Internacional - Seguridad y Justicia
Detienen a un militar por muerte de manifestantes en Bolivia
Por CARLOS VALDEZ y PAOLA FLORES | AP
LA PAZ, Bolivia (AP) — Las Fuerzas Armadas dieron a conocer el miércoles su desconcierto después que en la víspera un general de la Fuerza Aérea Boliviana fue detenido por la represión de una protesta el año pasado en la que murieron 12 seguidores del expresidente Evo Morales, quien había renunciado dos días antes en medio de acusaciones de un fraude electoral.
“Lo sucedido el día de ayer fue desconcertante. Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger el bien común”, dijo el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jaime Alberto Zabala, en un breve mensaje.
Alfredo Cuéllar es el primer detenido por esos hechos desde la asunción el 8 de noviembre del presidente Luis Arce, del partido de Morales. “Está detenido en celdas de la policía hasta que un juez decida su situación legal”, dijo el director de la policía anticrimen, Alberto Aguilar.
El oficial era comandante de una guarnición en noviembre del año pasado cuando las fuerzas del orden reprimieron una protesta de cocaleros seguidores de Morales que pretendían ingresar a la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, para manifestarse.
“Las Fuerzas Armadas no actuamos de forma arbitraria, cumplimos acciones de mando dispuestas por el capitán general de las Fuerzas Armadas. Estamos seguros de que las acciones de los mandos militares se enmarcaron en la ley decretos supremos y reglamentos en actual vigencia”, expresó Zabala.
También explicó que las Fuerzas Armadas salieron después que las fuerzas policiales fueron rebasadas y se “evitaron una confrontación y el derramamiento de sangre entre hermanos bolivianos con ideologías divergentes”.
La aprehensión se produjo tres días después del arribo de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la muerte de 36 personas -entre seguidores y opositores a Morales- durante los dos meses de violentas protestas que derivaron en la anulación de los comicios y en la renuncia del mandatario, quien se refugió en México y después en Argentina.
Zabala expresó su esperanza en la investigación que lleve la CIDH. “Esperamos que ellos hagan una investigación imparcial”, mencionó. El jefe militar agregó: “Cuando los conflictos son inminentes, invocamos a Dios y llamamos al soldado; cuando el conflicto pasa olvidamos a Dios y juzgamos al soldado”.
Morales regresó al país recientemente para impulsar acciones judiciales en contra de quienes propiciaron, según dijo, un ”golpe de Estado” en su contra.
La justicia, cuestionada en Bolivia por su histórica dependencia del poder político, abrió una investigación por asesinato pero aún no ordenó la detención de ningún civil. Los ministros de Gobierno y de Defensa en el momento de los hechos -y presuntos responsables de la acción de las fuerzas del orden- no se encuentran en el país, según las autoridades.
El propio canciller Rogelio Mayta dijo que la CIDH investigará los hechos ocurridos durante el estallido social porque “lamentablemente nuestro sistema judicial no es creíble”.
El detenido Cuellar “fue convocado por la fiscalía y se presentó a declarar. El sólo cumplió funciones administrativas, nunca tomó decisiones operativas”, dijo su abogado Edwin Paredes a una emisora local. “La justicia arremete contra el eslabón más débil, los responsables (políticos) no han sido investigados”, agregó el analista en asuntos jurídicos Jorge Santiesteban.
La investigación podría derivar en un juicio a la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien ordenó por decreto la salida de los militares a las calles para ayudar a resguardar el orden púbico y los liberó de responsabilidad penal.
Áñez demandó la víspera “una investigación independiente y observadores internacionales. Bolivia merece una justicia seria y sin manipulación política”, publicó en su cuenta de Twitter.
Arce ha prometido justicia para las víctimas y dijo que reconciliará al país, que ha quedado polarizado. Pero los opositores lo acusan de usar a la justicia para perseguir a funcionarios del anterior gobierno.
maria-jose
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