Derechos Humanos
CIDH denuncia "secuestro" prensa para difundir mensajes de carteles mexicanos
Washington, (EFE).- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó hoy su "profunda preocupación" por el uso de medios de comunicación y de periodistas como "rehenes" para difundir mensajes de bandas criminales en México.
La relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la colombiana Catalina Botero, instó al Estado mexicano a "impulsar políticas que mejoren la protección de la prensa y de la libertad expresión, en medio de la escalada de violencia contra los comunicadores de esa nación".
Botero indicó que el 26 de julio un grupo delincuente secuestró al camarógrafo Alejandro Hernández y al reportero Héctor Gordoa, de Televisa, así como al cámara Jaime Canales, de Multimedios Laguna, y al reportero Óscar Solís, del periódico El Vespertino.
El secuestro colectivo obligó a los medios de comunicación mexicanos a ceder ante la exigencia de los secuestradores de publicar determinada información.
Para salvar la vida de los comunicadores secuestrados, los medios se vieron obligados a aceptar presiones externas sobre su contenido editorial y a autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de agravar la situación de las víctimas.
"Con este incidente, las amenazas a la libertad de expresión en México alcanzan una dimensión inédita que afecta a todos los habitantes de la nación", denunció Botero.
La Relatoría solicitó el 29 de julio información al Estado mexicano sobre lo ocurrido, e hizo un llamamiento a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de las cuatro personas.
Hoy solicitó a las autoridades mexicanas luchar urgentemente contra la impunidad de los crímenes contra periodistas mediante la identificación y el procesamiento de los responsables.
Esa acción es necesaria para evitar más actos violentos dirigidos a acallar, castigar o usar a los comunicadores para difundir mensajes criminales, dijo Botero.
La relatora afirmó además que "es imprescindible" que México fortalezca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, traslade a la jurisdicción federal el trámite de los crímenes contra comunicadores y ponga en práctica medidas que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados.
En 2010 han sido asesinados en México al menos nueve comunicadores, mientras otros nueve han sido secuestrados.
La Relatoría urgió al Estado mexicano "a emprender acciones que protejan de manera efectiva la vida de los comunicadores y desalienten la repetición de estos lamentables hechos".
VGQ
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