Nacional - Seguridad y Justicia
Ley para legalizar la marihuana en México genera dudas
CIUDAD DE MEXICO (AP) — A pocos pasos de que se legalice el uso recreativo de la marihuana en México, algunas organizaciones civiles y analistas expresaron el jueves pesimismo por la ley aprobada la víspera por la Cámara de Diputados y mostraron inquietud de que se mantenga la criminalización de los usuarios.
La nueva regulación, que aún espera el aval del Senado para su aprobación definitiva, fue criticada por México Unido contra la Delincuencia. La organización no gubernamental —que lleva años luchando por la legalización de la marihuana en el país— lamentó que se mantenga la criminalización de usuarios y que la Cámara de Diputados no cumpliera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que determinó en 2019 que la prohibición absoluta del consumo de cannabis para uso personal era inconstitucional.
Al cuestionar la decisión de los diputados de modificar la tabla de cantidades de posesión toleradas para consumo personal y el cambio de las cantidades que se considerarán narcomenudeo y narcotráfico, México Unido contra la Delincuencia afirmó en un comunicado que con ello se “mantiene un sistema de umbrales de tolerancia que genera inseguridad jurídica para los usuarios, pues hace difícil comprender cuándo están cometiendo un delito y cuándo una falta administrativa”.
Asimismo, la organización planteó que el aumento de las cantidades por las cuales se puede sancionar penalmente “no elimina los espacios de extorsión ni la posibilidad de que la policía detenga arbitrariamente a las personas por apariencia sospechosa”.
En la regulación aprobada por la Cámara de Diputados se permite la posesión personal de hasta 28 gramos de marihuana.
La organización también cuestionó que no se elimina el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad económica que se dediquen a esa actividad. “De esta manera perpetúa la marginación y el castigo penal de nuestros campesinos”, agrega el escrito.
México Unido contra la Delincuencia exhortó al Senado a “corregir el proyecto” y cumplir con el mandato de la Suprema Corte.
Por su parte Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas del Wilson Center en Washington, dijo que es “poco probable” que la legalización del cultivo y el consumo de marihuana en México marque una gran diferencia para los principales grupos del crimen organizado que obtienen la mayor parte de sus ingresos de otras fuentes, o se afecte el flujo hacia Estados Unidos ahora que esa sustancia es legal en algunos estados.
Wood planteó que el beneficio potencial de la legalización podría verse en que habrá menos jóvenes enviados a la cárcel por delitos menores.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, controlada por el partido oficialista Morena y sus aliados, autoriza el consumo recreativo de cannabis y mantiene un sistema de licencias a todos los involucrados en la cadena de producción, distribución, transformación y venta de marihuana para todo tipo de uso, y establece que los particulares deben obtener un permiso para cultivar plantas en su casa para el autoconsumo. Cada persona podría tener 6 plantas, con un máximo de 8 por domicilio.
Los diputados dejaron el control del mercado en manos de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), una entidad que, según los expertos, no tiene la capacidad ni las facultades para regular un mercado tan complejo.
México comenzó a otorgar en 2016 permisos para la importación legal de productos con cannabis para uso medicinal, y un año después aprobó dicho uso, una utilización que también es legal en varios países latinoamericanos. El último en aprobarlo fue Argentina, pero el uso recreativo sólo es legal en un país de América Latina: Uruguay.
Aunque el Senado no le cambie nada al texto en su segunda revisión, llevará tiempo para que la ley se convierta en realidad, porque habrá que hacer los reglamentos y los ajustes necesarios a otras normas. En el caso del uso medicinal de marihuana, aunque la ley se aprobó en 2017, su reglamento sólo fue avalado en enero de este año.
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