Del Dicho al Hecho
El pleito Gertz-Nieto daña la legitimidad del combate a la corrupción en México
Salvador Frausto | The Washington Post
El fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, va ganando la pelea que sostiene con Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el entonces llamado “zar anticorrupción” parecía tener una carrera política prometedora.
En los últimos 30 días, Gertz leyó en la prensa mexicana que su otrora compañero de gabinete renunció a la UIF tras el escándalo de su ostentosa boda en Guatemala, un error que terminó saliéndole muy caro. También se enteró que Nieto compró tres inmuebles y un auto de lujo mientras se desempeñaba en el cargo que le duró casi tres años.
Ambos personajes han sido pieza clave en la cruzada anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero sus diferendos personales fueron metiendo a la gran promesa de campaña presidencial en un asunto de pleitos de poder. Es claro que este enfrentamiento daña la legitimidad del gobierno y ya llegó la hora de que el presidente intervenga para frenar la guerra interna, pero también para que canalice con seriedad el asunto a la instancia correspondiente: la Secretaría de la Función Pública.
La disputa comenzó cuando Gertz Manero acusó al equipo de Nieto de integrar expedientes judiciales deficientes. Poco después, el entonces titular de la UIF aseguró que la impunidad era una afrenta contra el Estado de derecho, en referencia a que la Fiscalía General de la República (FGR) no lograba procesar a los imputados de renombre.
Hasta hace poco, la prensa parecía tener a su favorito en la contienda: la versión dominante era que mientras Nieto mostraba vigor en la lucha contra el lavado de dinero y la malversación de fondos, el fiscal lucía lento y sin lograr grandes avances para encarcelar a personajes ligados a la corrupción. Mientras Nieto, de 48 años, recibía el mote del “Eliot Ness mexicano”, el fiscal de 82 años era retratado por los caricaturistas como “TortuGertz”.
Y es que, hasta antes de la polémica boda, Gertz Manero se había metido en tantos problemas como era posible. Le encontraron dinero en paraísos fiscales, tiene un pleito legal con su excuñada de 95 años y su hija por la muerte de su hermano, 31 científicos son investigados por delincuencia organizada y hasta surgieron evidencias de plagio por un libro de su autoría. En ese entonces aún se hablaba de la inminente renuncia de Gertz Manero.
Pero Santiago Nieto optó por realizar una vistosa boda en Guatemala —a pesar de que AMLO ha sido enfático en que su gabinete debe ceñirse a reglas de austeridad— a la cual invitó a adversarios políticos y empresariales del presidente. El asunto motivó la renuncia de la secretaria de Turismo de Ciudad de México, Paola Félix Díaz, quien viajó en un avión privado para asistir a la fiesta.
Unos días después, AMLO dijo en su conferencia mañanera que la boda había sido “un asunto escandaloso, aun cuando se trata de un acto privado”. Y tildó al evento como “incorrecto”. Horas después se anunció que el presidente aceptaba la renuncia de Nieto.
Adiós a la carrera prometedora del funcionario que había congelado miles de cuentas bancarias a personajes presuntamente ligados a actos de corrupción. Antes de ello, Nieto era tan querido que en Twitter podía observarse un movimiento que lo incluía entre los probables candidatos para la elección presidencial de 2024.
Quienes apoyaban a Nieto hablaron tan fuerte en los días posteriores a su renuncia que el presidente pareció reconsiderar su postura: en una conferencia matutina dijo que posiblemente lo invitaría a reintegrarse a su gabinete. Aunque aclaró que para ello “debería pasar algún tiempo”.
Pero el 6 de diciembre se dieron a conocer acusaciones cruzadas contra la honorabilidad de ambos políticos: “Apuntan a Nieto por propiedades. Denuncian ante FGR casas adquiridas en CDMX y Querétaro por extitular de la UIF”, tituló Reforma; “UIF investiga riqueza del fiscal Gertz Manero. En un año gastó 109 millones (de pesos ) en 122 autos de lujo”, publicó El Universal.
Obviamente hubo reacciones: Nieto dijo estar más endeudado que beneficiado por su cargo público y la Secretaría de Hacienda negó que estuviera investigando al fiscal. AMLO dijo que a Nieto debería investigarlo la Secretaría de la Función Pública, pero que tanto a él como a Gertz Manero “los considero gente íntegra, no deshonestos”.
Todo ello deberá aclararse con el paso de los días, pero la guerra entre los funcionarios más identificables de la lucha anticorrupción de AMLO es más palpable que nunca. El problema es que la pelea no ha sido por festejar una sentencia condenatoria contra Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que se encuentra bajo prisión domiciliaria. Tampoco por el privilegio de empujar una orden de aprehensión contra el expresidente Enrique Peña Nieto o el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quienes han sido señalados de probable corrupción. Están siendo los gladiadores de una lucha en lodo por ver cuál ha sido más corrupto. La prensa está abocada a mirar cuál de ellos ha adquirido más propiedades y autos suntuosos de manera irregular.
Así, la legitimidad de la lucha anticorrupción cayó presa de una pelea de poder que parece no terminar. Los dos personajes claves de esta cruzada están pegándole a la legitimidad de la promesa sobre la que flota la popularidad del presidente. El daño puede ser de proporciones graves para el gobierno y también para la confianza de 68% de personas que siguen considerando que AMLO de verdad quiere ponerle un alto a las mafias corruptas que han gobernado este país desde hace décadas.
Apenas ayer, el diario Milenio publicó que el congelamiento de cuentas por parte de la UIF ha disminuido 65%, un dato duro que muestra que la bronca entre ambos personajes había calado dentro del gobierno federal. ¿De verdad Gertz Manero frenaba las denuncias? ¿Será que el equipo de Nieto no integraba bien los expedientes?
Más allá del folclor mediático de la batalla, ni Gertz Manero ni Nieto se han detenido a pensar en la responsabilidad de los puestos que tienen o tuvieron. Si las acusaciones son ciertas, que la paguen; y si no, que lo aclaren las autoridades. Millones de mexicanos aún tienen ansias de ver tras las rejas a quienes abusaron del poder, sean de sexenios anteriores o de la presente administración.
El asunto tendría que estar ahora en manos de la Secretaría de la Función Pública, una instancia gubernamental que enfrenta una prueba de fuego. Si sus indagatorias no terminan en resultados creíbles, el gobierno puede encaminarse a la ruta de desprestigio que enfrentó la administración de Peña Nieto.
aranza
