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Así va caso de los 43 estudiantes desaparecidos
Por MARÍA VERZA
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El 26 de septiembre de 2014 no sólo fueron asesinadas seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de magisterio del sureño estado de Guerrero, sino que “cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por los diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales”, sostuvo el fiscal general Alejandro Gertz Manero el sábado.
A seis años de una de las violaciones de derechos humanos más graves de la historia reciente de México, aún se desconoce qué pasó con los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, si bien las actuales autoridades consideran probado que hubo un “encubrimiento generalizado” y oficial de las desapariciones y hay algunos avances —como que se haya ordenado la captura de personajes que, hasta ahora, parecían intocables: militares, policías federales y altos funcionarios.
¿QUÉ HECHOS ESTÁN PROBADOS?
Un grupo de estudiantes llegó a Iguala para ’“confiscar” temporalmente autobuses para dirigirse a una marcha, pero fueron atacados por policías de Iguala y de otras corporaciones de seguridad cuya cantidad no está clara. El centro de inteligencia de la ciudad (C4), donde operan autoridades estatales, federales y el ejército, monitoreó los hechos en tiempo real aunque los videos cruciales de esa noche han desaparecido.
Aparentemente, los jóvenes fueron entregados a miembros de un cártel local, Guerreros Unidos, que los desaparecieron. Esa noche hubo bloqueos y enfrentamientos entre individuos armados en diversas carreteras de la zona.
Lo que pasó después sigue sin estar claro.
¿QUÉ QUEDA DE LA “VERDAD HISTÓRICA”?
Prácticamente nada.
El punto clave de la versión oficial del gobierno anterior, calificada por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”, era que los 43 estudiantes fueron incinerados en una hondonada que era el basurero de Cocula, una localidad cercana a Iguala. Después, según esa hipótesis, los criminales arrojaron sus cenizas a un río cercano donde poco después fue localizada una de esas bolsas.
Expertos independientes y peritos internacionales ya señalaron hace cuatro años que no había pruebas para corroborar tal versión. La supuesta incineración masiva sólo estuvo avalada por declaraciones de presuntos culpables que, según se comprobó posteriormente, habían sido torturados.
Los peritos internacionales confirmaron que en el basurero había restos humanos imposibles de identificar y rastros de incendios de distintos momentos dado que ese lugar era usado por el crimen organizado para deshacerse de sus víctimas.
Un hueso hallado en el río cercano sí fue identificado como el de uno de los estudiantes, Alexander Mora, pero nunca se pudo determinar cómo llegó hasta ahí. Ahora, la fiscalía asegura que su hallazgo fue “un montaje”.
Antes de que concluyera el gobierno pasado, la verdad histórica fue levemente reformulada para afirmar que en el basurero solo fue incinerado un grupo de estudiantes y no todos.
El reciente hallazgo en un lugar distinto del basurero, aunque sea dentro del mismo municipio, de un resto identificado en julio como el de otro estudiante, Christian Alfonso Rodríguez, confirmó que “la verdad histórica se acabó”, subrayó entonces el actual fiscal para el caso, Omar Gómez Trejo.
¿HAY UNA NUEVA VERSIÓN DE CÓMO Y POR QUÉ DESAPARECIERON LOS 43?
No. Y tanto los expertos independientes, que siguen asesorando al gobierno, como los representantes de las víctimas piden que no se precipite una nueva narrativa y se corrobore cada uno de los datos que se obtengan de informantes y testigos protegidos.
Tanto la fiscalía como el gobierno han asegurado que no habrá una nueva versión oficial hasta que todo esté confirmado.
El fiscal general adelantó, sin embargo, que todo se enmarca en el tráfico de drogas y la protección que el cártel local tenía de las autoridades. Iguala era un punto neurálgico de almacenamiento de heroína o goma de opio procedente de las montañas cercanas y que era traficada hasta Chicago en autobuses como los que intentaron tomar los estudiantes.
¿SE SIGUE BUSCANDO A LOS ESTUDIANTES?
Sí. Se ha llevado a cabo una treintena de búsquedas. Muchas pistas fueron falsas, en otras se localizó a otras víctimas desvinculadas de los jóvenes. Y en una de ellas se localizó el hueso de Christian Alfonso Rodríguez.
Pero el fiscal Gómez Trejo dijo que siguen pendientes de análisis otros huesos localizados en diciembre de 2014 en esa misma zona, La Carnicería. Que las autoridades dijeran entonces que no eran de los estudiantes sin cotejar su ADN es, a su juicio, otra muestra de la ocultación de pruebas que hubo. Ahora se enviarán a Austria para ser analizados.
¿CÓMO VA EL PROCESO LEGAL?
Lento. En 2018, la justicia mexicana ordenó su reposición total porque la procuraduría federal no había sido imparcial. Eso, unido a multitud de irregularidades y a que se desestimaron pruebas por ser fruto de la tortura, hizo que más de 70 de los 140 detenidos fueran liberados porque ganaron amparos. En otros casos, se confirmó que hubo sobornos a jueces. Entre ellos hubo acusados clave, lo que indignó a las familias.
Ahora, además de la veintena de órdenes de aprehensión de presuntos autores materiales e intelectuales, se ha emitido casi un centenar más contra otros vinculados con el caso, algunos de los cuales ya están en prisión por otros procesos. Las máximas autoridades en la cárcel en estos momentos son el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa.
Pero que entre los nuevos procesados se encuentren altos funcionarios de la antigua fiscalía por tortura o ocultación de desaparición forzada, y que por fin se esté dispuesto a ir contra quienes parecían intocables, como los militares, supone el principio del fin de los pactos de silencio que, según el gobierno, impedían llegar a la verdad del caso.
JMRS
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