Salud

Baja calidad de datos empaña el recuento mortal del virus en las residencias españolas

2020-07-07

De estas, 9,000 murieron a causa de la COVID-19 y otras 9.830 mostraron síntomas de la...

Por Nathan Allen y Belén Carreño | Reuters

MADRID, 7 jul (Reuters) - El Gobierno español todavía no puede decir cuántas personas de residencias de ancianos han muerto a causa del coronavirus, según un documento del Ministerio de Sanidad al que tuvo acceso Reuters, que culpa de esta situación a la baja calidad de los datos aportados por las autoridades regionales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido en repetidas ocasiones a revelar el impacto de la COVID-19 en estos centros de residentes de la tercera edad, pero el documento señala que ha sido imposible indicar una cifra exacta.

Una de sus páginas muestra que las estimaciones oficiales de defunciones en residencias por todas las causas desde que comenzó el brote en España hasta el 20 de junio oscilan entre las 27.359 y las 32.843, debido a las disparidades entre las diferentes fuentes.

De estas, 9,000 murieron a causa de la COVID-19 y otras 9.830 mostraron síntomas de la enfermedad.

No está claro si esas 9,000 muertes están dentro de la cifra oficial de 28.392 decesos por COVID-19 en España, pero probablemente la mayoría lo estén porque Sanidad firma los certificados de defunción y está cargo de la realización de pruebas.

El Gobierno no pudo precisar si esta cifra estaba incluida en el total ante preguntas de periodistas en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del martes.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sí confirmó la autenticidad del documento, aunque dijo que este era todavía un borrador.

“Es incomprensible que, a estas alturas, pasadas las emergencias del principio, todavía no se haya iniciado una evaluación con recogida de datos directos de manera unificada”, dijo en un comunicado la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Las familias de los ancianos que murieron en estos centros, a menudo sin atención hospitalaria, han iniciado cientos de procedimientos para exigir responsabilidad patrimonial y penal por estos sucesos.



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