Miles de hondureños abandonan sus hogares sofocados por la violencia y la pobreza

TEGUCIGALPA (Reuters) - De la abarrotería "Laurita" solo queda su destartalado rótulo. Una sanguinaria pandilla asesinó a su dueña cuando se negó a seguir pagando un "impuesto de guerra" y tiempo después destrozó a martillazos la tienda ubicada en la capital de Honduras.

Muchos vecinos de la polvorienta colonia 14 de Marzo, en la periferia de Tegucigalpa, abandonaron sus hogares sumándose a las decenas de miles de hondureños que huyen de la violencia de del narcotráfico y las pandillas o "maras", una de las razones que ha generado un desplazamiento similar al de zonas de guerra.

Las calles sinuosas y casi desiertas de la humilde colonia, donde muchos hogares y comercios están marcados con el signo de la Mara 18, son silenciosos testigos del problema.

"La gente de esas casas se fue porque se negaron a pagar el impuesto de guerra y algunos de ellos hasta fueron atacados o murieron a manos de pandilleros", dijo a Reuters un hombre del barrio que pidió el anonimato por miedo a represalias.

Su urbanización se convirtió en un campo de batalla en donde bandas rivales como la Mara 18, la Mara Salvatrucha o Los Chirizos irrumpen para vender drogas o cobrar el tributo a quienes aún se resisten a partir.

Los que se quedaron viven entre casas destruidas a golpes, algunas sin techos ni ventanas para evitar que fuerzas de seguridad las usen como improvisados cuarteles.

Cerca de 29.400 personas se vieron forzadas el año pasado a migrar internamente en Honduras por la inseguridad, según datos divulgados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), en el país con la mayor tasa de homicidios del mundo.

"Todas las semanas recibo casos de personas que han huido de su casas o que han tenido que abandonar su tierra y que se están escondiendo en Tegucigalpa, o porque huyen de maras o pandillas por la extorsión o de narcos que quieren sus tierras", dijo Paola Bolognesi, encargada de la oficina del ACNUR en Honduras, que fue abierta a fines del 2013 a solicitud del Gobierno.

Pero también las penurias económicas en una nación donde siete de cada 10 personas son pobres y las esperanzas de una mejor calidad de vida al norte de la frontera, han llevado a más y más hondureños a migrar seducidos además por rumores de políticas estadounidenses más laxas con los inmigrantes.

Organismos no gubernamentales estiman que anualmente unos 100.000 hondureños viajan ilegalmente a Estados Unidos vía México, en un tortuoso camino que suele acabar en deportaciones o incluso la muerte.

"Unos van en búsqueda de mejores derroteros, pero otros van huyendo de la violencia que vivimos aquí, y esa violencia se origina en más de un 90 por ciento por el tráfico de drogas", admitió el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que asumió el poder en enero.

Casi 73.000 hondureños fueron deportados vía aérea y terrestre el año pasado desde Estados Unidos y México. Y hasta inicios de junio del 2014 la cifra rozaba los 33.500 inmigrantes deportados, según el Centro de Atención al Migrante Retornado.

EXODO DE NIÑOS

La migración hacia Estados Unidos por temas de inseguridad ya es una cosa generalizada desde el llamado triángulo norte de Centroamérica, formado por Guatemala, El Salvador y Honduras.

Eso está generando una suerte de crisis humanitaria en la potencia del norte, que está tratando de desalentar la llegada de personas en condición ilegal desde Centroamérica y México porque casi con seguridad serán deportados.

"Hemos visto este fenómeno en los últimos tres o cuatro años, pero la diferencia este año es que el número de niños que están llegando es mucho más alto", dijo el lunes Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca en una conferencia telefónica con periodistas.

El éxodo de niños indocumentados centroamericanos huyendo de la miseria, la violencia o buscando a sus familiares se ha disparado. En los últimos siete meses 47.000 han cruzado solos la frontera -principalmente por el valle del Río Grande-, la mayoría procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

"Esto tiene que ver con varios factores, incluyendo la violencia y la situación de sus propios países, pero también (...) información falsa que están distribuyendo estas redes criminales de traficantes", agregó respecto a la creciente migración ilegal de niños que viajan solos o de niños que llegan con sus padres.

La funcionaria estadounidense aseguró que estos traficantes de personas están corriendo la voz de que Estados Unidos les otorga un permiso de estancia a los niños, cuando no es cierto, y afirmó que su país sí deporta a menores.

DE VIDA O MUERTE

Un día del 2012, varios hombres llegaron a la casa de Manuel Pérez, propietario de un taller de autos que importaba autos de segunda mano desde Estados Unidos para luego venderlos en Tegucigalpa.

Los pandilleros le exigieron el equivalente a casi 13.000 dólares. Si no lo hacía, prometían matarlo junto a su familia.

"Por semanas me llamaban y me decían que tenía que pagar el impuesto", dijo Pérez, que hoy vive en Estados Unidos y usó un nombre ficticio para la entrevista telefónica con Reuters por miedo. "Ese mismo día salimos de la casa".

La Cámara de Comercio de Tegucigalpa (CCIT) calculó en su último estudio que en poco más de seis meses del 2012 en la capital fueron cerrados unos 4.700 negocios que generaban unos 20.000 empleos directos e indirectos. Eso es un fuerte golpe para un país agobiado por su déficit fiscal y una pesada deuda interna.

Ni los chóferes de autobús y taxistas se salvan de pagar su tributo semanal a las bandas criminales, que a veces incluso son depositados en cuentas bancarias.

Los operativos policiales y militares lanzados por el Gobierno parecen insuficientes para frenar la criminalidad, que ha recrudecido hace unos años por la expansión regional de los carteles mexicanos de las drogas por casi toda Centroamérica.

Tampoco el efecto de la depuración de la policía ni el arresto de cientos de cobradores del "impuesto de guerra" se nota aún en las calles: los mareros siguen imponiendo su ley ante la debilidad institucional del país.

Y la violencia no sólo invade las ciudades de Tegucigalpa o la industrial San Pedro Sula, conocida mundialmente por su alta peligrosidad. Los narcos suelen despojar también a campesinos y hacendados de sus tierras para construir laboratorios y pistas clandestinas de aterrizaje, según investigadores.

Para Migdonia Ayestas, jefe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), patrocinado por las Naciones Unidas, no se ganará la batalla hasta que se afinen los aparatos de inteligencia y se capture a los ejecutores intelectuales del crimen.

Mientras tanto, el representante regional adjunto de ACNUR en América Central, Cuba y México, José Xavier Samaniego, cree que el proceso migratorio seguirá.

"Hay tendencias que manifiestan un crecimiento muy fuerte y que se mantendrán hasta que se adopte mecanismos de protección para la población", dijo.

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