Caso Zaldívar: lo que el viejo régimen y sus intelectuales siguen sin entender

Gibrán Ramírez Reyes, The Washington Post

El debate sobre la extensión del periodo de Arturo Zaldívar al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus implicaciones para el orden constitucional mexicano carece de autenticidad y exuda un histrionismo que solo tiene sentido entre el personal político profesionalizado.

Intelectuales y políticos venidos del viejo régimen —de la llamada “transición a la democracia”, un proceso de desmontaje de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional que suele fecharse entre 1977 y 2000— no han dudado en declarar prácticamente la muerte del sistema constitucional mexicano en este debate, con la notable pero no inesperada suma del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien afirma que caminamos hacia el autoritarismo y el “país de un solo hombre”. Lo único que sucedió en este caso es que una mayoría, que incluyó votos opositores, aprobó en el Congreso una reforma que contiene un artículo transitorio que extiende el periodo actual de la presidencia de la Corte. No se extiende la duración de ese mismo poder colegiado, ni siquiera el período de algún ministro.

El artículo transitorio en cuestión tiene visos de inconstitucionalidad y, por ello, una parte de la oposición presentará una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, un mecanismo que se creó justamente para imponer límites republicanos a las mayorías democráticas. La Corte decidirá al respecto, elaborará razonamientos técnicos y, una vez que eso suceda, el significado que quería darse a esta votación como un paso en la construcción de un régimen autoritario quedará difuminado como el humo que sucede a los fuegos artificiales —fuegos electorales en este caso—. Lo que hay es la Constitución funcionando.

Sorprende, por eso, la pasión desbocada con que se trata el tema y la presunción implícita de que antes los pilares del orden constitucional estaban vigentes. No lo están, no lo han estado por muchos años y los gobiernos no solo los desatendieron, sino que el Estado en su conjunto caminó en sentido contrario. Durante decenios se ha incumplido intencionadamente el mandato constitucional de un salario remunerador que sea suficiente para el sostenimiento de una familia e incluso para su recreación (apenas ha comenzado a recuperarse); ha dominado en las reformas electorales un concepto de democracia contrapuesto al del artículo tercero constitucional, que implica que esta sea entendida como una forma de vida basada en el constante mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo; ha imperado y se ha exacerbado la discriminación, que se practica incluso alegremente en el espacio político.

Los diseños institucionales del régimen de la transición sepultaron conquistas sociales del régimen posrevolucionario, de modo que el orden constitucional mexicano está roto hace tiempo, y el actual alarido de las voces que defienden el período de la presidencia de la Corte, como si la vida les fuera en ello, denota nada más que consideran que los postulados que gobiernan la distribución del poder son sustancialmente más importantes que los mandatos constitucionales que sostienen derechos sociales o garantías individuales —otro aspecto fundamental del orden constitucional que se volvió pomada con la política de guerra del expresidente Felipe Calderón, donde hubo menos voces de juristas indignados—.

En el régimen que ahora termina, las reglas para la distribución del poder en la “clase política” se volvieron lo más importante, aunque a veces se violentaron también para asentar al régimen y sus formas institucionales. Sucedió en 1994 y no se trató, como en el caso actual, de un error de técnica al generar un régimen transitorio para pasar de una a otra forma de ser del poder Judicial. Sin esa elegancia a la que ahora aspiran los ideólogos venidos de entonces, el expresidente Ernesto Zedillo desapareció y reapareció la SCJN de un reformazo, para hacerla funcional a la tríada partidista PRI-PAN-PRD y, de paso, sacudirse a los ministros heredados de su predecesor, Carlos Salinas, porque en política mandan las correlaciones de fuerzas hasta donde la Constitución lo permite.

Al mismo tiempo en que los procedimientos para distribuir entre tres partidos el poder se convirtieron en el eje de la vida pública, se prohijó una economía política que destrozó el cumplimiento de los pilares sociales de la Constitución, bajo el dogma de la estabilidad macroeconómica, pero salvaguardando siempre privilegios para los políticos y su entorno intelectual; quienes se lamentan actualmente por la república, lamentan en realidad el cuestionamiento a su legado, con todo y simulaciones, una hechura que piensan inmejorable.

Lo que se mira son apenas olas del cambio de régimen. El histrionismo va y viene sobre las corrientes submarinas de la historia que da a luz a un nuevo régimen con decisiones que tienen menos reflectores por ahora. La intelectualidad de la transición no ve el proceso, no lo controla, no lo asesora y de ahí viene su frenesí, de esa idea de descontrol. Es cierto que al nuevo régimen le falta formalidad y deliberación, pero ningún régimen empieza de forma distinta. Salinas vino a formalizar lo que comenzó a cambiar en el ocaso de la presidencia de José López Portillo, después de que el escritor Enrique Krauze enalteciera al expresidente Miguel de la Madrid y lo comparara con grandes reformadores de la historia inglesa en ese panegírico vergonzante que se llamó Por una democracia sin adjetivos. La intelectualidad de la transición fue la encargada de formalizar y dar cauce político al régimen neoliberal y por ello piensan que en realidad ellos hicieron el cambio democrático. Son peces que creían que hacían la corriente en que nadaban. Por ello piensan, como el escritor Roger Bartra, que se trasminarán al pueblo sus ideas, entre otras cosas porque están seguros de que tienen razón, aunque hayan dejado de observar lo que realmente sucede.

En el carnaval de conversación pública, a los lamentos por la presunta muerte del orden constitucional siguieron los festejos de quienes piensan que es un gran avance que caigan las candidaturas a gobernadores de Félix Salgado y Raúl Morón, del partido oficialista Morena. Más olas en la superficie que cambian los humores de una semana, pero no cambian las tendencias generales. A juzgar por la poca variación de las preferencias electorales, las mayorías están en otros temas. Eventualmente, cuando para la minoría sea clara la nueva correlación social de las fuerzas, será hora de sentarse a conversar para dar forma y reglas estables a esta nueva normalidad política y entonces, puede ser, acabará de nacer la nueva república.

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