Vox Populi

El terror de la Guardia Nacional

2019-07-01

En dicho estado de cosas, la primera cuestión que advierto es: militarizar una frontera no...

 

Por Claudia Aguilar | Revista Siempre

Desde hace unos días, miles de elementos de la Guardia Nacional han sido desplegados en la frontera de nuestro país y encomendados a labores de patrulla fronteriza, de manera indistinta, en un sentido o el otro, ya sea que se trate de migrantes intentando entrar a territorio mexicano o, paradójicamente, de personas buscando salir para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto ha tenido consecuencias muy lamentables, en tanto ya desde ahora se perfilan visos del uso arbitrario de esta fuerza de seguridad pública militarizada.

Es así que en la frontera comienzan a darse detenciones que tendrán como consecuencia la separación de familias, con esas mismas políticas que tanto hemos criticado a nuestro vecino país del norte y cuyo cese hemos legítimamente demandado. Mismo caso respecto de los centros de detención de migrantes de los Estados Unidos, que han sido rechazados por años, debido a las condiciones indignas en las que tienen a las personas, privadas de su libertad. No obstante, en este momento, empieza a verse el mismo fenómeno en nuestro país.

En dicho estado de cosas, la primera cuestión que advierto es: militarizar una frontera no es común, ni es lo ideal. Porque la militarización implica conflicto. ¿Con quién es la disputa en este escenario? No queda claro, pero sin duda la fortificación de la franja fronteriza, empleando estas medidas, generará aislamiento, polarización y, por ende, mayor desigualdad en perjuicio de las y los mexicanos. Por eso es que este afán por “quedar bien” con los Estados Unidos puede salir muy caro en un sentido geopolítico.

No pretendo pasar por alto la amenaza en la imposición de aranceles que anunció la Casa Blanca hace unas semanas y que cesó solo una vez que el Gobierno de México se comprometió al reforzamiento de sus fronteras, pero en ocasiones debe velarse por salvaguardar el Estado de Derecho y la gobernabilidad soberana de un país, antes que el comercio, máxime si México representa un socio tan importante para los Estados Unidos de Norteamérica, que además, en el contexto globalizado, pudiere comenzar a mirar hacia otros horizontes en búsqueda de alianzas comerciales. Es decir, tal vez el capital político económico mexicano no se está haciendo valer de la manera correcta; vaya esto está claro por la ausencia de nuestra representación en esta cumbre del G20.

Pero hay un tema que es de previo análisis y es aquel que atiende a la dignidad del ser humano; de lo que realmente importa. Cada vez hay más evidencia, en este contexto, de violaciones al derecho al libre tránsito por el territorio y, en términos amplios, a la movilidad, aunadas a transgresiones a los derechos a la seguridad e integridad personal, a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la igualdad y no discriminación y, tristemente, incluso a la vida.

Mucho he escuchado en el discurso de esta administración que las autoridades serán preparadas en la materia de “respeto” a los derechos humanos. Pero parece que hace falta mucho más que eso, siendo necesaria una auténtica garantía a favor de todos los derechos. Porque el Estado Mexicano no está obligado a proteger los derechos fundamentales solo de sus connacionales. Es por ello que, para las personas que emigran, no solo ha quedado desdibujado el sueño americano, sino que ahora se está configurando el terror mexicano. ¿Dónde quedó aquel que en el siglo pasado era considerado un ejemplo de país de asilo?

Entendámoslo así, nuestra Constitución Política y los tratados internacionales que han sido suscritos no obligan a las autoridades exclusivamente frente a quienes son de nacionalidad mexicana, sino frente a todas las personas, con independencia de su nacionalidad, origen o su condición de migrantes; lo contrario es discriminación.

Aunado a ello, y con relación al uso de la Guardia Nacional para estas funciones, lo cierto es que la política migratoria no es parte de la de seguridad pública. De ahí que resulte inadmisible que las fuerzas armadas estén llevando una repudiable persecución en contra de los extranjeros que añoran llegar a la frontera norte.

Esta situación ha llegado al absurdo de que te soliciten tus documentos en todos los viajes comerciales por vía terrestre o aérea, infringiendo con ello además el derecho a la privacidad y a los datos personales sin justificación. Ni en Estados Unidos está vigente una política de este tipo. México tiene obligaciones internacionales que debe observar y en este punto no está cumpliendo. Dar buenos gestos, prácticamente guiños en efectivo, a los titulares de los poderes ejecutivos de los países centroamericanos con mayores índices de migración no es, de ninguna manera, la solución ni estará cerca de ser suficiente. El problema es regional y es también de Estados Unidos, no solo de México.

Por último, ¿qué carácter y naturaleza jurídica tiene el acuerdo “complementario” por el que Estados Unidos y México acordaron medidas para atender la situación actual en la frontera? El propio documento que fue remitido en el informe del canciller Ebrard al Senado hace referencia a la próxima celebración de un convenio bilateral que ayude a la repartición y asignación de responsabilidades en las peticiones de refugio de migrantes. ¿Cuáles serán las consecuencias a mediano y largo plazo de un compromiso de este tipo? ¿México sería tercer país seguro o, mejor dicho, trampa de personas migrantes? Porque, tristemente, a nuestro país le faltaría, al menos, la seguridad para poderse atribuir dicho calificativo.

Parece que Trump percibe la debilidad institucional de este Gobierno y la está jugando a su favor, en el marco del proceso electoral por el que buscará su reelección. En tanto, se anuncia la cancelación de los programas de conducción en el Instituto Mexicano de la Radio y la opinión pública distrae su atención. No quitemos el dedo del renglón y exijamos los derechos de quienes, por su situación jurídica, de falta de recursos, garantías y protección, no tienen voz. De quienes hoy se encuentran desamparados y están en nuestra casa; teniendo todo derecho, como fue para nuestros padres y madres, a que también sea suya si así lo desean.


 



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