Como Anillo al Dedo
En México hay un acoso judicial a la prensa crítica
Sergio Aguayo | The Washington Post
Los periodistas independientes y críticos pagamos las consecuencias de ser el principal muro de contención de gobernantes autoritarios y criminales violentos. Desde el año 2000, la organización Artículo 19 ha documentado el asesinato de 150 periodistas en México, además de 29 periodistas desaparecidos.
Una forma de agresión menos visible pero igualmente efectiva es el acoso judicial a escritores incómodos. Demandar por supuestos daños al honor está en auge. Artículo 19 registró un solo caso en 2015, para 2018 ya eran 21 y en 2020 llegaban a 39. Formo parte de estas cifras y cuento mi experiencia para llamar la atención de una práctica cada vez más común en México y América Latina.
Las demandas por daño al honor las utilizan políticos y empresarios (los criminales envían sicarios). Su racionalidad y método tienen el atractivo de la sencillez. Demandan por cifras extravagantes para intimidar, castigar e inhibir escritores incómodos aprovechándose de jueces que desconocen los compromisos internacionales de México o que están al servicio de los poderosos.
Soy profesor desde 1977 en El Colegio de México y desde hace ocho años estoy asociado al Centro de Derechos Humanos y Salud Pública FXB de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Investigo temas de violencia y paz y tengo una presencia activa en medios de comunicación. En Estados Unidos me califican de intelectual público, un término poco usado en mi país.
En enero de 2016 detuvieron en España a Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente del, alguna vez, todopoderoso Partido Revolucionario Institucional. La Audiencia Nacional española lo acusaba de “los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho”. Aunque después de un tiempo saldría libre, yo publiqué el 20 de enero de ese año —cuando todavía estaba en prisión— una columna de opinión en el diario Reforma. Aseguré que “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
Por las líneas arriba citadas me demandó por daño moral en julio de 2016. Un juez en Ciudad de México aceptó su exigencia de 10 millones de pesos (cerca de medio millón de dólares). Ahí empezó una aleccionadora pesadilla sobre lo desigual del cambio histórico. La izquierda gobierna la capital desde 1997 y ha realizado algunos cambios acordes con esa ideología. Extrañamente, dejó intactos los usos y costumbres del Poder Judicial de la ciudad, donde son comunes el tráfico de influencias y la corrupción.
Moreira recibió el apoyo de un juez y un magistrado, y eso prolongó innecesariamente el litigio. Durante los cinco años y medio que llevamos en ese asunto nuestros abogados han intercambiado unos 300 recursos. Mi abogado, Héctor Beristain, me defiende pro bono, pero yo he tenido que cubrir gastos enormes porque la justicia mexicana es cara y lenta.
En febrero de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso y este mes emitirá su fallo que, según el proyecto de sentencia hecho público, me da la razón. Antes de empezar la celebración me informaron que la pesadilla continúa. En la tercera semana del pasado febrero, Humberto Moreira volvió a demandarme aunque en esta ocasión lo hizo por un libro que publiqué en 2020, sobre la manera como las instituciones del Estado y la ciudadanía se aliaron para derrotar al crimen organizado en La Laguna, una ciudad formada por municipios de los estados de Coahuila y Durango. Esa urbe es un nudo de comunicaciones estratégico para el trasiego de drogas y armas, y la violencia se desencadenó cuando se la pelearon los cárteles de Los Zetas y el de Sinaloa.
Estoy desconcertado por los motivos de Moreira tras la segunda demanda. Mis abogados de Propuesta Cívica (soy presidente de esta organización que defiende gratuitamente a periodistas mexicanos demandados o amenazados) y mis asesores de Artículo 19 coinciden en que se trata de un texto jurídicamente endeble y apresurado, lo cual podría deberse a la confianza que Moreira tiene sobre el apoyo que recibirá de algunos jueces y magistrados de la capital mexicana.
Otro factor tras la segunda demanda podría ser el ambiente de hostilidad desatado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra el periodismo independiente y crítico. El 15 de diciembre de 2021m el presidente me incluyó en la larga lista de periodistas acusados de deshonestidad y complicidad con los que llama “conservadores”. Acusaciones que lanza sin dar evidencia que las sustente.
Humberto Moreira reinició el acoso jurídico cinco semanas después de esa diatriba presidencial. Uno de los rasgos del gen priista es la búsqueda de la simpatía y la aprobación del presidente. Eso me lleva a sostener, como hipótesis de trabajo, que Moreira me está demandando para quedar bien con el presidente o porque algún funcionario cercano al presidente se lo sugirió porque desafortunadamente hay indicios de que existe una franja de funcionarios dispuestos a atacar al periodismo independiente.
Mi relato carece de conclusión. Quienes ejercemos el periodismo independiente y crítico en México vivimos en la incertidumbre y la zozobra; desde la presidencia nos lanzan obuses retóricos, desde las camionetas con vidrios polarizados nos disparan los enviados de los cárteles, y en los juzgados aceptan con ligereza y frivolidad demandas por daño al honor pensadas para asfixiar lenta pero inexorablemente la libertad de expresión. Es muy complicado y riesgoso el ejercicio del periodismo en México.
aranza
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