Salud
Tenemos una manera de acabar con la epidemia de opioides, pero no la voluntad
Beth Macy | The Washington Post
En 2020, durante una charla que estaba dando sobre la epidemia de los opioides en la Asociación de Comisarios de Indiana, supe que la cosa no iba bien. Cuando sugerí que los oficiales encargados de hacer cumplir la ley reubicaran a los arrestados con trastornos por uso de sustancias a centros de tratamientos en lugar de llevarlos a la cárcel, los comisarios parecieron estar más indignados que interesados. Cuando propuse que a los prisioneros se les ofrecieran medicamentos como metadona o buprenorfina en el lugar para tratar su dependencia a los opioides —el estándar de referencia de su tratamiento— un comisario bufó: “Cuando salen de mi cárcel están limpios”.
Quizás, pero no por mucho tiempo: las personas que salen de la cárcel tienen hasta 40 veces más probabilidades de morir por sobredosis en las primeras semanas después de su liberación. No hace falta decir que cuando terminé mi charla, lo que obtuve fue el sonido de un solitario miembro de la audiencia aplaudiendo lentamente. Recibí el mensaje.
Pero Estados Unidos no está recibiendo el mensaje de que la crisis de sobredosis por opioides —la cual le ha quitado la vida a más de un millón de estadounidenses desde que comenzó la plaga de OxyContin a mediados de la década de 1990— está lejos de terminar. Según datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 107,000 estadounidenses murieron en 2021 por sobredosis de drogas, siendo los opioides el principal factor impulsor.
Lo que alimentó la epidemia es bastante conocido: la codicia de las compañías farmacéuticas, alentada por los políticos y cabilderos a los que les pagaron para eliminar las barreras regulatorias. Eso, más la persistencia de la mentalidad de la “guerra contra las drogas”, que tiene décadas y que trata a las personas adictas como criminales en lugar de seres humanos con una condición médica tratable.
Aunque ponerle fin a la crisis a veces pareciera ser una causa perdida, la solución es sorprendentemente simple: hacer que el tratamiento sea más fácil de obtener que la misma droga.
En otras palabras, ofrecer tratamiento gratuito por encargo a las personas que no puedan pagarlo. El Congreso hizo eso para las personas con VIH/sida en 1990, cuando puso a disposición medicamentos antirretrovirales a la misma escala que la de la crisis. Esa nueva capacidad de los pacientes de controlar su enfermedad no solo salvó millones de vidas, sino que también disminuyó el estigma que rodeaba a la enfermedad.
La metadona y la buprenorfina son los antirretrovirales de la crisis de sobredosis. Reducen los antojos y previenen la abstinencia, y causan que las personas tengan 82% menos probabilidades de morir que las que no toman los medicamentos.
Pero estos medicamentos son escandalosamente difíciles de conseguir; solo 5% de las personas con trastorno por uso de opioides lograron obtenerlos en 2020, me dijo recientemente el zar antidrogas de Estados Unidos, Rahul Gupta.
En esta era de fentanilo barato y de alta potencia, la metadona es particularmente efectiva, pero está restringida por políticas concebidas hace medio siglo, cuando el gobierno del expresidente Richard Nixon inició la “guerra contra las drogas”. Las reglas les exigían a las personas adictas a los opiáceos a que fueran a las clínicas de metadona la mayoría de las mañanas para recibir su dosis. Esas regulaciones eran estigmatizantes y engorrosas (viajar antes del amanecer, antes del trabajo) y, sin embargo, esa es la estrategia que persiste.
A diferencia de la metadona, la buprenorfina se puede recetar de forma ambulatoria. Pero desde el año 2000, a los proveedores de buprenorfina se les exige recibir capacitación adicional para obtener una “exención X” obligatoria de la Administración de Control de Drogas. Debido a estas y otras restricciones, solo alrededor de 6% de los médicos han obtenido la exención, lo que ha creado brechas de acceso críticas, en particular para los estadounidenses de las comunidades rurales y negras.
Sea cual sea la escasa existencia de los proveedores exentos, se encuentran en su mayoría en los centros urbanos. Algunos activistas del tratamiento rural se han visto obligados a usar sus exenciones en la carretera, a lugares donde no existe un fácil acceso a la buprenorfina: debajo de puentes, en estacionamientos de McDonald’s, en campamentos de personas en situación de calle.
Una notable señal de esperanza en la lucha por proporcionar tratamiento a quienes lo necesitan se encuentra en el patio trasero del Washington Post. La comisaria Stacey Ann Kincaid del condado de Fairfax ha establecido políticas que están ayudando con éxito a las personas adictas que ingresan en la cárcel del condado. Las políticas incluye la examinación y detección de adicción en los nuevos reclusos, y luego se les ofrece tanto buprenorfina como asistencia psicológica a quienes lo requieran. Esto se hace en un momento en el que la mayoría de los encargados de las cárceles tienden a considerar el tratamiento de los reclusos con buprenorfina como un lujo que “malcría a los delincuentes”.
Kincaid también ha abierto sus puertas a cruciales proveedores de tratamiento, entre ellos especialistas de apoyo entre pares, cuya ayuda incluye recoger a los reclusos en el momento de su liberación, cuando son más vulnerables a una recaída y a una sobredosis posiblemente letal.
Más de 7 millones de estadounidenses sufren en la actualidad las torturas de la adicción a los opiáceos, lo que tiene un costo incalculable para sus familiares. A menos de que los legisladores, las fuerzas del orden y otros tomen medidas contundentes, el país podría llegar a perder otro millón de estadounidenses por sobredosis de drogas en los próximos ocho años.
El Congreso podría tomar una medida inmediata: aprobar el Mainstreaming Addiction Act (Ley de Integración de Adicciones), lo que eliminaría el requisito de la exención X para recetar buprenorfina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también podría ayudar solicitando el fin de la prohibición de la financiación federal de jeringas; eso ayudaría a quienes proporcionan reducción de daños, los cuales proporcionan de todo, desde naloxona, el fármaco usado para revertir sobredosis, hasta agujas limpias para prevenir la propagación de enfermedades, así como conexiones críticas para la atención médica.
Estos héroes de la atención médica de primera línea, que luchan contra la crisis de sobredosis por opioides, entienden muy bien que no puedes recuperarte si estás muerto.
aranza
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