Del Dicho al Hecho
Caso Ricardo Anaya: las prioridades políticas de la fiscalía mexicana
Ricardo Raphael, The Washington Post
Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México en 2018 por el hoy opositor Partido Acción Nacional (PAN), afirma que es víctima de una persecución facciosa de la Fiscalía General de la República (FGR). En un par de videos difundidos durante los últimos días, dijo que se han fabricado pruebas en su contra para encarcelarlo con el propósito de negarle viabilidad a sus aspiraciones futuras como presidenciable.
“¿Cómo voy a creer en una justicia justa cuando empiezan por alterar el expediente y alterar la declaración de (Emilio) Lozoya?”, pregunta en uno de ellos. Ahí hace referencia a una declaración del antiguo director de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) —hoy en proceso legal—, según la cual Anaya habría recibido sobornos.
De acuerdo con una confesión entregada por Emilio Lozoya el 11 de agosto de 2020 al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, Anaya habría sido beneficiario ilegal de 6.8 millones de pesos (337,000 dólares aproximadamente), los cuales originalmente servirían para financiar su campaña para gobernador de Querétaro, la cual no sucedió.
La FGR no podía desechar esas declaraciones de Lozoya: de no investigar los dichos del exdirector de PEMEX, sus ministerios públicos habrían incurrido en una conducta delictiva. Sin embargo, en el tema que relaciona a Anaya la hipótesis que debería probarse implicaría a un militar adscrito al Estado Mayor Presidencial en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, de nombre Norberto Gallardo Vargas quien, a su vez, habría entregado el dinero a Osiris Hernández.
Durante la primera semana de agosto de 2014, cuando supuestamente ocurrió el ilícito, Gallardo trabajaba como jefe de ayudantes de Lozoya y Osiris Hernández laboraba en el entorno cercano a Anaya.
Para que la acusación en contra del excandidato panista prosperase sería indispensable que ambas personas fuesen citadas a declarar. Fuentes cercanas a Anaya me dijeron que ninguno de los dos ha recibido aún un citatorio. Resulta extraño que, hasta el 24 de agosto, el fiscal haya solicitado únicamente la comparecencia de Anaya.
Mientras tanto Osiris Hernández, a través de sus redes sociales, ya refutó la veracidad de los hechos imputados contra Anaya. Faltaría por corroborar si el militar Norberto Gallardo tiene algo que decir al respecto, o también niega los hechos.
En tal caso no habría causa penal que llevar en contra del excandidato panista, porque la sola acusación de Lozoya sería una prueba débil, ya que fue emitida en el contexto del criterio de oportunidad que acordó con la FGR, y que exoneraría al exdirector de PEMEX de una serie de delitos, esos sí confesos y confirmados, que pesan en su contra.
También llama la atención que, según Lozoya, la entrega del dinero hubiese ocurrido en la Cámara de Diputados cuando, en la fecha referida, ni Anaya ni Osiris Hernández trabajaban ahí.
A menos que la FGR cuente con otros elementos de prueba, hasta ahora desconocidos por la opinión pública, el riesgo de que Anaya sea procesado penalmente es mínimo. Por tanto, el excandidato presidencial debió acudir a la audiencia donde se desahogaría su declaración, que no es —como dijo en su video— dentro del Reclusorio Norte, sino en los juzgados que se encuentran a un lado de esa prisión. Sin embargo, hay otros elementos de contexto que explicarían la desconfianza de Anaya cuando se refiere a la FGR como “la fiscalía de (el presidente Andrés Manuel) López Obrador”.
Lamentablemente, esta institución no ha acreditado su autonomía frente al poder, tampoco imparcialidad ni pulcritud a la hora de integrar las carpetas de investigación que tiene bajo su responsabilidad, destacadamente aquellas que están marcadas por intereses políticos.
El trato de oportunidad que ofreció a Lozoya es un ejemplo que resta confianza al trabajo de la FGR. Gertz Manero decidió proteger al exdirector de PEMEX, extraditado en julio de 2020, al punto de que el exfuncionario ni siquiera tuvo que visitar las oficinas del ministerio público, a cambio de que se convirtiera en un delator de los opositores políticos de López Obrador. Entre ellos están marcadamente los principales dirigentes del PAN y también Luis Videgaray, quien fuera el vicepresidente de facto durante el mandato de Peña Nieto.
Tal como señala el periodista Mario Maldonado en su libro Lozoya, el traidor, la cruzada contra la corrupción del gobierno actual se puso en duda desde el primer momento en que el exfuncionario ingresó a tierra mexicana blindado por un arreglo político de factura discutible.
Este evento se añade a otros donde también la FGR ha actuado de manera poco confiable, como cuando desestimó la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció a propósito de los presuntos nexos del general Salvador Cienfuegos con el crimen organizado. Ciertamente había muchas pistas que habrían merecido una indagatoria seria, a la cual la FGR decidió hacer oídos sordos.
Otro expediente también descuidado en su integración fue el relacionado con el gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, el cual sirvió para atacar al PAN en pleno proceso electoral de este año pero que, justo después de los comicios, terminó enterrado por un juez.
A ello se suma que el fiscal Gertz Manero ha priorizado sus intereses personales sobre la decencia que merecería la política criminal de la institución que él encabeza. Concretamente está el caso de Alejandra Cuevas, hija de su excuñada, presa desde hace diez meses por razones notoriamente injustas; y también se asoma la persecución de Juan Ramos López, brazo derecho de Gertz Manero dentro de la FGR, en contra de la familia fundadora y las autoridades formales de la Universidad de las Américas en Puebla.
Las huellas de una política criminal sesgada por parte de la FGR dan credibilidad a las palabras de Ricardo Anaya respecto a una supuesta persecución política: incluso aunque no fuesen verdaderas, son lamentablemente verosímiles.
Jamileth
