Human Rights Watch denuncia que Argentina publica en línea información de menores acusados de delitos

Mar Centenera | El País

Buenos Aires.- La Justicia argentina buscaba a un niño de tres años por robo agravado. Su DNI fue introducido por error en el sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y abierto al acceso público. Su nombre y documento se retiraron de la base de datos, pero en los últimos tres años, la ONG Human Rights Watch (HRW) denuncia que hasta 166 menores de edad han aparecido en este sistema de consulta donde figuran las personas acusadas de delitos que son buscadas por la Justicia. Ante la denuncia, el Gobierno argentino bloqueó preventivamente el ingreso al sitio web de la Conarc.

En mayo de 2019, el Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, advirtió que publicar esa información violaba los derechos de niños y adolescentes. Poco después de su informe, el Gobierno ordenó suprimir del acceso público de la Conarc el número de DNI y la fecha de nacimiento de aquellas personas menores de edad y a identificarlas sólo por las iniciales de su nombre y apellido. Pero la ONG sostiene que no ha sido así y que en el año siguiente al informe del Relator se agregaron al menos 25 menores de edad a la base de datos en línea.

“Los menores son susceptibles a estigmatización y podrían quedar etiquetados permanentemente como “criminales” o “delincuentes”, lo cual podría afectar sus futuras posibilidades de acceso a educación, atención de la salud y otros derechos”, subraya la ONG en cartas enviadas el jueves al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. “En la Argentina, la policía y los tribunales deben cumplir directivas estrictas que prohíben la publicación de información que pueda identificar a un menor de edad acusado de cometer un delito”, subrayan las misivas.

“No ha cambiado nada tras el cambio de Gobierno”, en diciembre pasado, asegura la investigadora de HRW Hye Jung Han. “Dicen que ya no hay niños en la base de datos, pero mienten. O quizás no lo saben porque esa base de datos está manejada muy mal, llena de errores”, continúa. Para Han, el Gobierno debe retirar de inmediato todos los nombres y datos personales de los menores de edad para dejar de violar leyes nacionales e internacionales y asegurarse de que no hay errores en la carga de datos.

Ante la denuncia de HRW, fuentes oficiales del Gobierno argentino indicaron que “se ordenó como medida preliminar el bloqueo al acceso público a la Conarc y una auditoría del sistema informático”. La página web de la oficina impide el acceso a los usuarios con la leyenda “Estamos actualizando el sistema”.

Reconocimiento facial

Aunque la base de datos depende del Gobierno nacional, HRW extendió su denuncia al Gobierno de Buenos Aires por considerar que el uso de los datos de la Conarc para el sistema de reconocimiento facial de prófugos puesto en marcha el año pasado agravan la violación de derechos de niños y adolescentes. Este sistema analiza las imágenes de las cámaras de videovigilancia del Gobierno municipal e identifica posibles coincidencias con los datos de la Conarc. Entre abril de 2019 y julio de 2020, según datos de la policía de Buenos Aires, el sistema emitió 4.266 alertas, que sirvieron para identificar a 2.048 personas, de las que se detuvieron 430. Entre los errores más resonantes está el de un trabajador de la construcción que pasó casi una semana detenido al haber sido confundido con un delincuente prófugo. “Estuvo muy cerca de que lo enviaran a la cárcel a cumplir condena”, cuenta Tomás Pomar, presidente del Observatorio de derecho informático argentino.

Debido a que la mayoría de algoritmos de los programas de reconocimiento facial son entrenados con rostros de adultos y que las facciones de los niños y adolescentes cambian con rapidez, las posibilidades de un falso positivo son mucho más elevadas para los menores de edad. “Human Rights Watch calcula que, en un ámbito controlado, estos algoritmos arrojan seis veces más falsas coincidencias para un niño de entre 10 y 16 años que para un adulto de entre 24 y 40. Cuánto más pequeños son los niños, más pronunciados son los errores”, señala en la carta.

Los niños son el extremo más sensible de un sistema de reconocimiento calificado de inconstitucional por la Asociación de derechos civiles, que lo ha llevado ante la Justicia. Esta ONG y otras como la Fundación Vía Libre y el Observatorio de Derecho Informático Argentino critican también la falta de transparencia respecto al software utilizado y buscan también generar un debate público sobre el proyecto de ley para regularlo en la Legislatura.

“El reconocimiento facial tiene el potencial de interferir directamente con derechos como la privacidad, la libertad de expresión, reunión y asociación, la no discriminación y garantías constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia”, denuncia el abogado Leandro Ucciferri, integrante de la ADC.

El Gobierno porteño no respondió a las consultas de este diario, pero el sistema de reconocimiento facial está suspendido desde abril a raíz de la pandemia de covid-19 y la obligatoriedad de llevar mascarilla en la vía pública y no está previsto que se reactive en lo que queda de año.

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