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El conveniente mito de la ‘narcoviolencia’ en el futbol mexicano
Oswaldo Zavala | The Washington Post
Si las autoridades y ciertos especialistas en el tema aseguran que los “cárteles de la droga” en México han diversificado sus negocios ilegales para explotar la trata de migrantes indocumentados, el robo de combustible, la venta de medicamentos adulterados y hasta el tráfico de aguacates, ¿por qué no habrían también de “infiltrarse” entre los aficionados al futbol y convertir a los estadios en escenarios de disputas entre facciones rivales del “crimen organizado”?
Esa ha sido una de las narrativas que se han reiterado apenas horas después de los disturbios sangrientos ocurridos el sábado 5 de marzo durante un juego de futbol de la Liga Mexicana en el estadio Corregidora. Tras la confrontación entre los fanáticos de Gallos Blancos de Querétaro y Atlas de Guadalajara, medios, reporteros y comentaristas afirmaron que detrás la batalla campal se encontraban miembros de bandas de traficantes que decidieron expresar sus odios mediante los colores de las camisetas de los equipos rivales.
La explicación más estandarizada de la violencia en México acusa a los “narcos” de cualquier delito para evitar que se investigue a fondo. Asumir que hay “narcoviolencia” o infiltraciones del “crimen organizado” en la vida deportiva nacional no solo no contribuye a esclarecer lo ocurrido, sino que también exculpa de antemano la corrupción endémica de altos funcionarios públicos, corporaciones de seguridad privada y los poderosos hombres de negocios que controlan equipos, estadios y ligas enteras.
La prisa del ciclo noticioso, un escaso rigor periodístico y la costumbre de repetir los dichos de fuentes oficiales como si fueran verdades irrefutables, hizo circular al día siguiente de la trifulca notas de prensa en las que se atribuía la violencia a grupos del “narco”. Según el periódico Reforma, un aficionado de Gallos Blancos dijo que “El Beto”, un supuesto miembro de una banda de ladrones de combustible —conocidos como “huachicoleros”— habría llevado a sus “sicarios” para comenzar la trifulca. El reportero Óscar Balderas publicó en EmeEquis que agentes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro investigaron a “presuntos ladrones de combustible disfrazados de fanáticos de los Gallos Blancos” que fueron a confrontar a miembros del llamado “Cártel Jalisco Nueva Generación”.
¿Cómo es posible que un aficionado anónimo tuviera la misma información generada por la investigación de los agentes de la fiscalía de Querétaro? ¿Cómo, en un estadio con capacidad para recibir a 34,130 personas, los delincuentes de “cárteles” enemigos consiguieron ubicarse entre sí?
Las autoridades de Querétaro habían detenido, hasta el 9 de marzo, a 14 personas identificadas como agresores. No es improbable que varios de los indiciados tengan un largo historial delictivo. Pero acaso resulta más verosímil, como declaró uno de los barristas del equipo local, que la batalla campal hubiera sido provocada por un líder de la barra Resistencia Albiazul para agredir a miembros de la Barra 51 de Atlas.
Este tipo de confrontaciones han ocurrido en numerosas ocasiones, entre equipos distintos y sin la participación de “narcos” dispuestos a matar a sus competidores ante cámaras de televisión, periodistas, policías, guardias de seguridad y miles de testigos con teléfonos celulares que pueden grabar los rostros y las acciones de los agresores, como ocurrió precisamente en el estadio de Querétaro.
La venta y consumo de drogas ilegales en los juegos de futbol no es algo que deba minimizarse. Hay testimonios que hablan de un problema que se propaga por los eventos deportivos de todo el país. En algunos casos, como se vio recientemente en el equipo Monterrey, ha habido amenazas a directivos por parte de aficionados que expresan una profunda descomposición de ciertos sectores de la sociedad, que no vacilan en enviar mensajes siniestros que aterrorizan por su crudeza y su violencia simbólica.
Pero una perspectiva más atinada surge cuando se considera la turbia manera en que las instituciones deportivas y sus intereses empresariales administran el negocio del futbol, como explicó el narrador y cronista Juan Villoro en un artículo publicado en el periódico El País. Conocedor del deporte, recordó que los directivos de la Liga Mexicana se han dedicado a maximizar las ganancias intercambiando jugadores o interrumpiendo las transmisiones para anunciar productos.
“Si los directivos carecen de ética deportiva, ¿por qué habrían de tenerla los aficionados?”, se pregunta Villoro. “El origen primario de la violencia no está en las gradas ni en la cancha: está en los palcos”.
La explicación de que los “narcos” están detrás de esta violencia es similar a lo que ha pasado con el fenómeno del robo de combustible o “huachicoleo”. Los medios de comunicación reportaron durante años que el llamado “Cártel de Santa Rosa de Lima” supuestamente libró una guerra contra el “Cártel Jalisco Nueva Generación” por ese motivo, que incluso se habría ventilado en “narcomantas” que aparecieron en el estado de Guanajuato, principal zona del “huachicoleo” en México.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como informó la periodista Ana Lilia Pérez, los “huachicoleros” que “ordeñaban” tomas clandestinas en gasoductos perforados representaban solo 20% del total robo del combustible. El 80% restante ocurría en las bases navales y los centros de distribución de Petróleos Mexicanos con el consentimiento de funcionarios de la empresa paraestatal. En algunos casos, eran buques con gran capacidad de carga los que saqueaban el combustible por vía marítima.
Gracias también al trabajo de periodistas como Arturo Rodríguez, Ignacio Alvarado, Federico Mastrogiovanni o Dawn Paley, sabemos que existe una estrecha relación entre la industria extractiva y la política antidrogas que utiliza al “narco” como chivo expiatorio en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Sonora.
Los “cárteles”, según fuentes oficiales, no dejan de hacerse la guerra justo en los territorios ricos en gas natural, minería, agua y petróleo. Pero también, según parece, donde la corrupción institucional y empresarial convierte al deporte en fuente desmedida de riqueza legal e ilegal.
¿Logrará el periodismo mexicano cuestionar con suficiencia la narrativa oficial e investigar, con profesionalismo y con información verificable, las verdaderas razones de la violencia que aqueja al país y que ahora también pone en riesgo la vida de quienes deciden asistir a un estadio?
Lamentablemente, son mayoría los medios de comunicación que insisten en que el “crimen organizado” es nuestro principal enemigo interno y el causante de los delitos que, sin embargo, benefician a políticos y empresarios que solo aparecen como personajes secundarios.
Como en un repetitivo y predecible torneo de futbol, el conveniente mito de la “narcoviolencia” impondrá su falsa explicación del caos, y como ese anónimo aficionado, nos dirá a quien culpar aún antes de que acabe el partido.
aranza
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