Incapacidad e Incompetencia
Caso Ayotzinapa, volver a empezar
Por Manuel Nava | Revista Siempre
Desde casi cinco años en que desaparecieron los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Iguala, se marcaron diferentes trayectorias. La primera de ellas y casi la inmediata fue la politización de lo ocurrido responsabilizando al Estado y al Ejército por lo ocurrido.
Las autoridades gubernamentales pretendieron mantener el enfoque judicial del tema pero comenzaron a evidenciarse una serie de anomalías y omisiones restando credibilidad al proceso de investigación y acentuando su politización.
En un caso ha generado indignación, reclamos, críticas hacia las autoridades, detenciones, tropiezos de funcionarios e incluso crisis al interior de algunos partidos políticos.
Dramáticamente se regresa al principio, ha sido insuficiente la voluntad de hacer visible y público tanto el acontecimiento de la desaparición, como el proceso que ha seguido la investigación judicial.
Luego de una reunión efectuada el 18 de septiembre, entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y Alejandro Gertz Manero fiscal General de la República, se llegó a tres compromisos:
El primer es reconstruir todas las investigaciones, iniciar casi de cero, casi de inicio las investigaciones, y obviamente iniciar investigaciones por las irregularidades que se cometieron.
El segundo es que Alejandro Gertz Manero mantendrá una comunicación directa y sin interferencias con el fiscal especial –para el caso Ayotzinapa–.
Y tercero, al inicio del mes de diciembre habrá una nueva reunión para hacer un balance de lo avanzado en las investigaciones y en la búsqueda de mecanismo para evitar que se sigan liberando a las personas, así como ejercer acción penal con los que ya salieron y abrir la investigación interna.
De los 142 detenidos tras las indagatorias del caso, van 74 liberados, pero algunos fueron ubicados en su momento como personajes clave para el esclarecimiento de los hechos.
Se inicia liberación de implicados
El 4 de junio del 2018 los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, establecieron que la investigación no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas por lo cual se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
El 13 de junio del 2018, se dictó auto de libertad a favor de cuatro implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ellos fueron Marco Antonio Ríos, El Cuasi; Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro; Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, y Honorio Antúnez, El Patachín ex policía municipal de Iguala.
Los cuatro estaban acusados por secuestro y delincuencia organizada, y el único que salió libre fue El Tongo, porque ya no tiene ninguna causa penal en su contra. El Tongo confesó al Ministerio Público ser «halcón» o vigía de Guerreros Unidos.
Según la causa penal número 100/2014, antes de que la PGR atrajera el asunto, los cuatro fueron los primeros detenidos por la fiscalía guerrerense en el caso de la desaparición de los normalistas.
El juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, dejó insubsistentes –que no tienen fundamento– las declaraciones preparatorias de los cuatro imputados a quienes las procuradurías de Guerrero y la General de la República han identificado como integrantes de Guerreros Unidos, debido a la existencia de indicios de que fueron recabadas ilícitamente mediante tortura.
Macedo y Berber confesaron en sus declaraciones haber asesinado y trasladado a 17 de los normalistas a Pueblo Viejo, para tirarlos en fosas clandestinas. Incluso, señalaron a las autoridades de varias fosas donde enterraban a sus víctimas.
Antúnez dijo en su testimonio que un oficial de barandilla de Iguala fue quien entregó a los 43 normalistas a sicarios de Guerreros Unidos, agentes de Protección Civil y del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal, para luego desaparecerlos.
Sin embargo, el juzgado precisó que el auto de libertad bajo las reservas de ley no significa que los hechos consignados por el Ministerio Público no existieron ni que los liberados no participaron en su comisión, por lo que no implica una exoneración ni libertad absoluta.
El 21 de octubre, la juez Martha Georgina Comte Villalobos emitió el resolutivo dictando la libertad de Erick Sandoval Rodríguez, La Rana, señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas al no existir pruebas de su responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
Un mes antes un mes, un juez de Matamoros, Tamaulipas, le había dictado la libertad bajo reservas de ley en el proceso, al no acreditar que existe la organización criminal de Guerreros Unidos, con la cual se le relaciona.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, había solicitado su liberación, pues al momento de ser detenido, Sandoval Rodríguez aseguraba que estaba siendo confundido con una persona del mismo nombre y apodo.
El 19 de noviembre del 2018, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, determinó la liberación de cuatro implicados clave en el caso por falta de pruebas.
Se trató de Agustín García Reyes, El Cheje o Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato; y Salvador Reza Jacobo, Lucas o El Wereke, quienes fueron detenidos el 7 de noviembre de 2014, según anunció el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Se les señaló como miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos y, al rendir su declaración, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo que les entregó los policías municipales de Iguala y Cocula.
Tras la detención, Murillo Karam presentó la llamada “verdad histórica”, que aseguraba que los jóvenes estudiantes fueron asesinados, y sus restos calcinados y tirados a un río.
El imputado clave liberado más en fechas más recientes es Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los presuntos líderes de Guerreros Unidos y se benefició de cuatro amparos otorgados en junio del año pasado por el Primer Tribunal Colegiado en Reynosa, Tamaulipas, a inculpados en el caso, los cuales alegaron que fueron torturados, por lo que sus declaraciones quedaron invalidadas.
Horas más tarde, en Cuernavaca Morelos, Gabriel León Villa El Gaby, quien encabezaba la agrupación criminal Gente Nueva, que opera en el estado de Morelos, Guerrero y Ciudad de México, fue asesinado.
El Gaby fue detenido en la ciudad de Iguala en el año 2016 por el caso Iguala, en ese entonces era jefe de plaza, tras haber suplido a Gildardo López Astudillo (a) El Gil o Cabo Gil.
Aún permanecen en prisión dos imputados clave en el caso pero existen indicios de que lo estarán por mucho tiempo. José Luis Abarca ex alcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa están presos sólo por una causa penal, cuyas declaraciones de testigos fueron canceladas por haber sido obtenidas mediante tortura.
Aunque se les señala como presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ellos gobernaban la ciudad de Iguala en el momento en que ocurrieron los hechos que culminaron la desaparición de los 43 normalistas, en los próximos días se presentarán los incidentes de libertad para que José Luis Abarca y Pineda Villa puedan recuperar su libertad.
regina
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