Derechos Humanos
Oficina ONU denuncia violaciones de derechos en Filipinas
GINEBRA (AP) — La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas pidió el jueves en un informe que el gobierno filipino ponga fin a toda la violencia contra los sospechosos de delitos de drogas y disuelva los grupos paramilitares privados y respaldados por el estado.
La oficina de derechos detalló sus viejas preocupaciones sobre la violencia respaldada por el estado o de civiles que se toman la justicia por su mano durante la presidencia de Rodrigo Duterte. El mandatario ha recibido críticas a nivel nacional e internacional por su campaña contra delincuentes y consumidores de drogas.
“Un enfoque agresivo en la lucha contra amenazas de seguridad nacional y las drogas ilegales ha tenido como resultado graves violaciones de derechos humanos en Filipinas, incluidos homicidios y detenciones ilegales, así como la demonización de la disidencia”, indicó un resumen del informe.
Muchas de las preocupaciones sobre derechos humanos, señaló el reporte, “se han agravado en los últimos años”.
El documento, solicitado por el Consejo de Derechos Humanos, respaldado por la ONU, se basa en casi 900 informes, así como aportaciones del gobierno, registros policiales y judiciales y entrevistas con víctimas y testigos.
Las cifras oficiales, señaló, han documentado más de 8.663 muertos desde que comenzó la campaña antidroga del gobierno hace cuatro años, “con algunas estimaciones elevando la cifra real a más del triple de ese número”. La Policía Nacional de Filipinas dio una cifra de más de 5,600 muertos en lo que las autoridades describen como la “guerra contra la droga”.
El reporte también recogió asesinatos y amenazas a defensores de los derechos humanos, en un país conocido por su activa sociedad civil, y señaló a la persecución de periodistas.
“Por desgracia, el informe ha documentado una arraigada impunidad para las violaciones graves de los derechos humanos, y las víctimas se han visto privadas de justicia por los asesinatos de sus seres queridos”, dijo la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
“La gente que consume o vende drogas no pierde sus derechos humanos”, afirmó.
Ni Duterte ni la policía filipina hicieron comentarios en un primer momento. Pero en el pasado han afirmado que no hay una política del estado que autorice las ejecuciones extrajudiciales en la campaña. Sin embargo, el presidente, conocido por su agresiva retórica, ha amenazado de muerte varias veces a los traficantes de drogas y presentado una lista de sospechosos, incluidos algunos políticos, que más tarde murieron en ataques aún sin resolver.
Duterte también amenazó a investigadores independientes que estudiaban los homicidios y les prohibió la entrada a Filipinas.
Antes de la publicación del informe, la delegación diplomática filipina envió una carta del embajador Evan Garcia a periodistas en Ginebra, indicando que su gobierno “siempre ha mantenido una estrategia positiva para responder a las afirmaciones y acusaciones e investigar las alegaciones sobre violaciones de derechos, basándose en los hechos”.
La misiva incluía un reporte del gobierno sobre derechos humanos en Filipinas, realizado en mayo. Señaló que el apoyo a Duterte y su gobierno era “inconsistente con la imagen de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos y de persecución contra la sociedad civil que se muestra de Filipinas en la comunidad internacional”.
Sin embargo, un sondeo independiente mostró que el 76% de los filipinos afirmaron que había muchos abusos de derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, en la campaña antidroga. Además, el 73% dijo que el número de consumidores de drogas había caído desde que Duterte asumió el cargo a mediados de 2016.
Las Social Weather Stations encuestaron a 1,200 personas entre el 13 y el 16 de diciembre en un sondeo nacional que tenía un margen de error de 3 puntos porcentuales.
Jamileth
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