Arrestos por sobornos en la reparación de la red eléctrica en Puerto Rico

Por Patricia Mazzei y Frances Robles | The New York Times

MIAMI — Una exadministradora de alto nivel de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fue detenida el 10 de septiembre debido a una amplia investigación federal de corrupción que halló que la funcionaria aceptó sobornos del presidente de una compañía que recibió contratos federales por 1800 millones de dólares para reparar la red eléctrica de Puerto Rico, que quedó destruida tras el paso del huracán María.

Las autoridades federales arrestaron a Ahsha Tribble, exadministradora adjunta de FEMA para la región que incluye a Puerto Rico, y a Donald Keith Ellison, expresidente de Cobra Acquisitions, con quien Tribble tenía una “relación personal cercana”, anunció Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal federal de Estados Unidos en Puerto Rico. Se les acusa de conspirar para defraudar al gobierno federal, entre otros cargos.

Jovanda R. Patterson, otra empleada de FEMA que trabajó como jefa adjunta de personal en Puerto Rico y más tarde fue contratada por Cobra, también fue detenida, señaló Rodríguez.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha descrito en repetidas ocasiones a los líderes de Puerto Rico como personas incompetentes y corruptas. Sin embargo, en los arrestos del martes no se vio involucrado ningún puertorriqueño, sino una antigua empleada federal que trabajaba en la isla para el gobierno de Trump.

A Tribble, que tiene un doctorado en Meteorología, le asignaron durante un año la región de Puerto Rico, donde fue la principal responsable del sector energético de la agencia. También fue asesora de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama.

De acuerdo con los fiscales, Ellison le dio regalos a Tribble a cambio de que ejerciera su influencia dentro de FEMA para que Cobra tuviera ventajas. La “serie de beneficios” consiste desde un viaje en helicóptero por Puerto Rico hasta la obtención de un departamento en Nueva York, dijeron las autoridades.

También incluyeron servicios de seguridad personal; el uso de una de las tarjetas de crédito de Ellison; boletos de avión, incluido uno de primera clase desde San Juan, la capital puertorriqueña, hasta Nueva York, así como estancias en hoteles de Fort Lauderdale, Florida, y Charlotte, Carolina del Norte. Ellison y Tribble viajaron juntos y se quedaron en la misma habitación, dijo Rodríguez. Uno de sus itinerarios mencionados en la acusación se refería a viajes en los que usaron las palabras “tú”, “yo” y “nosotros”.

Ambos acusados trataron de ocultar los regalos usando la tarjeta de crédito de Ellison. Tribble se comunicaba con Ellison usando su correo electrónico personal y celulares, entre ellos uno desechable, de acuerdo con la acusación.

Tribble fue acusada de realizar acciones oficiales para favorecer los intereses de Cobra a cambio de los regalos. De acuerdo con la acusación, por ejemplo, en febrero de 2018, después de que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico informó sobre una explosión en una subestación en Monacillo, Puerto Rico, que dejó a varias municipalidades sin electricidad, Tribble insistió en que los servicios públicos contrataran a Cobra para hacer las reparaciones o se arriesgaran a que FEMA no les rembolsara el dinero, aunque los dirigentes de los servicios insistieron en que podían llevar a cabo el mismo trabajo a un costo mucho menor.

“Se aprovecharon de uno de los momentos más vulnerables en la historia de Puerto Rico para enriquecerse”, dijo Rodríguez.

Patterson, que era amiga de Tribble, renunció a FEMA en julio de 2018 para aceptar un empleo en Cobra, el cual negoció con la ayuda de Tribble mientras ella participaba en la evaluación de Cobra como proveedor de FEMA, señala la acusación.

Tribble fue arrestada en Florida; Ellison, en Oklahoma, y Patterson, en California, señalaron los fiscales.

Los investigadores del caso más reciente no encontraron pruebas de que algún miembro del personal de la Autoridad de Energía Eléctrica, conocida comúnmente como AEE, estuviera involucrado en el ardid, comentaron los fiscales.

Mediante un comunicado, José Ortiz Vázquez, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, dijo que la compañía canceló su contrato con Cobra en marzo, cuando se enteró de posibles irregularidades. Para entonces se habían desembolsado 1100 millones de dólares.

“Para nosotros siempre ha sido una prioridad ayudar y colaborar con las investigaciones realizadas por las autoridades locales y federales, y seguiremos haciéndolo como parte de nuestro deber ministerial para asegurar el uso adecuado de los fondos públicos”, comentó Ortiz.

Cobra es subsidiaria de Mammoth Energy Services. Peter Mirijanian, portavoz de Mammoth, dijo que la empresa había estado colaborando con las autoridades.

“Mammoth está al tanto de la investigación del gobierno en torno a Tribble y Ellison. La empresa ha estado cooperando y seguirá haciéndolo”, agregó.

Cobra fue una de las primeras compañías en llegar a Puerto Rico para ayudar a restaurar la electricidad después de que María destruyó la red eléctrica en septiembre de 2017. Tomó casi un año y varios miles de millones de dólares repararla hasta dejarla como estaba antes del paso del huracán María y de la tormenta que lo antecedió, el huracán Irma.

Whitefish Energy, una pequeña firma de Montana que fue contratada para los primeros trabajos de reparación, enfrentó críticas generalizadas y casi inmediatas por cobrar más de 300 dólares la hora por los técnicos. Aunque el gobierno de Puerto Rico se vio obligado a cancelar el contrato de Whitefish debido al escándalo, Cobra consiguió un acuerdo cuyos términos eran prácticamente idénticos a los de Whitefish, pero logró escapar de la atención pública generalizada.

Conforme se prolongaban las obras, los competidores dijeron que se dieron cuenta de que FEMA parecía imponer a Cobra en la AEE, y Tribble fue vista socializando en público con Ellison en San Juan de una manera que insinuaba una relación amorosa.

William Leone, el abogado de Ellison, describió a su cliente como un antiguo ranger del ejército y “héroe de guerra condecorado” que había estado en activo en Somalia, Afganistán e Irak.

“Keith Ellison no hizo nada malo en este caso”, dijo Leone. “No hubo sobornos. No hubo intención de corrupción. Él y Ahsha Tribble eran amigos; no hay nada ilegal ni inapropiado en eso”.

Leone enfatizó que el contrato se otorgó antes de que Ellison conociera a Tribble, y señaló que los costos del contrato fueron auditados por RAND Corporation y se consideraron razonables.

“Todo está bien con el contrato y no tiene nada de malo tener una relación personal cercana con alguien que trabaja en FEMA”, agregó. “Todos los aspectos del contrato fueron auditados, revisados y aprobados en muchos niveles de la burocracia gubernamental. No creo que ninguna persona pudiera haber influido en la manera en que se llevó a cabo”.

Bridget Moore, la abogada de Tribble, dijo que ella y su codefensor “esperaban reivindicar a su clienta y revelar los detalles de cómo ha manejado el gobierno esta investigación”.

No obstante, Wanda Vázquez, la gobernadora de Puerto Rico, dijo que lo especificado en los cargos era “reprensible y atroz”.

“De acuerdo con esta acusación, hicieron mal uso de los recursos y se aprovecharon de la necesidad y el dolor que enfrentó Puerto Rico tras el paso del huracán María”, comentó, y agregó que el gobierno seguirá reforzando sus medidas anticorrupción.

FEMA “está cooperando totalmente con los investigadores federales”, señaló la agencia mediante un comunicado. “La misión de FEMA es ayudar al pueblo estadounidense antes, durante y después de los desastres, y nuestra misión solo puede lograrse manteniendo la confianza de la sociedad y las personas a las que atendemos. Por eso, la agencia se toma muy en serio las acusaciones de mala conducta de los empleados e impone a todos sus miembros los estándares éticos más altos, exigiéndoles que protejan los recursos del gobierno y den prioridad al servicio público por encima de las ganancias privadas en todo lo que hacen”.

Tribble actualmente está suspendida sin goce de sueldo y no tiene acceso oficial a las instalaciones, los sistemas ni los registros de FEMA, señaló la agencia.

Las autoridades federales han estado llevando a cabo indagaciones de gran alcance sobre la corrupción en Puerto Rico. Seis personas, entre ellas dos altas funcionarias de gobierno, fueron arrestadas en un caso aparte en julio por acusaciones de desviar 15,5 millones de dólares en contratos federales a consultores conectados políticamente. El caso provocó tensiones contra Ricardo Rosselló, quien en ese entonces era gobernador de Puerto Rico. Una filtración de cientos de páginas de una conversación privada de mensajes de texto entre él y su círculo íntimo días después desató dos semanas de protestas masivas que llevaron a la renuncia de Roselló.

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