¡Despierta México!
La extorsión debería quitarle el sueño a López Obrador
Ricardo Raphael, Washington Post
A dos años de conmemorar su toma de posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reconoce que son tres los temas que le han quitado el sueño: la pandemia de COVID-19, la crisis económica y los ataques políticos asestados por los medios de comunicación y sus adversarios, a quienes él llama “los conservadores”.
Sorprende que el tema de la violencia no esté en la lista de sus preocupaciones. ¿Creerá el presidente que por no mencionarlo deja de existir como una preocupación para los ciudadanos?
La tasa de homicidios dolosos sigue creciendo. A pesar del confinamiento, este 2020 aumentó 7.9% con respecto al año previo. En promedio hay 3,000 asesinatos mensuales a nivel nacional. El otro indicador que alerta respecto al grado de violencia que se vive en el país es el de la extorsión, en su modalidad de cobro por “derecho de piso”.
Se trata de un negocio mediante el cual las organizaciones criminales obtienen ingresos importantes a través de amenazas creíbles. Se exige a las personas un pago periódico a cambio de la realización de actividades que deberían ser normales. Afecta principalmente a los negocios, pero también son víctimas las personas que se dedican a actividades tan diversas como la albañilería, la carpintería o la venta de frutas en mercados sobre ruedas.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en 2019 el incremento de este delito fue de 35.2% y durante 2020 ha crecido otro 12.7%.
De todos los actos violentos que se enfrentan en México, este es el que exhibe el comportamiento más preocupante porque el cobro por “derecho de piso” es la huella que dejan las organizaciones criminales sobre el control que sostienen sobre el territorio. Se trata del último paso de la ocupación del espacio desplegada por las empresas mafiosas.
Primero disputan el territorio por la fuerza a sus rivales o las instituciones del Estado, luego subordinan a los gobernantes y, finalmente, suplantan al gobierno e imponen sus propios impuestos, a cambio de los cuales suelen brindar distintos servicios como —paradójicamente— el de proveer seguridad.
Cuando la extorsión se normaliza quiere decir que la empresa criminal se ha asentado para permanecer en una región determinada. Cabe temer que, en alguna medida, el homicidio doloso esté relacionado con el derecho de piso. Entre las amenazas que suelen cumplir las empresas criminales, cuando las víctimas del chantaje no ceden, está el asesinato. Provocan muertes o atentados “ejemplares” que sirven para intimidar al resto de los clientes potenciales.
Hay abundantes ejemplos de esta práctica nefasta en los diarios locales del país. Entre los estados más golpeados por la extorsión se encuentran Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.
Probablemente el negocio más lastimado por la extorsión es la minería. De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada, el cobro por derecho de piso sobre esta industria suma alrededor de 12,000 millones de pesos anuales (unos 600 millones de dólares).
En Ciudad de México, a pesar de que las autoridades aseguran que tal delito está bajo control, hay evidencia cotidiana de que mienten. Durante el primer trimestre de 2019 las extorsiones crecieron 127%. Este año arrancó con la quema de locales comerciales en el Centro Histórico, a manos de la mafia criminal, porque sus dueños se negaron a cubrir su cuota. Y, a pesar de negar la evidencia, los vecinos de las alcaldías con mayor actividad turística, restaurantera y comercial se quejan cotidianamente de esta lacra.
En Estado de México la extorsión creció 71% durante 2019. Según datos oficiales, ese año se registraron en promedio 6.3 denuncias diarias relacionadas con este delito. En 2020, destaca el cobro por derecho de piso impuesto sobre la industria de la construcción. Materiales como la arena, la grava o la piedra han experimentado un alza en su precio debido a este fenómeno. Entre los municipios más afectados están Villa Victoria, Ixtapan de la Sal, Coatepec Harinas, Temascaltepec y Tejupilco. Los constructores en estas demarcaciones saben que, para arrancar una obra civil, es necesario haber llegado antes a un arreglo con la organización criminal dominante de la zona.
En el estado de Chihuahua las cosas no están mejor. Tanto en las ciudades como en las zonas rurales, el crimen organizado financia parte de sus utilidades extorsionando a las personas. Aquí no hay distingo: carpinteros pobres, pequeños propietarios rurales, transportistas o taxistas, todos están sometidos al chantaje y la amenaza.
En Michoacán la principal víctima es el negocio de la producción aguacatera. El problema viene de tiempo atrás, desde que los cárteles de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios sofisticaron el negocio. En el presente, presumiblemente, el Cártel Jalisco Nueva Generación se encarga de administrarlo.
Los productores del llamado oro verde deben pagar cuota por cada hectárea sembrada y también por cada tonelada de producto que salga de las huertas. Todos los años se abren cientos de carpetas de investigación que no desembocan en nada.
Quintana Roo es otra entidad muy maltratada por este mismo delito. Lo padecen los restaurantes, los antros y los hoteles, pero también los pequeños puestos de comida, los micro comerciantes y hasta los obreros de la construcción.
A pesar de la abundante evidencia, la autoridad suele negar la existencia del malestar. Igual y como hizo ayer en su discurso por su segundo aniversario el presidente López Obrador, los demás gobernantes simulan en todas partes. El mandatario mexicano está aprobado en las encuestas en casi todos los rubros, pero no ha logrado aún pacificar el país. Este es un dilema que debería, también, quitarle el sueño.
JMRS
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