Del Dicho al Hecho
El acuerdo migratorio de la Cumbre de las Américas no puede quedarse en palabras
Por Alberto Pradilla | The Washington Post
El acuerdo sobre migración firmado por Estados Unidos y países de América Latina tras la Cumbre de las Américas se presentó como el principal éxito de un evento marcado por las ausencias, tanto de presidentes como de países. El texto pretende ser la base de un gran consenso regional en un momento en el que la Patrulla Fronteriza estadounidense detiene a más migrantes que nunca. Aunque existen elementos positivos y un tono alejado de la xenofobia del expresidente estadounidense Donald Trump, el documento refuerza la política de externalización de fronteras desarrollada por Washington y carece de un plan de concreción más allá de las buenas palabras.
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Ante el éxodo procedente de países como Venezuela, Haití o Nicaragua, el presidente estadounidense Joe Biden trata de que sean los países del sur los que contengan el flujo. Ese fue uno de los grandes éxitos de Trump: convertirlos en la primera línea de su muro.
En su discurso de cierre en la Cumbre, Biden dijo que “la migración ilegal no es aceptable y vamos a asegurar nuestras fronteras”. Pero mientras lo pronunciaba, una caravana de miles de personas caminaba desde el sur de México hacia Estados Unidos.
En el acuerdo, Washington prometió ampliar su cuota de personas refugiadas en 2023 y 2024 —especialmente para quienes llegan de Haití—, recibir a más trabajadores temporales centroamericanos, y cientos de millones de dólares en ayuda y visados familiares para personas procedentes de Venezuela y Cuba. Otros países se comprometieron a crear o promover vías legales para recibir a migrantes. Biden dijo que “cada uno de los países está firmando compromisos que reconocen los desafíos que todos compartimos".
Reconocer el derecho de asilo, hacer referencia a las causas que obligan al desplazamiento como la violencia, la pobreza y el cambio climático, o la búsqueda de alternativas legales para migrar son elementos positivos. Sin embargo, también hay muchas interrogantes. Por ejemplo, cómo se aplicará la “responsabilidad compartida” a la hora de devolver a personas en situación irregular y que no apliquen al refugio.
“Uno puede ayudar a los países a manejar la migración de forma humana, garantizar el acceso al asilo y fortalecer las capacidades humanitarias, o puede ayudar a los países a reforzar sus patrullas fronterizas para que sean muros de contención. Aquí tenemos un poco de ambas”, me dijo en entrevista Adam Isacson, investigador en temas fronterizos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en Migración, me dijo que existe el riesgo de que el “trabajo conjunto” derive en una mayor externalización del control fronterizo, por lo cual es imprescindible definir cómo se desarrollarán los procesos y cuál será el papel de la sociedad civil.
Sobre el terreno, las buenas palabras chocan con políticas cada vez más restrictivas. Estados Unidos mantiene el denominado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), también conocido como “Quédate en México”, que obliga a las y los solicitantes de asilo a esperar en ese país durante el proceso; y el Título 42, que legaliza la expulsión exprés bajo la excusa del COVID-19, lo que supone un sufrimiento añadido para miles de personas en tránsito.
Además diversos países, entre ellos México, impusieron visa a la población venezolana que huye, obligando así a las familias a recorrer a pie todo el continente y jugarse la vida en el tapón del Darién, un peligroso paso entre Colombia y Panamá.
Las expulsiones irregulares inauguradas por Trump han sido copiadas por otros gobiernos. Por ejemplo, Guatemala envió a casi 600 personas a Honduras, la mayoría de ellas cubanas. La perversa política del penúltimo contra el último hace que países como el centroamericano, con una alta tasa de migración, se enfunden el uniforme de la Patrulla Fronteriza para impedir que otros puedan alcanzar Estados Unidos.
Mientras los líderes firmaban su documento en Los Ángeles, miles de personas avanzaban en la nueva caravana que partió el 6 de junio desde Tapachula, Chiapas. El municipio, de menos de 400,000 habitantes, se ha convertido en el centro neurálgico del control migratorio y una cárcel para cientos de familias. Pero esta vez, y al contrario que en otras ocasiones, la Guardia Nacional mexicana no disolvió a golpes y gas pimienta la marcha.
Ahora, la estrategia del Instituto Nacional de Migración (INM) fue negociar con los caminantes la expedición de documentos que, supuestamente, les permitiría atravesar el país de forma legal, con lo cual disolvió la caravana. Días después, muchos de estos migrantes denunciaron que se trataba de una trampa: el mismo INM que les entregó los papeles les impidió acceder a la frontera con Estados Unidos sin dar más explicaciones.
Cabe preguntarse a qué obedece este cambio de actitud: si México carece de estrategia y solo reacciona ante cada suceso o si, por el contrario, no reprimir a los migrantes fue una forma de enviar un mensaje al gobierno de Joe Biden. El control migratorio es un elemento que se utiliza para negociar. Lo hace Marruecos con España, Turquía con la Unión Europea y el actual gobierno de México lo ha hecho con Estados Unidos.
Esta caravana, formada en su mayoría por venezolanos, sirvió para dimensionar la magnitud del tránsito y los cambios que se observan en la ruta. En 2019, cientos de personas procedentes de diversos países de África realizaron este camino. En 2021, fueron miles de haitianos. Ahora le toca el turno a Venezuela. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cerca de seis millones de personas viven fuera del país caribeño, muchas de ellas en condiciones muy precarias.
El enfoque regional sobre la migración que se abordó en la Cumbre de las Américas es un elemento positivo. Es imprescindible reconocer los motivos que llevan a las familias a huir y garantizar vías seguras para que nadie se juegue la vida en su intento de buscar un lugar seguro. Pero las buenas intenciones incluidas en el acuerdo de Los Ángeles deben llegar con acciones concretas que aborden la cuestión con una perspectiva humanitaria. Los países deben evitar la tentación de tratar la migración como un problema de orden público y que su única oferta sea más militares, fronteras más inexpugnables y las mismas políticas de persecución ineficaces y que solo añaden dolor a la complicada decisión de abandonar tu casa.
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