Internacional - Economía
Afectados por el uranio piden ante la CIDH que Estados Unidos modifique la ley de minería
Washington, 28 feb (EFE).- Diversas organizaciones de afectados por la explotación del uranio y en favor de la justicia ambiental solicitaron este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urja a Estados Unidos a modificar la ley de minería para prevenir "daños irreparables" a las comunidades indígenas de este país.
Así lo pidieron asociaciones como el Centro de Derecho Ambiental de Nuevo México, la Asociación Comunitaria de Red Water Pond Road (Nuevo México) o la Comunidad de Preocupados de White Mesa (Utah) en una audiencia del 189 Período de Sesiones organizado por la CIDH en Washington.
La Ley General de Minería, que rige en el país desde 1872, estipula que todos los depósitos minerales valiosos que se encuentren en tierras estadounidenses deben estar abiertos a la exploración, por lo que los afectados denunciaron la contaminación que causa dicha práctica en su hábitat.
"La minería de uranio ha dejado cicatrices y un horripilante legado de muerte en nuestras comunidades", sentenció en la sesión Carletta Tilousi, miembro de la tribu Havasupai, que habita la región del oeste del Gran Cañón en el estado de Arizona.
En este sentido, una integrante de la Asociación Comunitaria de Red Water Pond Road, Teracita Keyanna, agregó que la industria minera "no solo ha despojado la tierra de recursos naturales, sino que ha envenenado las aguas subterráneas y ha dejado material radioactivo y minas abiertas".
Unas circunstancias que, como apuntaron los afectados en la reunión, les ha obligado a trasladarse fuera de sus comunidades tribales con "importantes complicaciones de salud como cáncer, retrasos en el aprendizaje, problemas de piel y enfermedades autoinmunes" por la exposición prolongada al uranio.
Entre las propuestas expuestas, los representantes de la sociedad civil solicitaron que la CIDH presente este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para exigir la adopción de medidas provisionales de reparación de los daños.
El pasado agosto, el actual presidente estadounidense, Joe Biden, designó como Monumento Nacional las tierras de las tribus de nativos americanos que rodean el Cañón de Colorado, lo que impide la creación de nuevos proyectos mineros en una zona que alberga el 1,3 % de las reservas conocidas de uranio en EU
En relación con esto, un abogado del Centro de Derecho Ambiental de Nuevo México, Eric Jantz, pidió a la CIDH que inste a Estados Unidos a establecer moratorias de uranio en todas las tierras indígenas que tengan reservas "hasta que hayan remediado el desecho".
El jurista añadió la condición de que "la única excepción posible" a la prórroga sea cuando exista "consentimiento libre e informado" por parte de la tribu que le concierna, ya que consideró que, hasta ahora, "Estados Unidos casi nunca pidió permiso para explotar el uranio".
Ante la exposición de los testimonios, el subsecretario de Asuntos Indígenas del Departamento del Interior de Estados Unidos, Bryan Newland, insistió en que "todas las agencias federales están obligadas a tener una política de consulta" con las naciones tribales y que desde el Gobierno se trabaja para que esta vía de coordinación funcione.
Un apunte que respaldó el director de la Oficina de Seguridad de los Materiales Nucleares, John W. Lubinski, quien afirmó que los programas de evaluación que supervisan el reglamento de las instalaciones de uranio "funcionan bien" y que existe un programa para supervisar el reglamento y proponer mejoras.
Por parte de la CIDH, el relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Javier Palummo, solicitó a los participantes que envíen toda la información relativa a la situación para mantener al órgano informado “más allá de esta audiencia”.
aranza
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