutivo Federal —como lo establece el memorándum— autorizara todas las solicitudes de los investigadores para viajar al extranjero, en especial los de los Colegios de la Frontera, que diariamente pasan de nuestro país al vecino por sus estudios transfronterizos.
Estas y otras disposiciones demuestran que el memorándum no se elaboró con el análisis previo que deben tener todas las medidas gubernamentales que beneficien el funcionamiento de la administración.
Jamileth
