El Gobierno de López Obrador apunta a la reforma energética de Peña Nieto con Lozoya como testigo

Isabella Cota | El País

México.- Extraditado hace una semana, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, regresó a México por una orden de aprehensión girada por autoridades mexicanas que lo investigan por recibir presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Desde su llegada al país, y aún sin presentarse ante un juez, el exdirectivo petrolero permanece en silencio. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado por él y ha asegurado que su testimonio revelará una trama de corrupción que salpica a varios legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con estas declaraciones, que de momento el país solo ha oído de boca del mandatario, la Administración de Morena se enfoca en un objetivo mucho más grande: derribar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

La Administración de Peña Nieto aprobó, en su primer año en el poder, una amplia reforma constitucional que permitió a las empresas privadas, extranjeras o nacionales, producir y ofrecer energía en México. Desde la exploración de petróleo hasta la venta de gasolinas, la reforma energética prometía atraer hasta 200,000 millones de dólares en inversión directa al país. Esta norma, sin embargo, no podía aprobarse en el Congreso sin el apoyo de buena parte de los partidos de oposición. El Pacto por México, un acuerdo para que el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyara la agenda legislativa del Gobierno del PRI, fue clave del arranque del sexenio de Peña.

Siete años después, empresas transnacionales como Royal Dutch Shell, BP y Exxon Mobil, entre otras, están ejecutando sus contratos en México, los cuales ganaron a través de licitaciones abiertas. El presidente López Obrador ha dicho que la “mal llamada reforma energética” ya fracasó y es un problema heredado. Ha acusado a compañías del sector de abusar del gobierno con contratos negociados con conflictos de interés. El Gobierno de Morena ha cancelado algunas inversiones privadas concretadas durante el mandato de Peña Nieto, entre ellas la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México y una planta cervecera en Baja California.

Este viernes, López Obrador ha afirmado que las revelaciones del exdirectivo de Pemex arrojarán luz sobre aquellas negociaciones. “Ahora, el señor Lozoya está dando a conocer que hubo estos sobornos y se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos. Sería muy importante terminar de saber cuánto y a quiénes. Una cosa son los 10,5 millones de dólares [que Lozoya recibió de Odebrecht] y otra es el asunto del manejo ilegal de lo que se utilizó para comprar y sobornar a legisladores y que se aprobara la reforma energética. Sin duda se usó dinero con ese propósito”, ha afirmado el mandatario desde Oaxaca.

Las delaciones de Lozoya involucran, según una filtración publicada este viernes, a un grupo de legisladores del PAN cercano al expresidente Felipe Calderón, con 52 millones de pesos (casi cuatro millones de dólares) en sobornos. Entre los nombres que Lozoya menciona en una carta para acceder a beneficios en su proceso se cita al excoordinador del grupo parlamentario y exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y los entonces senadores Francisco Domínguez, hoy gobernador de Querétaro, y Francisco García Cabeza de Vaca, hoy mandatario local en Tamaulipas. También es mencionado el candidato presidencial del PAN en 2018, Ricardo Anaya, quien era diputado en la aprobación de la reforma.

De acuerdo con filtraciones, Lozoya tiene grabaciones para respaldar sus dichos. “Por eso es muy importante el que la fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido, porque esa información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México, de purificar la vida pública,” dijo López Obrador.

Si el gobierno mexicano quisiera cancelar los contratos firmados a partir de la reforma energética, argumentando que esta fue aprobada por legisladores a cambio de sobornos, el camino de litigio y arbitraje internacional sería largo y costoso, coinciden algunos expertos. A esto se le conoce como la doctrina de “manos limpias”, que ha sido utilizada en tribunales de arbitraje internacional en los últimos años con diferentes resultados.

“No conozco ningún caso en que un estado latinoamericano haya utilizado esa defensa y les hayan dado la razón”, dice Andrés Cervantes, abogado especializado en derecho de inversiones, arbitraje y litigios complejos y profesor de derecho constitucional en Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. “Casos en los que no les han dado la razón por la cuestión de la corrupción, sí conozco. Y esto es porque la corrupción es bastante difícil de probar”.

La figura de testigo protegido, como llamó López Obrador a Lozoya, es muy utilizada en los Estados Unidos, y en América Latina ha tomado fuerza a partir, precisamente, del escándalo de Odebrecht, el cual alcanzó a varios países de la región y ha llevado al encarcelamiento, incluso, de algunos expresidentes. Pero el hecho de que el testigo mismo sea investigado por corrupción puede restarle credibilidad a su evidencia. Esto depende del tribunal al que le toque emitir una decisión o un fallo. A diferencia de las Cortes de justicia, los tribunales de arbitraje se conforman para cada caso. Es decir, son, de cierta manera, temporales.

“El Gobierno tiene que actuar con extremo apego a derecho desde el punto de vista que hay procesos administrativos y judiciales mexicanos de los que las empresas se pueden valer ante cualquier violación”, dice David Enríquez, abogado especializado en ley energética de la firma Goodrich Riquelme y Asociados en la Ciudad de México. Todos los contratos firmados bajo la reforma tienen mecanismos de protección de inversiones a través de tratados entre los países de origen de las empresas extranjeras y México, explica.

“Todo eso es justiciable ante, entre otros órganos, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial en Washington. Entonces, si las cosas no se hacen correctamente, habrá gente que recurra a mecanismos de protección de inversión auspiciados bajo el Ciadi y con contenidos de distintos tratados de protección de inversión”, dice Enríquez.

Jamileth

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