Estados Unidos marca a México sus prioridades de combate al narcotráfico

Luis Pablo Beauregard y Pablo Ferri | El País

México.- Entre los nueve fugitivos más buscados por la agencia antidrogas de Estados Unidos hay cuatro mexicanos. La lista de la DEA refleja la transformación que ha tenido el mapa de las organizaciones criminales en México en los últimos años. Incluye a Ismael El Mayo Zambada, líder del cartel de Sinaloa; a otro veterano líder de la organización, Rafael Caro Quintero; y a Jesús Alfredo, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien es considerado el heredero y principal operador de su padre, sentenciado a perpetuidad. El cuarto hombre se ha convertido en el enemigo número uno del Gobierno de México y, a juzgar por el gran operativo del miércoles hecho por agentes de la DEA, con más de 200 detenidos, también Washington lo ha colocado en el centro de su diana. Su nombre es Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La organización nació en 2011 y es la última de las seis grandes transnacionales de la droga en ser creada (Sinaloa, Beltrán Leyva, Juárez, Golfo y Los Zetas). Desde entonces ha crecido rápidamente en poder de fuego e influencia. Hace un par de años, la inteligencia estadounidense calculaba que el grupo de El Mencho tenía presencia en 23 de los 32 Estados de México, un 75% del territorio. Esa cobertura se ha extendido. “Ahora claramente hay dos organizaciones, el CJNG, que tiene presencia en 31 estados y el Cartel de Sinaloa, con presencia en 23. Además de haber superado a Sinaloa, el CJNG es muy diversificado. Ahora es el cartel más potente, con mayor capacidad logística para mover droga a EE UU”, asegura Eduardo Guerrero, consultor en seguridad pública.

Washington reconoce que el CJNG se ha convertido velozmente en el segundo actor más importante en el tráfico de cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo en su territorio, solo por detrás del grupo criminal de El Mayo Zambada. La clave de la expansión internacional es el control de centros de distribución en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, adonde arriban las sustancias cruzadas por ciudades fronterizas como Tijuana (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua) y Nuevo Laredo (Tamaulipas), repartidas a lo largo de los más de 3,000 kilómetros de frontera común.

“Esto es más un interés de Estados Unidos que de México. Está marcando una agenda, como en todo, al igual que en el tema de migración. Aquí estaremos reaccionando a una influencia externa”, considera Eunice Rendón, experta en seguridad y quien hasta julio pasado formó parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública de López Obrador. Washington ha dejado claro que ha ejercido una fuerte presión sobre el CJNG. Está por verse si el Gobierno de México responde sobre el terreno.

Se pudo tener una idea de la penetración del cartel en Estados Unidos después del operativo realizado por la DEA esta semana, donde se desveló que la agencia ha detenido a 700 miembros de la organización en los últimos seis meses tan solo en territorio estadounidense. “Es un cartel enorme, con un montón de ramificaciones en EE UU. Y cuando los americanos dan golpes los dan así, masivos, a toda la estructura logística y financiera. Es un golpe contundente, serio, bien trabajado, como suelen hacerlo. Es la manera como hay que debilitarlos, no agarrando a uno una semana y dos la siguiente”, considera Guerrero.

La clave para el veloz crecimiento del cartel es su disposición “a confrontarse violentamente con las fuerzas del Gobierno mexicano y con organizaciones rivales”, de acuerdo a un informe interno de la DEA fechado en diciembre de 2019. El CJNG ha utilizado la fuerza para hacerse del control de los principales puertos en el Pacífico mexicano, adonde llegan insumos y precursores desde Asia. Ha atentado en contra de exfuncionarios y asesinado a secretarios de gobiernos locales, sobre todo en su principal bastión, el Estado de Jalisco, la cuarta entidad más poblada del país. También ha sobornado y penetrado administraciones regionales, lo que ha llevado al Ejército y al Gobierno federal a desarmar a cerca de un millar de policías bajo sospecha de trabajar para El Mencho. Oseguera Cervantes, incluso, fue detenido en 2012 en Jalisco, pero las autoridades estatales decidieron liberarlo.

El poder corruptor del narcotráfico suele mantenerse a niveles locales, donde se asegura el control territorial. Este cartel, sin embargo, también ha tocado las esferas federales. La Fiscalía detuvo en noviembre de 2019 a Isidro Avelar, un juez federal con más de 20 años en la judicatura. Las autoridades mexicanas hallaron en sus cuentas bancarias 50 millones de pesos, 2.2 millones de dólares. 12 millones de pesos, más de medio millón de dólares, le fueron ingresados en 2011. Cuatro años después, el magistrado liberó, inexplicablemente según el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo del líder del CJNG.

El Menchito fue recapturado en 2015 por el Ejército y la Marina. En febrero de este año, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo entregó a la justicia de Estados Unidos tras un larguísimo juicio de extradición en el que el hijo del narcotraficante hizo todo lo posible por quedarse en México. La política de extradición es para el Ejecutivo mexicano la principal herramienta de combate a las cúpulas del crimen organizado. El Menchito es el segundo hijo de Oseguera Cervantes que aguarda un proceso en Estados Unidos. Jessica Johana Oseguera González fue detenida en febrero por autoridades estadounidenses. Ese mismo mes, México envió a otros dos operadores de la organización a los estados de Virginia y California para ser juzgados.

Jamileth

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