Nacional - Seguridad y Justicia
Abogados españoles denuncian la falta de garantías de la Justicia mexicana
Madrid. (EFE).- La Justicia mexicana está viciada por la falta de garantías para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, la "increíble" impunidad de los agresores y la carencia de voluntad política para cambiar esta situación, subrayaron hoy los autores de un informe del mayor gremio de la abogacía española.
"El tema de los derechos humanos no es una prioridad para las autoridades" mexicanas, afirmó Javier García, abogado español y miembro del equipo autor del informe "Impunidad e indefensión. Caso Fernández Ortega y otros versus México", presentado este jueves por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
El estudio se centra en el estado mexicano de Guerrero y analiza el grado de aplicación de las medidas provisionales de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas, familiares y representantes relacionados con el caso de la violación sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por militares en 2002.
En octubre pasado, esa Corte internacional encontró culpable al Estado mexicano por la violación sexual de esas dos jóvenes indígenas residentes en Guerrero, lo condenó al pago de daños y le ordenó castigar a los responsables.
Según subrayaron en rueda de prensa los autores del informe de la Fundación del CGAE, este caso es sólo la punta del iceberg de un cúmulo de ataques a los derechos humanos en ese estado mexicano, el más pobre del país, y contra quienes tratan de denunciarlos.
Buena parte de los defensores de derechos humanos de Guerrero se agrupan en la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM), que ha sido objeto de ese hostigamiento por parte de las autoridades civiles y militares.
La OPIM fue uno de los premiados por el CGAE en octubre pasado por su labor en defensa de los derechos humanos, junto a la periodista mexicana Rosa Isela Pérez, galardonada por tratar de esclarecer los crímenes cometidos contra mujeres en Ciudad Juárez.
La abogacía española también concedió su premio a los abogados de Sakineh Mohammadi Ashtiani, la ciudadana iraní condenada a morir lapidada por cometer adulterio, y a la también letrada Nasrin Sotoudeh, pionera en la defensa de los colectivos más vulnerables de Irán.
En el caso de la OPIM, el informe del CGAE denuncia las amenazas, allanamientos de morada, detenciones arbitrarias y otras acciones intimidatorias lanzadas contra esos activistas y sus familias, según subrayó la abogada Vania Oliveros al presentar el informe realizado "in situ" en Guerrero.
En este estado mexicano el nivel de impunidad alcanza "niveles increíbles", quedando sin castigo un 98,3 por ciento de los casos que llegan a los tribunales, tal y como destaca el informe y como subrayó otro de sus autores, Joaquín Sánchez.
Este abogado penalista calificó como "muy complejo" el entramado judicial mexicano, donde, añadió, el proceso indagatorio es "en la mayoría de los casos muy deficiente".
Sánchez resaltó la descoordinación existente entre los diversos tribunales mexicanos y la "inexistencia de protocolos" judiciales.
Javier García destacó, a su vez, "el anquilosamiento" de las medidas que garantizan la seguridad y protección de las víctimas, a lo que no ayuda, agregó, "el excesivo trasiego y movimiento de cargos" que hay de jueces y letrados, que conlleva una "disfunción en su actividad".
Y sobre todo, planea la "falta de voluntad política, que se constata en el trato de las víctimas y de la población indígena", en general, añadió.
En la rueda de prensa estuvo presente Vidulfo Rosales, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, quien mostró su beneplácito ante el informe de la abogacía española, pues consideró que "rebasa todas las expectativas".
"Hace una radiografía muy exhaustiva del sistema de justicia en Guerrero y en México", donde, aseguró, "el mejor policía es el que más personas ha matado y no el que mejor investiga".
En México, aseveró Rosales, hay "una falta total" de independencia judicial, una "impunidad alarmante" y el Gobierno "no ve como una colaboración lo que hacen los defensores de derechos humanos".
KC
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