Del Dicho al Hecho

Innecesaria promesa de no reelección

2019-03-25

¿Qué futuro tendrían las decisiones de un gobierno así instaurado? Ante...

Claudia Aguilar 1 Revista Siempre

El pasado 14 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó (con 329 votos a favor, 151 en contra y 2 abstenciones), el dictamen de la controvertida iniciativa para reformar apartados de los artículos 36, 53, 41, 73, 99, 116 y 122 constitucionales; en materia de consulta popular y revocación de mandato, para así someter a decisión ciudadana la continuidad o no del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma pasará ahora al Senado de la República y, de ser aprobada, pasará a las legislaturas de los estados para su ratificación.

La iniciativa aprobada establece, entre otras cosas, que el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá ser revocado mediante proceso que será convocado por el Congreso de la Unión a petición del propio presidente de la república, por el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y por uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura. La votación se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en la que solo se elijan diputados y será vinculante, por mayoría absoluta, siempre que concurran a votar al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

La revocación de mandato es un mecanismo de participación, un método de democracia directa mediante el cual la ciudadanía puede remover a un funcionario con un mandato vigente. Lo que se juzga es el desempeño del político durante el tiempo en que ha ejercido sus funciones.

La figura planteada en México a través de la recién aprobada iniciativa tiene diferencias con los procedimientos que se realizan en otros países y, según se estipula en el dictamen aprobado por los diputados, el Congreso de la Unión convocaría a la votación por petición del presidente o del equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras. Los ciudadanos también podrán solicitarla, siempre y cuando sean al menos tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores y la mayoría del Congreso apruebe su solicitud. La votación la organizaría el Instituto Nacional Electoral (INE) y se realizaría durante la misma jornada en la que se eligen diputados federales. Para que sea vinculante tendrán que votar 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal. El presidente podrá impugnar los resultados de la votación en los siguientes 30 días naturales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En caso de que no proceda, deberá dejar su cargo en un plazo de 60 días.

Es claro entonces que la revocación de mandato no puede considerarse como una figura concebida por la “izquierda reeleccionista”. Sin embargo, legislar desde el poder para preservar el poder pervierte los mecanismos de participación ciudadana y es evidente que, en este caso, se pervierte la figura de revocación de mandato. Es más, diría yo que no estamos en realidad hablando de un mecanismo de revocación sino de “ratificación” de mandato.

Como muchos otros temas, en estos casi cuatro meses de gobierno, la iniciativa de reforma para incluir la “revocación del mandato” en la Constitución desató voces en pro y en contra. Sobre todo por considerar que se trata de una estrategia reeleccionista por parte del presidente López Obrador; ante la cual, el propio presidente apareció el 19 de marzo para enfatizar que no quiere la reelección, que es un político con espíritu maderista y que una vez concluida su gestión en 2024 se irá a refugiar a sus palmares en Palenque, Chiapas. Y ese mismo día firmó en su conferencia matutina, de forma pública, que no se reelegirá en 2024 para el siguiente periodo presidencial. Esto es, firmó su compromiso de no hacerlo.

Es precisamente a ese “compromiso de no reelección” al que me quiero referir en estas líneas. En su carta compromiso no reeleccionista Andrés Manuel López Obrador, a su más puro estilo bravucón y denostativo, acusó a sus “adversarios”; puesto que en su opinión todo aquel que se atreva a disentir es eso y más, es un traidor de la sacrosanta cuarta transformación. Así, en su virulenta misiva de compromiso no reeleccionista dijo “mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía. Vociferan que la propuesta de la revocación de mandato encubre la intención de reelegirme en 2024“.

Preocupa sin duda el tono, pero también el contenido de la carta, pues lo cierto es que prometer, a través de una carta llena de descalificaciones y de odio, que no habrá reelección, lejos de tranquilizar a los ciudadanos debería de preocuparnos, no solo por la forma o por quién lo hace (basta recordar que siendo jefe de gobierno dijo que él no tenía intenciones de ser presidente de la república, dijo incluso que “lo diéramos por muerto” y hoy despacha en Palacio Nacional ostentando el cargo para el que públicamente dijo que lo diéramos por muerto) pero, sobre todo, porque el principio de no reelección (máximo postulado de la Revolución Mexicana) está plasmado en nuestra Constitución. Esto es, la restricción e imposibilidad de ocupar la Presidencia de la República, para quien ya haya tenido dicha función, constituye un principio fundamental de nuestra Constitución Política, consagrado en el artículo 83 del propio texto constitucional. En esa medida, prometer incluso por escrito que no se reelegirá no es algo gracioso o digno de aplausos, mucho menos debiera ser replicado con asombro, porque guardar y hacer guardar la Constitución no queda al arbitrio del gobernante en turno, es su obligación.

Es cierto que, si hubiera una intención de modificar el principio constitucional de la “no reelección” del presidente de la república, tendría que modificarse la disposición constitucional referida, lo que no forma parte del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. De tal forma que, si bien la reforma propuesta para introducir la figura de revocación de mandato no incluye la reelección, ello no quita que ese mecanismo de democracia directa tenga el potencial de poner en entredicho la gobernabilidad de nuestro país. Actualmente, en los sistemas presidenciales, no existe evidencia que permita identificarle como una solución a un problema de legitimidad. La razón es sencilla, si el presidente López Obrador, en las elecciones de 2021, llega con un gran apoyo de la ciudadanía y esto se ve reflejado en las urnas, ello redundaría en perjuicio de la voluntad popular y del sistema democrático en tanto la elección intermedia no tiene por qué tratarse de él. Destaco lo anterior toda vez que colocarlo en la boleta conllevaría sin duda a que su elección (ratificación) eclipse al resto de los cargos de elección popular en disputa.

Por otra parte, si el titular del Ejecutivo federal no logra obtener un sufragio que respalde su voto de confianza se vería obligado a abandonar el cargo y, en consecuencia, dicha función quedaría a cargo de una persona que ni siquiera fue votada. Por eso la revocación de mandato (por lo menos como está propuesta en esta iniciativa) es el peor de los mundos, donde la ciudadanía expresa su voluntad pero se deja a sí misma sin un gobierno que cuente con su confianza o, mejor dicho, con legitimidad.

¿Qué futuro tendrían las decisiones de un gobierno así instaurado? Ante ese escenario no queda claro cuál es el fin de incorporar esta institución a nuestro orden fundamental; eso es lo que en mi opinión resulta más preocupante.


 



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