Ecología y Contaminación

México necesita una mejor regulación sobre el uso de plásticos

2021-01-24

Esa basura plástica vuelve hasta nuestros cuerpos: los micro y nanoplásticos han sido...

Juan Mayorga, The Washington Post

En un país como México, habituado a escribir leyes que no se cumplen, suena a despropósito el insistir en regulaciones contra los plásticos de un solo uso después de una década de medidas similares más o menos fallidas. Más aún en plena crisis de COVID-19, en la que estos materiales han sido acogidos como aliados sanitarios en sectores tan cruciales como el médico y el alimentario. Pero no lo es.

Las autoridades se han visto obligadas a tolerar el incumplimiento de las leyes ya existentes contra el uso de plásticos de un solo uso, mientras los restaurantes duplican o triplican sus empaques por la búsqueda frenética de asepsia. El plástico en realidad conserva el virus SARS-CoV-2 en su superficie por más tiempo que el papel y otros materiales, pero la ciencia pasa a segundo plano ante la sensación de tranquilidad de ver los alimentos cubiertos tres veces.

Ciudad de México (CDMX) es la cara más visible de este fenómeno, porque desde este enero aplica una de las regulaciones más duras contra plásticos de un solo uso que prohíbe bolsas, popotes, cubiertos, cotonetes y vasos, entre otros, que en la práctica no está funcionando.

Pero CDMX no es la única localidad del país en pie de guerra contra los plásticos de un solo uso. Actualmente 30 de los 32 estados de México (estimación de la doctora Izarelly Rosillo) han introducido regulaciones para contener esta contaminación, 25 de ellas mediante prohibiciones. Parecen muchas pero son pocas ante un material ubicuo que, arrastrado por las corrientes de ríos y mares, es capaz de formar acumulaciones flotantes en el Pacífico más grandes que Francia o Texas. Los datos disponibles hacen imposible minimizar el problema: al menos 13 millones de toneladas de plásticos llegan cada año a los océanos, ocasionando ingesta de plástico en 90% de las aves y 56% de las tortugas, delfines y ballenas. De seguir el rumbo actual, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que en 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos.

Esa basura plástica vuelve hasta nuestros cuerpos: los micro y nanoplásticos han sido encontrados en el agua potable, la cerveza, los mariscos, la miel y la sal. En humanos, al menos en pulmones, vísceras y la placenta. Ingerimos plástico mediante acciones tan simples como beber agua embotellada y un estudio comisionado por la WWF encontró en 2019 que la ingesta de plástico por persona podría alcanzar cinco gramos a la semana, equivalente a una tarjeta de crédito.

Frenar la contaminación plástica dejó de ser un asunto de moralidad ambientalista hace mucho: es una decisión de cuidado propio. La pandemia de plástico estará aquí después del COVID-19, más grande que nunca. Ante un problema tan grande y complejo no queda espacio para tibiezas y se debe echar mano de todas las herramientas de la política pública. La ONU ya ha anunciado una “guerra contra los plásticos en los océanos”.

Sin embargo, hasta ahora, las herramientas para enfrentar el problema siguen siendo insuficientes, desarticuladas y plagadas de vacíos. Por ejemplo, según la ley de CDMX, los comerciantes deberían transitar al uso de productos compostables. Pero, ¿cómo podrían hacerlo si no hay una norma técnica (actualmente en elaboración) que especifique cuáles son las condiciones de esa compostabilidad? ¿Cómo implementar esa norma si los fabricantes de los compostables están en entidades fuera de su jurisdicción? ¿Qué autoridad y laboratorio certificarán los nuevos productos? ¿Cómo coadyuvarán las autoridades estatales y federales, si legalmente la basura es por antonomasia un asunto municipal?

Los tropiezos vistos ante la nueva ley en CDMX y otros estados solo se corregirán manteniendo el dedo en el renglón. Pese a los riesgos de caer en una sobrerregulación, faltan más y mejores leyes, reglamentos y normas. Sobre todo, falta traducir en certidumbre jurídica y orden administrativo la voluntad de cambio social y cultural que ha estado detrás de cada legislación local. Las reglas claras las demandan también los empresarios del plástico.

A esta dispersión legal contribuye la ausencia, cada día más escandalosa, de una regulación federal que pongan orden a las atribuciones de cada nivel de gobierno, así como a la responsabilidad de productores y consumidores. A la fecha existen más de 40 iniciativas de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, atoradas en ambas cámaras del Congreso.

Aunque el tema ha sido planteado desde el inicio de la actual legislatura, hace dos años, los trabajos se encuentran en un impasse por el cabildeo que realiza la industria del plástico para evitar la inclusión en la ley de la “responsabilidad extendida del productor”. Este principio de política pública, recomendado por organismos internacionales como la Fundación Ellen MacArthur y validado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, obliga a productores e importadores a encargarse de la gestión de los residuos de sus productos después del consumo, y en otros países ha llevado a reducción de residuos desde su origen.

Si bien es cierto que todo el mundo debe hacer su parte, hay que calibrar bien las responsabilidades. Los productores más grandes deben tener más responsabilidad, sobre todo considerando que los principales generadores de contaminación plástica en el mundo son gigantes transnacionales como Coca Cola, PepsiCo, Nestlé y Unilever, según el movimiento Break Free From Plastic. Sin embargo, el principio hoy contemplado por nuestras leyes de residuos reconoce una “corresponsabilidad” asimétrica que termina cargándole injustamente el mayor peso del problema a los eslabones más débiles: los consumidores y los gobiernos municipales.

El balón está ahora en la cancha del Senado, en la oficina de Raúl Bolaños-Cacho, quien preside la comisión de Medio Ambiente. El senador por el Partido Verde deberá liderar la dictaminación de una iniciativa que haga justicia a la mayoría de los mexicanos ante esta crisis histórica, a ocho meses de que termine esta legislatura. La sociedad civil deberá de seguir exigiendo que se apruebe una legislación acorde a lo que la crisis impone.



JMRS