Nacional - Seguridad y Justicia
Las desapariciones ocultan la violencia en México
Adrián López Ortiz, The Washington Post
El 27 de febrero pasado, de acuerdo con un video grabado por un testigo, se cometió lo que parece ser un asesinato masivo durante un velorio en San José de Gracia, una comunidad de 8,000 habitantes en el estado de Michoacán, en México. En él se observa a un grupo de personas contra una pared, con las manos en alto, mientras hombres armados caminan frente a ellos. Después se escuchan los disparos. Los delincuentes lavaron la escena del crimen y se llevaron los cuerpos. En el lugar no se hallaron cadáveres, pero sí decenas de casquillos de balas y sangre.
“No se han encontrado cuerpos”, dijo al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador, minimizando la gravedad. Una semana después, no sabemos aún si hay denuncias por personas desaparecidas por ese hecho. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal, dijo que no había existido un fusilamiento y que no se puede contabilizar el número total de muertos. Si el video no existiera, quizá nos hubieran dicho que nada pasó.
México vive la crisis humanitaria más grave de su historia moderna debido a los homicidios, las desapariciones y el desplazamiento forzado. Los homicidios están en un promedio de 97 diarios, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y las personas desaparecidas se han convertido en una de las violencias más dolorosas que vive el país. Hasta el 6 de marzo, había 98,612 personas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de las cuales 80% ha desaparecido desde 2006, cuando el presidente panista Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
La atrocidad es más compleja: la crisis de personas desaparecidas le ha servido al gobierno y a los criminales para matizar la violencia real que azota al país. Sustituir homicidios por desapariciones resulta útil narrativamente: si los homicidios bajan es bueno para el gobierno, porque los estados miden mayoritariamente sus niveles de violencia letal con la tasa de homicidio doloso; pero también para los criminales, porque llaman menos la atención.
Cuando las personas desaparecen, su registro e investigación se hacen más complicados. En tanto son encontradas (con vida o sin ella), permanecen en un limbo burocrático así que se acumulan a la cifra de otros delitos a cuentagotas, no inciden en la tasa de homicidio y hacen parecer más seguras regiones con altos índices de violencia y miedo.
“Cuando hay un control absolutamente hegemónico de una zona, por lo regular los niveles de violencia son elevadísimos, pero los niveles de homicidio van a estar muy bajos”, explicó a Noroeste Michael Reed Hurtado, académico colombiano de la Universidad de Yale. En San José de Gracia pasaron cinco horas sin que ninguna autoridad atendiera la balacera.
En Noroeste investigamos un fenómeno inédito en nuestro estado: a partir de 2018 empezamos a tener más denuncias por desapariciones que por homicidios. Algo extraño en una tierra marcada históricamente por la violencia del Cártel de Sinaloa.
La razón es que “sin cuerpo no hay delito”, como nos dijo Isabel Cruz, líder del colectivo de rastreadoras Sabuesos Guerreras y cuyo hijo Josimar se encuentra desaparecido desde 2017.
Las rastreadoras son grupos integrados mayoritariamente por mujeres, quienes se organizan para buscar a sus hijas, hijos y familiares desaparecidos, y que proliferan por el país ante la indolencia de las autoridades. Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León son los estados que concentran la mayor cantidad de desapariciones en el país, aunque el fenómeno se presenta en prácticamente todos.
El caso de San José de Gracia nos sirve para recordar que, cuando hablamos de violencias, la ciudadanía y los medios estamos expuestos a dos grandes generadores de discurso: el crimen organizado y el gobierno.
“Se escucha menos feo ‘desaparecido’ que ‘lo encontraron muerto’”, dijo a Noroeste un narcotraficante. Por otro lado, cuando hay evidencia de una privación de la libertad, las autoridades recurren a la criminalización —“en algo andaba”—, la estigmatización —“era narco”— o la normalización —“se fue con el novio”— en lugar de investigar cada caso.
Además, mientras que el delito de homicidio no tiene una cifra negra porque el cuerpo prueba el delito, la desaparición es un acto mucho más inasequible y que deja muchas dudas: ¿se fue? ¿Se la llevaron? ¿Para qué? ¿Sigue con vida?
En México las personas desaparecidas ya no son noticia, a pesar del sufrimiento permanente de sus familias y de la valentía de ciertos académicos, activistas y periodistas que registran y documentan el fenómeno. Solo contados casos logran conseguir la atención de la sociedad y, por lo tanto, movilizar al gobierno. Uno de ellos es el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que se encuentran desaparecidos desde el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto y que el actual gobierno no ha podido encontrar. La Comisión Nacional de Búsqueda, creada en dicho sexenio para combatir el problema, tampoco ha generado ningún impacto sustancial.
Testimonios de víctimas nos confirmaron que, en muchos casos, estamos ante desaparición forzada. Es decir, agentes del Estado como policías locales y miembros de las fuerzas armadas forman parte del arreglo criminal para desaparecer personas. En noviembre de 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas visitó México, señaló el hecho y lamentó la casi absoluta impunidad de las desapariciones en el país.
Después de lo que sucedió en San José de Gracia, de la nula respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales, y del menosprecio de los hechos por parte del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, y del presidente López Obrador, dudo mucho que alguien en la comunidad, que vive en la zozobra, se atreva a denunciar nuevamente —aunque sea con un video en redes sociales— si sabe que el crimen organizado puede interrumpir un velorio, asesinar a mansalva, llevarse los cuerpos y luego lavar la banqueta sin ser molestado por las autoridades.
El video de esa acción criminal deja una lección que nos obliga como ciudadanos a cuestionar siempre la versión oficial: que no haya cuerpos no significa que no haya muertos.
aranza
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