Corrupción en penales muestra debilidad institucional

México, (EFE).- El arresto de cinco funcionarios de prisiones de Durango, supuestos cómplices de reos a quienes les permitían salir a delinquir, muestra la debilidad institucional que hay en México justo cuando el país se juega parte de su futuro en el combate al narcotráfico, afirmaron hoy varios analistas.

El analista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) José Antonio Crespo dijo a Efe que este nuevo caso detectado en el Centro de Readaptación Social Dos (Cereso 2) de Gómez Palacio, es "un reflejo más de la penetración de los narcos en las instituciones del Estado".

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) anunció ayer el arresto de la directora de la cárcel, Margarita Rojas Rodríguez, del subdirector, Francisco Carlos Alberto Uranga, y de los jefes de Seguridad y Vigilancia del penal, Roberto Enríquez Aguayo y José Guadalupe Díaz Ordaz.

Rojas, galardonada este año con un premio estatal para mujeres, está acusada de permitir salir por las noches a reos que perpetraron al menos treinta asesinatos.

Las detenciones sucedieron después de que el pasado 22 de julio se difundiera a través de Youtube un vídeo, supuestamente filmado por miembros de Los Zetas, donde se interroga a un policía del municipio duranguense de Lerdo que confiesa trabajar para un capo de la región de La Laguna.

La zona, que comprende las ciudades de Coahuila y Durango, se la disputan los carteles de Sinaloa y Los Zetas, y en los últimos meses se ha convertido en una de las más violentas de México.

La PGR indaga "la presunta complicidad de las autoridades para que los criminales que deberían estar en las rejas salgan a cometer actos delictivos", entre ellos tres matanzas que ocurrieron en bares de Torreón.

La más reciente sucedió el 18 de julio y en ella hubo 17 muertos en una fiesta de cumpleaños celebrada en la quinta "Italia Inn".

También habrían tenido relación los arrestados con los ocho muertos en el bar Juana's del pasado 15 de mayo y con otros diez del 31 de enero en el bar Ferrie.

Según Crespo, la complicidad en la cárcel muestra la enorme capacidad para corromper a funcionarios públicos y "el Estado no encuentra el modo de contrarrestar eso".

Por otro lado, en declaraciones a la emisora MVS, la analista política Denise Dresser señaló hoy que el caso de Durango pone de manifiesto "un profundo problema" en México, "que es la ausencia de división entre quienes ejercen la autoridad y quienes la retan, la debilitan".

También el académico del Colegio de México (Colmex) Sergio Aguayo sostuvo que lo sucedido revela "la fragilidad, debilidad e inoperancia de los servicios de inteligencia militares y civiles" frente al narcotráfico.

"Me parece que lo que estamos viendo es un vaciamiento del Estado", aseguró Aguayo, para quien cada vez queda más de manifiesto que la parte de seguridad del Estado "es un cascarón vacío".

Finalmente en entrevista con la emisora el procurador de justicia de Durango, Daniel García Leal, señaló que como consecuencia de los acontecimientos la directora de la prisión, en el cargo desde el 18 de agosto de 2009, ha sido ya cesada.

Reconoció que lo ocurrido es consecuencia de la difusión del vídeo donde se revelan detalles tales como que los presos salían con armas, chalecos antibala y vehículos de la cárcel a ejercer la violencia contra sus rivales.

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