Internacional - Seguridad y Justicia
‘Están agarrando a todo el mundo’: las detenciones masivas generan temores por la represión en El Salvador
Por Maria Abi-Habib y Bryan Avelar | The New York Times
María pasó el lunes buscando a su hijo de 16 años, indagó en varias cárceles y centros de detención juvenil pero no tuvo suerte: el joven fue una de las cientos de personas detenidas en las horas posteriores a la implementación del estado de excepción en todo El Salvador.
“La policía me dijo que solo lo iban a fichar y no lo he visto desde entonces”, dijo con nerviosismo, mientras pedía que no se revelara su apellido por temor a la represalias de la policía.
La detención del hijo de María, y otros arrestos masivos, se produjeron después de que 62 personas fueran asesinadas el sábado por las pandillas, lo que hace que sea el día más sangriento que se ha registrado en el país desde hace tres décadas cuando se acabó la guerra civil. Pero los grupos de derechos humanos y analistas han expresado su preocupación porque sospechan que las detenciones masivas tienen poco que ver con los asesinatos del fin de semana y temen que las nuevas medidas permitan que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se consolide aún más en el poder.
La violencia desencadenó una respuesta rápida del gobierno salvadoreño: las fuerzas militares y policiales rodearon los barrios, registrando vehículos y cacheando a cualquiera que intentara entrar o salir. La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el decreto del estado de excepción por 30 días, suspendiendo algunas libertades civiles garantizadas en la Constitución y otorgándole al gobierno la capacidad de realizar arrestos arbitrarios, intervenir teléfonos sin orden judicial y disolver reuniones públicas.
El domingo por la noche, las fuerzas de seguridad salvadoreñas dijeron que habían detenido a 576 personas en varios distritos de la capital. Algunas personas afirmaron que ni siquiera recibieron información básica sobre las razones por las que sus seres queridos fueron detenidos o adónde los llevaron.
“No hay mucha evidencia de que exista una conexión entre muchas de las personas detenidas y los asesinatos del sábado”, dijo Tiziano Breda, analista de Centroamérica en International Crisis Group, un grupo de expertos que analiza conflictos y disturbios globales.
“Algunos de los encarcelados son pandilleros mayores que han estado inactivos por un tiempo. Otros no son necesariamente pandilleros”, dijo. “Es una redada estigmatizada, donde cualquiera que parezca un matón puede ser arrestado”.
El hijo de María, José Luis, fue uno de los detenidos sin justificación, mientras él y su madre se encontraban en su casa de Santa Tecla, cerca de San Salvador, la capital. El domingo por la tarde, la policía tocó la puerta de su hogar y se llevó a José Luis por la fuerza, sin dar explicaciones, dijo María.
Pero su caso no fue la excepción, las fuerzas de seguridad también arrestaron a un conocido pastor evangélico que solía ser miembro de una pandilla pero se retiró hace más de una década. El pastor, William Arias, se había dedicado a convencer a los pandilleros para que se reintegraran a la sociedad. Según un vecino, fue detenido en las inmediaciones de su iglesia.
El lunes por la tarde, en un centro de detención ubicado en el cuartel de la fuerza naval en la capital, varias mujeres buscaban a sus hijos y esposos.
Eugenia, una vendedora ambulante, llegó buscando a su hijo Kevin, de 18 años, quien fue detenido el domingo por la tarde, junto con varios de sus amigos, mientras veían un partido de fútbol en su barrio. Agentes de la policía local le dijeron a Eugenia que había sido imputado por el delito de formar parte de un “grupo ilegal”, pero no proporcionó detalles ni pruebas.
“Ahora la policía y los militares no están preguntando nada”, dijo Eugenia quien, como todos los entrevistados, pidió que no se divulgara su apellido por temor a represalias.
“Están agarrando a todo el mundo”, afirmó.
El gobierno de El Salvador se apresuró a mostrar sus esfuerzos, tuiteando videos de las fuerzas de seguridad mientras allanaban casas en los barrios pobres y arrestando a decenas de personas en las calles. Bukele dijo en Twitter que se habían producido alrededor de 1000 arrestos desde el domingo por la mañana, sumándose a los 16,000 pandilleros que, según él, ya estaban en prisión y que serían castigados por la violencia del fin de semana.
El mandatario dijo el domingo que el gobierno podría extender el estado de excepción más allá de los 30 días aprobados por los legisladores, avivando los temores de que esa medida pueda usarse para expandir la represión y arrestar a los críticos del gobierno.
“La suspensión de ciertos derechos constitucionales en El Salvador abre la puerta a todo tipo de atropellos”, dijo Juan Pappier, analista sénior de Human Rights Watch, en su cuenta de Twitter.
Bukele ha sido criticado por usar a los militares para interferir con la Asamblea Legislativa y por su decisión del año pasado de destituir a los jueces de la Corte Suprema y al fiscal general en lo que la oposición calificó como una toma de poder inconstitucional. El lunes, el presidente, que ha acusado a Estados Unidos de apoyar a la oposición en el pasado, parecía ansioso por involucrar a la comunidad internacional en su batalla contra las pandillas.
Después de decir en Twitter que le ordenó a las prisiones que racionaran la comida a los pandilleros encarcelados, Bukele lanzó un desafío que parecía estar dirigido a Estados Unidos: “Y si la ‘comunidad internacional’ está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas”.
Esas declaraciones alarman a los críticos del mandatario, particularmente después de que el gobierno de Bukele presionó a los legisladores para que propusieran un proyecto de ley que, según los grupos de derechos humanos, podría restringir el trabajo de los periodistas independientes y los grupos de la sociedad civil si reciben financiamiento o apoyo del extranjero. El proyecto de ley se está debatiendo y obligaría a las entidades a registrarse como agentes extranjeros, y su financiación estaría sujeta a un impuesto del 40 por ciento.
El año pasado, Estados Unidos acusó a Bukele de llegar a un acuerdo secreto con las pandillas más temibles del país, como la MS-13. En diciembre, el Departamento del Tesoro sancionó a varios altos funcionarios del gobierno salvadoreño, acusándolos de proporcionar incentivos financieros, prostitutas y acceso a teléfonos móviles a los líderes de pandillas encarcelados a cambio de que las organizaciones criminales reprimieran la violencia.
Bukele, y otros presidentes salvadoreños, han sido acusados ââde entablar esos acuerdos para reducir el crimen antes de las elecciones. El actual mandatario hizo campaña con la promesa de imponer la ley y el orden en las calles de El Salvador, país que en el pasado ha llegado a ser considerado como uno de los más violentos del mundo. Desde que asumió el cargo, hace casi tres años, parecía estar cumpliendo esa promesa.
Pero el sábado las bandas cometieron asesinatos al azar: vendedores ambulantes, gente que compraba pan y taxistas. Analistas y un funcionario estadounidense dijeron el domingo que es posible que el supuesto acuerdo entre el gobierno y las pandillas esté en crisis y la ola de asesinatos podría ser una medida de presión para renegociar los términos.
Bukele ha negado que su gobierno haya negociado y, en cambio, dijo que los bajos niveles de violencia son el resultado de una estrategia de seguridad secreta —llamada Plan Control Territorial— creada por las fuerzas de seguridad de El Salvador, pero cuyos detalles nunca se han divulgado.
“El plan de control territorial sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del gobierno del presidente Bukele”, dijo Astrid Valencia, investigadora sobre Centroamérica en Amnistía Internacional. “Esto demuestra el rechazo de las autoridades a la transparencia”.
Valencia afirma que la medida implementada por las autoridades, las detenciones masivas, había sido empleada por gobiernos anteriores con pocos resultados.
“Necesitamos una estrategia integral”, dijo.
En muchos sentidos, la violencia pandillera que sufre el país se originó en las calles de Los Ángeles. Durante la guerra civil del país, miles de salvadoreños emigraron a esa ciudad y se establecieron en comunidades pobres y marginadas que ya estaban plagadas de la violencia de las pandillas. Muchos de esos inmigrantes se unieron a las organizaciones existentes o comenzaron sus propias bandas para protegerse.
Después de que terminó la guerra en 1992, miles de inmigrantes salvadoreños arrestados en Estados Unidos por la violencia de las pandillas fueron deportados y regresaron a su país de origen que estaba en ruinas. Las cicatrices de la guerra de El Salvador habían atravesado el tejido de la sociedad, dejando un Estado decrépito con pocos servicios, condiciones perfectas para que los deportados establecieran ramas de sus pandillas de Los Ángeles en América Central.
Ahora, la MS-13 se ha convertido en una organización criminal transnacional que participa en todos los negocios, desde la recolección de basura hasta el tráfico de drogas ilegales en varios países.
Jamileth
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