Nacional - Economía
El sector privado en México vive días de intensa incertidumbre ante las decisiones del Gobierno de López Obrador
ISABELLA COTA | El País
Encima de la incertidumbre por la variante ómicron, inversionistas y empresarios en México viven días de tensión a la expectativa de decisiones clave que determinarán su interés en el país, la segunda economía más grande de América Latina. Un relevo de jueces en la Suprema Corte de Justicia, el voto del Senado en torno a la próxima gubernatura del banco central y un decreto que blinda inversiones públicas en infraestructura de amparos se apilaron en las últimas semanas del año, agudizan el clima de desconfianza.
Una encuesta del Banco de México publicada este miércoles arroja que la gobernanza es el factor que más especialistas en economía del sector privado ven como el mayor obstáculo al crecimiento económico, con 45% de ellos mencionándolo en sus respuestas. Esto se compara con el 25% que lo mencionó en noviembre de 2020. La incertidumbre política se mencionó por encima de la inflación y las condiciones económicas internas del país.
Esto lo reflejan ya los mercados, después de que arreciara una depreciación del peso mexicano contra el dólar la semana pasada cuando se confirmaron los rumores de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, había retirado la nominación de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, como gobernador del banco central. El mandatario nominó, en cambio, a Victoria Rodríguez, subsecretaria en la misma dependencia con nula experiencia en banca y política monetaria. Los mercados asimilaron la inesperada noticia como una bola curva, tirando la moneda nacional a un nivel récord, aunado a las noticias globales de la nueva variante del coronavirus, ómicron, que, hasta la fecha continúa haciendo estragos.
Muchas empresas han paralizado sus inversiones en México hasta tener conocimiento del rumbo que tomará el país. El miércoles están pendientes de la comparecencia de Rodríguez ante el Senado. Esperan además que se decida en la Corte Suprema si una de las iniciativas enviadas por López Obrador para modificar la Ley de la Industria Eléctrica para favorecer a la empresa del Estado es constitucional — las implicaciones de esto sería la pérdida de millones de dólares en inversión hechas por empresas privadas —. Un relevo de magistrados en la Corte ha colgado este tema de un hilo, ya que la nueva ministra, Loretta Ortiz, es fundadora del partido del presidente y ha admitido ser cercana a López Obrador. De no decidirse antes del 12 de diciembre, es posible que el caso quede en manos de Ortiz.
Y, también como bola curva lanzada desde Palacio Nacional la semana pasada, está un decreto que declara toda obra de infraestructura del Gobierno como “asunto de seguridad nacional”, efectivamente blindándola de cualquier amparo o desafío en el poder judicial. Esto opacaría, aún más, los procesos de selección de empresas contratadas y la rendición de cuentas del gasto. Una coalición de políticos y congresistas de diversos partidos de oposición presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte, tirando en un limbo administrativo el futuro del decreto y, con él, la certeza necesaria para invertir.
La impredictibilidad de la Administración de López Obrador se ha vuelto uno de sus sellos, y, en el plano económico, ha tenido un costo. El peso mexicano se depreció antes de que tomara el poder, en octubre de 2018, cuando anunció la cancelación de la megaobra de infraestructura que era un aeropuerto nuevo para la Ciudad de México. Se ha depreciado gradualmente también a partir de los obstáculos que reguladores han puesto a privados en el sector energético. Se depreció de nuevo, aunque brevemente, cuando envió una iniciativa al Congreso para reformar la Constitución y deshacer el actual marco regulatorio energético (y días después de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, asegurara en un foro que ya no habrían más reformas constitucionales).
También está en la tenencia de bonos mexicanos en manos de extranjeros, cuyo monto es el más bajo en ocho años, de acuerdo con datos publicados en la balanza de pagos del banco central. Si bien esto tiene que ver también con la pandemia, la salida de este capital inició desde el verano de 2018, cuando López Obrador ganó las elecciones presidenciales y continuó en 2019, antes de que azotara el coronavirus. “Prueba de que los factores domésticos han estado presente en las decisiones de los inversores es que muchos países emergentes han visto el regreso de capitales, y en México no”, apunta Luis Gonzali, estratega de deuda y macroeconomía de la firma Franklin Templeton en Ciudad de México.
Entrando a la segunda mitad del sexenio de López Obrador “la clave, en temas de inversión, es ver qué tanto de este ruido político este se convierte en riesgo”, añade Gonzali. A partir de las elecciones legislativas el verano pasado, el partido del presidente perdió fuerza en el Congreso, subraya el especialista, por lo que limita sus posibilidades de materializar su agenda. “Nosotros creemos que la mayoría se va a quedar en el ruido político y muy poco se va a convertir en riesgo, porque no tiene el músculo político para hacer estas cosas que quiere hacer. Creemos que el ruido va a continuar en los próximos tres años, pero poco de eso se va a concretar”, dice Gonzali.
aranza
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