¡Basta ya!
Las intoxicaciones de estudiantes en México reflejan el descuido del Estado a la infancia
Tania Ramírez | The Washington Post
Ser niña, niño o adolescente en México implica un grado de riesgo que no queremos mirar de frente. En las últimas dos semanas se encendieron las alertas en escuelas de los estados de Chiapas, Veracruz e Hidalgo debido a la intoxicación de grupos de estudiantes. Al principio, parecían hechos aislados, pero con el tiempo no pueden sino ser leídos como actos violentos en contra de la niñez y adolescencia mexicana. La respuesta por parte de todas las partes involucradas ha sido deficiente para el tamaño del problema.
Los casos iniciaron en Chiapas desde el 23 de septiembre, en la escuela federal de Tapachula, donde 21 estudiantes resultaron intoxicados. Esa misma secundaria tuvo un segundo episodio el 11 de octubre. Esa vez fueron 15 alumnos los que tuvieron que trasladar al hospital porque presentaron síntomas.
Fue el tercer incidente que se presentaba en el estado en menos de un mes. Cuatro días antes, el 7 de octubre, en la secundaria Juana de Asbaje, ubicada en el municipio de Bochil, 110 jóvenes tomaron agua de los bebederos y sufrieron mareos, desmayos, ansiedad y vómito.
El 18 de octubre se documentó otro caso en Veracruz y el lunes 24, en el estado de Hidalgo, en el municipio de Yahualica, se suspendieron las clases después de que 25 niños también tuvieran síntomas de intoxicación y fueran atendidos por médicos.
Aunque se han hecho exámenes de laboratorio, las autoridades no han podido determinar las causas de estas intoxicaciones. Aunque no se tienen resultados contundentes, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que exista droga relacionada con los episodios y ha pedido que no se caiga en una psicosis generalizada, hasta no tener claras las causas.
Sin embargo, las hipótesis de los padres de familia han apuntado a observar la presencia y movimiento de drogas en estos estados como una causa determinante.
Nosotros, desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), creemos que es indispensable que las causas de todos estos episodios sean completamente esclarecidas porque en la medida en la que no se tengan respuestas, el estado de indefensión para las niñas, niños y jóvenes, persiste.
La operación de grupos delictivos y del crimen organizado podría estar detrás de esta forma de generación de pánico, descontento y desmovilización comunitarios como estrategia de control del territorio, según hemos observado a través de una de las 72 organizaciones que forman parte de la red en Chiapas.
La constante en los casos de intoxicación en las escuelas, además de los síntomas, ha sido la ausencia de respuestas por parte de las fiscalías estatales y autoridades responsables de investigar y determinar responsabilidades en estos casos.
En particular nos llama la atención la ausencia de resultados como parte de las investigaciones estatales, y que las pruebas realizadas por la autoridad médica no coincidieron con pruebas de laboratorios privados que algunos padres y madres realizaron a sus hijos e hijas.
Lo sucedido en estas escuelas evidencia la ausencia de una estrategia efectiva en materia de seguridad y prevención que logre proteger a las infancias y adolescencias en el país, tanto de los efectos nocivos en el uso de sustancias ilícitas como de la violencia como una estrategia que les ubica como objetivos grupales.
Esta situación encontró su expresión masiva en las últimas semanas, pero la violencia contra los niños y jóvenes está desde hace tiempo y se manifiesta en casos menos visibles o en hechos que parecerían inicialmente aislados, o en eventos similares de menor escala.
Por ejemplo, en México, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes se ha incrementado de manera persistente en los últimos años. En 2021, se registraron 27,526 personas de entre uno y 17 años que tuvieron que ser atendidas en hospitales de México por haber sido víctimas de violencia, lo que representó un incremento de 43% respecto al año anterior.
Además, entre enero y agosto de 2022 se registraron 542 homicidios con arma de fuego de personas de entre 0 y 17 años en México (89 mujeres y 453 hombres), es un aumento de 3.9% con respecto al número de homicidios con arma de fuego de niñas, niños y adolescentes que tuvieron lugar en los mismos meses de 2021 a nivel nacional (519).
Estos son solo un par de datos sobre lo que hemos documentado como REDIM para evidenciar los efectos de una sociedad violenta y centrada en el adulto. Esta dinámica social hace posible que haya expresiones diversas de violencia, más aún si se agrega el que el Estado no termina de poner en su lista de prioridades la protección de la niñez.
Es el Estado quien tiene que garantizar los derechos de niñas, niños y jóvenes. Creemos que la fuerza tendría que estar volcada en investigar urgentemente las causas de las intoxicaciones y buscar una solución para que no se repitan.
Para tener respuestas efectivas, se necesitan políticas que no revictimicen a los niños y jóvenes pero hasta ahora, las soluciones propuestas por las escuelas y los gobiernos únicamente han sido programas como el de “mochila segura”, con los que se pone la mirada de responsabilidad y peligrosidad en las propias niñas y niños, quienes son a quienes se debe proteger.
Y tan importante como conocer la verdad sobre estos hechos, será conocer a las personas responsables y también será crítico conocer las penas que recibirán los responsables por la comisión de estos actos. Estos hechos no deben quedar en la impunidad si queremos evitar que el patrón de estos eventos se repita y se extienda en todo el país.
aranza
