Pan y Circo
El arresto de Ovidio Guzmán confirma una estrategia vieja y poco efectiva contra el narco en México
Peniley Ramírez | The Washington Post
Hace dos años, en Estados Unidos, el secretario de Estado Antony J. Blinken calificó a Ovidio Guzmán como un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, junto a sus hermanos Iván, Alfredo y Joaquín, todos hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ofreció cinco millones de dólares como recompensa por su captura.
Este 5 de enero, cuando el Ejército mexicano detuvo a Ovidio horas antes de la llegada del presidente estadounidense Joe Biden a México, se anunció como un gran éxito. Una mirada más atenta al arresto permite cuestionar por qué México aceptó, otra vez, la estrategia estadounidense de combate a las drogas que, en el fondo, no ha dado resultados.
Registros judiciales muestran que Ovidio no es el capo heredero del Cártel de Sinaloa, sino un operador de sus hermanos mayores. Su detención confirma que México busca capturar a traficantes de rango mediano, con presencia mediática. Entre 2006 y 2018 el país siguió esta tendencia. El actual gobierno la criticó y se propuso cambiarla desde 2018, pero ahora la retomó.
Ovidio es uno de los hijos menores de “El Chapo” Guzmán. En 2017, un gran jurado en una corte del Distrito de Columbia lo acusó, junto a su hermano Joaquín, de traficar a Estados Unidos cantidades mínimas de droga en comparación con otros miembros de su familia: cinco kilogramos o más de cocaína, una tonelada de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas, entre 2008 y 2018.
Es una acusación parca, de cuatro páginas. No se detalla su rol, con quiénes se habría asociado o cuáles otros miembros del clan familiar trabajaban con él.
En cambio su padre, “El Chapo” Guzmán, fue condenado por traficar más de 240 toneladas de cocaína, en contubernio con Ismael “El Mayo” Zambada y otras personas, según casos en distintas cortes que terminaron en un juicio en Nueva York.
Desde 2009, uno de los hermanos mayores de Ovidio fue requerido por una corte de Chicago. Alfredo Guzmán fue acusado de traficar “grandes cantidades de cocaína, generalmente en cargamentos de cientos de kilogramos” junto con “El Chapo” y “El Mayo”.
En 2013, un gran jurado en California aprobó juzgar a otro hermano de Ovidio, Iván Archivaldo Guzmán, como traficante junto a tres miembros de la familia Zambada.
De los hermanos, las acusaciones públicas contra Ovidio son las menos detalladas y graves. Sin embargo, desde 2019 el gobierno mexicano se enfocó en detenerlo.
La acusación de 2021 contra la pareja de “El Chapo”, Emma Coronel, explica el papel de Ovidio en el clan familiar. En 2015, “El Chapo” escapó de un penal de máxima seguridad por un túnel que construyeron debajo de la cárcel. Cuando se construía, Ovidio entregaba a Coronel detalles de la fuga. Ella los transmitía al Chapo cuando lo visitaba.
“Investigamos a toda la familia Guzmán, incluido Ovidio, y los denunciamos por lavado de activos”, me dijo en entrevista Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Pero el juez que lleva su caso confirmó que Ovidio no fue acusado de nada en México.
“En esos clanes la edad pesa mucho. Tienen mucho más poder sus hermanos Alfredo e Iván que Ovidio. Su papel no era directivo. Era más un operador territorial”, explicó en entrevista Eduardo Guerrero, director de la consultora Lantia Intelligence. Agregó que la detención de Ovidio “afectará temas logísticos y el balance de poder en ciudades controladas por los hijos de ‘El Chapo’, pero no mucho más”.
El arresto, sin embargo, confirma un cambio en México: el incremento de detenciones de traficantes de rango medio, ante la creciente presión de Estados Unidos para que su vecino dé resultados en el combate al fentanilo.
En 2022, la Estrategia Nacional de Control de Drogas de la administración Biden puso énfasis en la necesidad de reducir la oferta del fentanilo y atacar las finanzas del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Administración para el Control de Drogas estadounidense detectó producción de fentanilo por primera vez en México en 2018. Al año siguiente, la presidencia mexicana me dijo que no había laboratorios de fentanilo en el país. Después, han desmantelado laboratorios en Ciudad de México, Baja California, Durango, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Sinaloa, relacionados con el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
En diciembre, un informe del Congreso estadounidense confirmó que la mayor parte de los precursores para elaborar fentanilo viajan de Asia a América. Sus clientes son el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Estas organizaciones “fabrican volúmenes al mayoreo de fentanilo ilícito de baja pureza en México y controlan el tráfico de fentanilo a Estados Unidos”.
México accedió a controlar más la importación de precursores. Desmanteló una red de corrupción en el otorgamiento de permisos y anunció registros electrónicos para la venta. En los últimos dos años, ha anunciado mayores decomisos de fentanilo y detenciones, una estrategia contraria a la que tuvo al inicio la actual administración.
Lantia Intelligence encontró que México detuvo a menos de 40 jefes del narcotráfico en 2018, el primer año de la actual administración, y a más de 200, la mayoría del CJNG, en 2022.
Adherirse nuevamente a la estrategia estadounidense permite a México presumir en las reuniones bilaterales como la de esta semana, pero no ha generado cambios sustanciales. Las muertes por sobredosis crecen en cifras alarmantes en Estados Unidos, mientras México suma más homicidios por la violencia relacionada con el trasiego de drogas.
Un informe reciente señala que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha congelado al CJNG unos 40 millones de dólares de ganancias en cuentas bancarias, mientras al Cártel de Sinaloa le han congelado cuatro veces menos, apenas unos nueve millones.
Estas cifras oficiales palidecen ante otra, de la Oficina para las Drogas y el Delito de la ONU: los cárteles mexicanos lavan —al menos— unos 25,000 millones de dólares anuales de actividades ilícitas.
La detención de un hijo de “El Chapo” poco cambia ese panorama. El combate a las drogas requiere desmantelar grandes estructuras transnacionales de logística y lavado de dinero, no solo ir tras detenciones espectaculares. Estas dejan rédito político pero, muchas veces, generan más violencia por la atomización de las mafias. En ambos países falta mucho por hacer en cuanto a desmantelar estructuras de fabricación, traslado y venta de miles de toneladas de drogas que aún se consumen en Estados Unidos todos los días.
aranza
