Derechos Humanos
Amnistía Internacional denuncia la “continua” violación a los derechos humanos en Nicaragua para “ahogar” a la disidencia
Carlos Salinas Maldonado | El País
México - Detenciones arbitrarias, la creación de cargos falsos y penas judiciales sin justificación son algunas de las tácticas que Amnistía Internacional ha identificado como herramientas de coacción empleadas por el Gobierno del presidente Daniel Ortega para acallar las voces críticas en Nicaragua. El país está sumido en una profunda crisis política y social desde 2018, cuando Ortega desató una brutal represión contra las manifestaciones que exigían el fin de su mandato. “Las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios. A finales de noviembre de 2020, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria”, alerta Amnistía.
En el informe, publicado este lunes, el organismo denuncia las que ha calificado como “tácticas” del régimen que lidera el exguerrillero sandinista para “ahogar” la disidencia en Nicaragua. Además de las detenciones arbitrarias y la manipulación del sistema judicial, Amnistía ha identificado la aprobación de leyes que castigan a las organizaciones de la sociedad civil y anulan las posibilidades electorales de la oposición de cara a las elecciones previstas para el próximo año. Además, ha denunciado la “muerte civil” de opositores, en referencia a la persecución y acoso contra personas que fueron encarceladas y luego liberadas en una cuestionada amnistía aprobada por el Parlamento, controlado por Ortega. “Tanto ellas como sus familias sufren actos de agresión, intimidación y hostigamiento por parte de la policía, de las fuerzas parapoliciales o de redes de control local vinculadas con el gobierno. El recrudecimiento del hostigamiento contra personas excarceladas constituye una de las tácticas que han caracterizado la represión estatal”, advierte el informe.
Amnistía Internacional presenta su investigación una semana después que Naciones Unidas denunciara al régimen de Daniel Ortega por cometer arrestos, violaciones y torturas a disidentes políticos en Nicaragua. En su informe, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) catalogó de “deficiente” la respuesta gubernamental ante 14 recomendaciones que hizo al régimen de Managua de cara a solucionar la crisis política. Advirtió también de que en el país centroamericano se siguen cometiendo violaciones a las libertades civiles.
Las protestas en Nicaragua estallaron en abril de 2018, tras la imposición de una reforma a la seguridad social de parte de Ortega que creó descontento tanto en el sector empresarial como en la sociedad. Las manifestaciones comenzaron en Managua, con una pequeña reunión de jubilados que exigían el fin de las reformas, pero la violenta respuesta de Ortega a esas protestas pacíficas generó una respuesta inédita que se tradujo en una sublevación nacional. Ortega desató una represión que dejó centenares de muertos, miles de desaparecidos, decenas de encarcelados y llevó al exilio a más de 80,000 personas. Organismos de derechos humanos internacionales han determinado que en Nicaragua se cometieron “crímenes de lesa humanidad” contra la población. “Desde 2018, el Gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica. Las autoridades se han dedicado a erradicar, a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos”, afirma Amnistía Internacional.
“Para Amnistía, Nicaragua es uno de los países que enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio occidental, a un nivel preocupante”, advierte Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El organismo pone en su informe especial atención a las detenciones de opositores, que sufren malos tratos, torturas y abusos de parte de las autoridades policiales. Estas personas son trasladadas, sin un juicio justo, a prisiones con condiciones deplorables, “que incluyen falta de acceso a agua potable, alimentos de calidad y altos índices de hacinamiento”.
Entre los testimonios que recoge el informe está el de Jhon, un preso político que compartió una celda de cinco metros con otras 22 personas. “Para dormir acomodaban unas pocas colchonetas en el piso e improvisaban hamacas con las sábanas”, relata la investigación, que cita a personas cercanas al encarcelado. “Una persona cercana a Jhon dijo a Amnistía Internacional que a él solo le permitían salir al patio a tomar aire durante 60 minutos cada dos semanas. La prisión les brinda raciones precarias y pequeñas de alimentos, que los que tienen recursos complementan con lo que sus seres queridos les facilitan en las visitas familiares y conyugales que tienen permitidas cada mes, o los paquetes que les dejan en las semanas intermedias. En la práctica, muchas de las familias no tienen suficientes recursos para pagar los viajes. Estas condiciones de detención violan una serie de estándares internacionales”, advierte el organismo.
La pandemia de covid-19 ha empeorado las condiciones en las cárceles, en un país donde Ortega minimizó su impacto y no publica información confiable sobre la cantidad de contagios y muertes a causa del nuevo coronavirus. Amnistía reúne información de Naciones Unidas, organismo que ha alertado que al menos 40 personas detenidas por razones que estimaba políticas “presentaban síntomas compatibles con la covid-19 o padecían afecciones de salud que aumentan el riesgo de sufrir síntomas más agudos en caso de enfermarse”.
“La política sistema de represión violenta ha sido un continua en Nicaragua. El Gobierno de Ortega ha demostrado que está dispuesto a cualquier cosa para que los derechos humanos no sean realidad y silenciar cualquier crítica. Hemos visto cómo el año pasado esta política de represión se sigue profundizando”, explica Guevara-Rosas. Amnistía recomienda en su informe poner fin a los arrestos arbitrarios, el hostigamiento a los opositores, desmantelar los grupos paraestatales que siembran el terror en las ciudades de Nicaragua y garantizar justicia a las víctimas de la represión estatal.
Jamileth
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