Derechos Humanos
Corte autoriza pesquisa de actos de Myanmar contra rohinya
Por MIKE CORDER
LA HAYA (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional aprobaron el jueves una solicitud de los fiscales para abrir una investigación por los crímenes cometidos contra la minoría musulmana rohinya en Myanmar.
La corte señaló que tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos parcialmente en Bangladesh, que es Estado miembro del tribunal. Myanmar, que no integra la corte internacional, ha sido acusado de cometer abusos generalizados en una campaña contra el grupo étnico rohinya.
Las fuerzas militares de Myanmar iniciaron una campaña de contrainsurgencia en agosto de 2017 en respuesta a un ataque insurgente. Más de 700,000 rohinya huyeron al vecino Bangladesh para escapar de la que ha sido considerada una campaña de eliminación étnica que incluye violaciones multitudinarias, asesinato y quema de viviendas.
La corte indicó en un comunicado que un panel de jueces que evaluaron la petición de la fiscal Fatou Bensouda de abrir una investigación concluyó que existen elementos para creer que actos generalizados de violencia fueron cometidos “que podrían ser calificados como crímenes contra la humanidad de deportación a lo largo de la frontera entre Myanmar y Bangladesh y persecución con base en etnicidad y/o religión contra la población rohinya”.
La decisión se dio pocos días después de que Gambia, en nombre de la Organización de Cooperación Islámica, presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Myanmar de genocidio en su trato a los rohinya.
Ambas cortes tienen sus sedes en La Haya. La Corte Penal Internacional pretende condenar a individuos responsables por los crímenes, mientras que la Corte Internacional de Justicia resuelve disputas entre naciones.
El gobierno y las fuerzas militares de Myanmar han negado consistentemente que hayan violado derechos humanos y aseguran que sus operativos fueron justificados en respuesta a los ataques cometidos por insurgentes rohinya.
En julio, Bensouda pidió a los jueces permiso para investigar.
De acuerdo con la evidencia que ella presentó para respaldar su petición, se calcula que entre 600,000 y un millón de integrantes de la etnia rohinya fueron trasladados a Bangladesh desde el vecino Myanmar.
La corte explicó que los jueces que consideran la solicitud recibieron las perspectivas de o a nombre de cientos de miles de presuntas víctimas.
Los jueces apoyaron unánimemente una investigación y muchos “creen que sólo la justicia y la rendición de cuentas pueden garantizar que el círculo de violencia y abuso detectado” termine, subrayó la corte.
Los rohinya musulmanes enfrentan una fuerte discriminación en Myanmar, dominado por budistas y donde los integrantes de la etnia son considerados como inmigrantes no autorizados provenientes de Bangladesh, a pesar de que muchas familias han vivido en Myanmar por generaciones. A la mayoría les ha sido negada la ciudadanía y derechos civiles básicos.
En septiembre, una misión de investigación de dos años de Naciones Unidas reportó que la campaña contrainsurgente de Myanmar en 2017 incluyó “actos genocidas”, cobró la vida de miles de personas y obligó a cerca de 740,000 más a huir hacia el poro lado de la frontera.
De acuerdo con la misión, cuenta con una lista confidencial de más de 100 personas sospechosas de haber participado en genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, además de los seis generales que de antemano fueron señalados hace un año.
Las conclusiones de la misión seguramente serán un elemento clave de la evidencia una vez que los fiscales de la Corte Penal Internacional inicien su pesquisa formal.
Jamileth
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