Entre la Espada y la Pared
Más asesinatos de mujeres por armas de fuego, otra consecuencia de la militarización en México
Adriana E. Ortega, Georgina Jiménez | The Washington Post
Han pasado 15 años del inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Desde ese diciembre de 2006 a la fecha, la militarización generalizada en el país, así como el incremento en la circulación y uso de armas de fuego, han cambiado la forma y lugares en que las mujeres son asesinadas en México. El resultado: mientras a principios de la década de los 2000 tres de cada 10 mujeres eran asesinadas con armas de fuego, en la actualidad son seis de cada 10.
Uno de los ejemplos más esclarecedores de este proceso de violencia se vivió entre los años 2008 y 2013, cuando se encontraron las osamentas de 24 mujeres que habían sido secuestradas en una zona llamada “Arroyo El Navajo” a las afueras de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Los hallazgos sucedieron en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, un plan de seguridad pública donde se desplegaron más de 2,000 elementos de las Fuerzas Armadas y más de 400 agentes de seguridad federales. En estos años, además de registrarse un aumento considerable de violaciones a los derechos humanos por parte de soldados, marinos y policías federales, Ciudad Juárez pasó de tener 300 homicidios dolosos en 2007 a 3,000 en 2010; en este año, ocho de cada 10 de estos incidentes ocurrieron a causa de un arma de fuego en Chihuahua, y una de cada tres mujeres que fueron asesinadas de esta manera en 2010 se concentraron en dicha entidad.
Como ocurrió en Chihuahua, el resto del territorio mexicano ha sufrido un incremento desmedido de elementos de las Fuerzas Armadas y, a la par, de armas de fuego. Este proceso de militarización, si bien inició con el entonces presidente Felipe Calderón que desplegó 50,000 elementos, creció con su sucesor Enrique Peña Nieto a casi 130,000 y, actualmente, con Andrés Manuel López Obrador ha llegado a más de 150,000. También, México es ya el sexto país con más armas en el mundo. Según Small Arms Survey, se estima que hay 15 millones en circulación.
Desde las organizaciones Data Cívica e Intersecta hemos documentado cómo antes de 2007 y a partir de la puesta en marcha de diversas políticas de seguridad en el sexenio de Calderón, la mayor parte de las mujeres asesinadas morían, principalmente, por métodos como asfixia o fuerza física dentro de sus propios hogares. Después de 2010, hubo una reconfiguración de este tipo de violencia y actualmente la mayor parte de los asesinatos de mujeres en México son a causa de un arma de fuego y en las calles. Ahora sabemos que estas políticas —principalmente la militarización— impactan de manera directa en el incremento de homicidios dolosos de mujeres, incluyendo aquellos que se perpetran a mano armada.
La estrategia de militarización que comenzó en Chihuahua y persiste hasta nuestros días no solo aumentó el número de mujeres que son asesinadas con arma de fuego en la vía pública, sino de las que son asesinadas con arma de fuego en la vivienda. A poco de comenzar la “Guerra contra el narcotráfico”, en 2007, dicha tasa era de 0.20 por cada 100,000 mujeres, en 2009 ya era de 0.42. En 2020 la tasa fue 0.69, más de tres veces la de 2007. Es decir, la violencia generalizada que ha suscitado la militarización también ha transformado gradualmente la violencia que siempre han enfrentado las mujeres: la que ocurre en el espacio privado. En 2020, los asesinatos de mujeres con arma de fuego en la vivienda alcanzaron por primera vez a los asesinatos cometidos con otras formas en el mismo lugar. Además, hay estados como Guanajuato o Colima donde ocho de cada 10 mujeres son asesinadas con armas de fuego en su hogar.
La creciente disponibilidad de armas legales o ilegales es otro factor que ha contribuido a este tipo de violencia letal. Por un lado, la Secretaría de la Defensa ha aumentado su gasto militar 47% de 2010 a 2019, ascendiendo a alrededor de 125,000 millones de pesos tan solo en el último año. Por el otro, un poco más de 434,000 armas largas y cortas han sido adquiridas por importación en un periodo de 10 años, mientras que la producción nacional de armas de fuego ha ido en aumento constante desde 2012. A la par, el extravío y robo de armas en este contexto no es algo aislado.
Estimaciones recientes indican que, en la última década, 2.5 millones de armas han sido traficadas de manera ilegal desde Estados Unidos hacia México. Asimismo, hay una relación entre la incidencia de violencia letal con armas de fuego y los lugares en donde hay mayor concentración y decomiso de estos artefactos.
Por si todo eso fuera poco, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) estima que, cada vez más, las personas —principalmente hombres— están adquiriendo armas de fuego como medida para protegerse de la delincuencia. La cifra aproximada de personas que podrían tener acceso a un arma de fuego en sus hogares, con base en este criterio, podría llegar a ocho millones.
En México, los movimientos feministas han ganado cada vez más seguidoras que aguerridamente afirman no permitir ni una muerta más. En 2020, cientos de colectivas llamaron la atención hacia la violencia familiar y hacia el peligro en el que se encontraban cientos de mujeres que tenían al enemigo en casa durante el confinamiento por COVID-19. No obstante, ese año no aumentaron los homicidios de mujeres en vivienda, pero sí aquellos que se perpetraron a mano armada dentro de los hogares.
La realidad es innegable: un país seguro para las mujeres nunca podrá ser uno repleto de armas de fuego y donde la militarización no desacelera. La agenda feminista en México debe priorizar los temas de control de armas y la desmilitarización del país a la par de la crítica de las estructuras patriarcales. Hay que recordar que el incremento de la circulación de armas de fuego es el principal enemigo de las mujeres en México. A la consigna “Ni una más” necesitamos sumar “Ni un arma de fuego más”.
aranza
