Vuelta al Mundo
Bolsonaro, las milicias y su amenaza de violencia en las elecciones en Brasil
Sylvia Colombo The Washington Post
Las elecciones en Brasil nunca se han destacado por traer amenazas reales de violencia a gran escala. Pero ese problema va escalando y el gobierno de Jair Bolsonaro tiene mucho que ver con esa posibilidad. Cuando el 2 de octubre se realicen las votaciones presidenciales y legislativas, la amenaza de un estallido violento por parte de las milicias estará latente.
De acuerdo con la encuesta más reciente del instituto Datafolha, la disputa principal será entre dos candidatos: la lidera el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, con 43%, y en segundo lugar el actual presidente Bolsonaro, con 26%.
La amenaza ha crecido para estos comicios porque Bolsonaro tiene los pilares de su gobierno anclados en la violencia política que nació en los tiempos de la dictadura militar (1964-1985) y que se perpetua hoy en organizaciones llamadas milicias. La base que le permitió al presidente y a su familia ir imponiéndose paulatinamente en distintas esferas del poder está anclada en los restos de ese sistema nefasto que aún permanece.
En su forma más clásica, las milicias ganaron fuerza en Rio de Janeiro a fines los años 1990 y principios de los 2000. Se formaron con elementos policiales en activo, a quienes se unieron agentes retirados y de seguridad privada, que ahí veían más posibilidad de ascenso y ganancia. Estos grupos paramilitares, que se presentaban como antídoto a las pandillas tradicionales pero que poco a poco fueron adueñándose de cargos administrativos locales, empezaron a actuar por cuenta propia en sus comunidades, con la justificación de expulsar a las facciones del crimen organizado vinculadas al narcotráfico. Pronto ocuparon espacios de poder en todo el país. Las milicias sirven a sus propios líderes y ya han conquistado alcaldías o puestos en el Ejecutivo.
En la narrativa de las milicias, los narcotraficantes y las drogas están asociados a la izquierda, mientras ellos se relacionan con una idea conservadora de orden, respeto a la religión y de defensa de la familia, en contra de lo que consideran “desvíos” como la ideología de género.
Desde este punto de partida, las milicias se han impuesto en diversas esferas, cobrando impuestos ilegales a comerciantes, transportistas y a la construcción de viviendas. También se dedican a la entrega de gas para uso doméstico al margen de la ley, así como de otros servicios a viviendas como televisión por cable y streaming.
Empiezan también a propagarse en zonas residenciales, donde logran convencer a los vecinos de que los protegerán de la violencia de pandillas poderosas como el Comando Vermelho (Rio de Janeiro) o el Primeiro Comando da Capital (São Paulo) y que son vectores del “orden”. O sea, que son autodefensas que protegerán a la población de los narcotraficantes. Estas milicias están ocupando espacios que, desde hace mucho, el Estado no puede controlar o atender de una manera adecuada.
En tiempos más recientes, en lugar de financiar o controlar a los políticos por medio de sobornos u otros beneficios —como es práctica común de los carteles en América Latina— las milicias comenzaron a competir en elecciones y tomar para sí cargos públicos.
La ideología que propagan Bolsonaro y sus seguidores es la típica del pensamiento miliciano. El presidente suele decir, por ejemplo, que “un pueblo armado jamás será esclavizado”, o que “el ciudadano necesita armas para enfrentarse al propio Estado” (cuando él no forma parte de él, obviamente). O que la Policía no debe ser vigilada ni castigada por abusos a los derechos humanos y asesinatos cometidos mientras realizan su trabajo: debe ser libre para matar, si lo considera necesario, sin temor a ser imputado por protocolos de actuación.
En los 27 años que estuvo como diputado, Jair Bolsonaro creó un vínculo entre estos grupos y el poder, y la familia Bolsonaro ha estado asociada a las milicias prácticamente desde que entró a la política. Al mismo tiempo, pasó a ser la voz de la cultura oscurantista que acompaña a grupos conservadores de la sociedad, expresando el racismo y misoginia típicos de la ultraderecha internacional.
Uno de los hijos del presidente, Flávio Bolsonaro, reveló su vínculo con un excapitán de Policía y miliciano, Adriano Magalhães da Nóbrega, y tuvo a integrantes de su familia empleados durante años en su equipo cuando era diputado. Nóbrega encabezó hasta 2020 el “Escritório do Crime”, una organización que opera la construcción ilegal de inmuebles y cuenta con un escuadrón de la muerte, hasta que fue asesinado.
Un ejemplo de quien vio, denunció y expuso esta toma ilegal de instituciones por parte de las milicias fue la entonces concejala Marielle Franco, en Rio de Janeiro. Activista negra, feminista y LGBT+ denunció activamente la participación de las milicias en acciones delictivas en las favelas de su ciudad. Terminó asesinada a quemarropa, así como su chofer, a la salida de un acto político en marzo del 2018.
¿Cuáles son los riesgos de estas peligrosas relaciones entre los Bolsonaro y las milicias en las próximas elecciones? Muchos. Incluso si el candidato Bolsonaro no activa personalmente a las milicias en su campaña, estas actuarán a su favor porque dependen de su protección para seguir actuando. No parece probable que, desde la silla presidencial, Bolsonaro dé órdenes directas a las milicias, pero estas jugarán a su favor mediante la creación de disturbios menores con la intención de incentivar el voto hacia él.
En este escenario, no sería sorpresivo asistir a asesinatos selectivos de opositores como políticos, jueces o fiscales electorales. Solo se necesitará una chispa para encender la violencia de las milicias.
Si Bolsonaro pierde por una pequeña diferencia de votos, el propio gobierno podría declarar la ilegitimidad del uso de las máquinas de votación electrónica, que ya han sido cuestionadas antes por el presidente. Existe ya una propuesta de que los aparatos estén vigilados por las Fuerzas Armadas, que están bajo su control. Bolsonaro también sugiere que contratará una empresa privada para auditar el conteo de votos.
Si la derrota es por un margen amplio, puede haber ataques al Tribunal Superior Electoral, a políticos de la oposición o protestas violentas en las calles. Es una situación inédita y escalofriante la que vive el país.
Corresponde no solo a la justicia electoral, sino también a la oposición y a la sociedad civil, vigilar una posible escalada en este sentido. Y exigir que se castiguen los actos de las milicias, ya que, bajo la gestión bolsonarista, es prácticamente imposible imaginar que haya un esfuerzo claro por desmantelar este aparato.
aranza
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