Migración
¿Los inmigrantes indocumentados pueden ejercer el derecho en EU?
Por JOE PALAZZOLO, The Wall Street Journal
La Corte Suprema de California considerará este miércoles si un inmigrante indocumentado tiene derecho a obtener una licencia que le permita ejercer el derecho en el estado, en un nuevo caso que enfrenta al gobierno federal contra un estado en relación a la política inmigratoria.
El fiscal general de California ha respaldado a Sergio C. García, quien emigró a los 17 años desde México a la ciudad de Chico, California, y busca ingresar al colegio de abogados estatal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el año pasado un escrito que argumenta que la ley federal le prohíbe recibir una licencia para ejercer el derecho.
Sergio Garcia se graduó de la escuela de derecho, pero no puede ejercer el derecho hasta que no reciba una licencia.
El Departamento de Justicia dijo que García no puede obtener una licencia en virtud de la ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidad de Trabajo, que el Congreso aprobó en 1996.
García, que se graduó de la Escuela de Derecho Cal Northern en Chico y aprobó en 2009 el examen de ingreso al colegio de abogados estatal, dijo que el caso gira en torno a la soberanía estatal, y no su condición inmigratoria.
"El gobierno federal nunca ha controlado quién puede o no ser abogado", sostuvo García. "Intentan transformar en un tema federal algo que está dentro de los derechos del estado".
Una portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios al respecto.
García no ha violado ninguna ley criminal al permanecer en EE.UU., pero los empleadores tienen prohibido contratarlo mientras esté indocumentado. La ley no es tan clara sobre si un cliente puede contratar legalmente sus servicios, dijeron expertos legales. No obstante, podría usar una licencia para ejercer el derecho con el fin de ofrecer servicios legales gratuitos; o si llegara a dejar el país, podría asesorar a empresas extranjeras sobre la ley estadounidense.
Su padre, ahora ciudadano estadounidense, solicitó la residencia permanente para García cuando la familia llegó en 1994 a EE.UU. García ha esperado desde entonces un número de visado.
La audiencia en San Francisco se produce casi un año después de que el gobierno del presidente Barack Obama lanzara un programa que permite permanecer en el país y trabajar legalmente a los inmigrantes indocumentados que llegaron siendo niños. Aunque García, de 36 años, ya no tiene edad para participar en el programa, sus partidarios dicen que su caso representa a los inmigrantes jóvenes que el gobierno ha buscado proteger, dado que fue traído al país sin poder decidir al respecto.
Larry DeSha, ex fiscal del colegio de abogados de California, dijo que García no debería ser ingresado porque su condición migratoria podría afectar su capacidad para representar clientes.
García podría ser arrestado o deportado, lo que dejaría a sus clientes repentinamente sin abogado, indicó DeSha. También puso en duda si García podría tomar el juramento del abogado para apoyar las leyes de EE.UU. y California, ya que está violando un estatuto de inmigración civil.
El estado argumenta que el gobierno federal no tiene autoridad para decidir quién recibe una licencia de abogado. Esa decisión le corresponde a la Corte Suprema de California, en un acuerdo que "por mucho tiempo ha sido considerado un atributo clave de la soberanía estatal", dijo la fiscal general del estado Kamala Harris en un escrito al tribunal.
La Corte Suprema de California opera con fondos asignados por el estado y por lo tanto no puede emitir una licencia para García, según el Departamento de Justicia.
García y la gente que lo respalda dicen que la ley solo prohíbe las licencias profesionales que son pagadas o subsidiadas por fondos asignados por el estado. Pero el colegio de abogados, que tiene el rol preponderante al evaluar si los candidatos son idóneos para ser abogados, es financiado con las cuotas de sus miembros.
La Corte Suprema de California se basa en la recomendación del colegio de abogados para otorgar el ingreso, pero no se asignan fondos públicos para esta función, argumentó Harris en su escrito.
JMRS
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