Ecología
Ante la transición energética, hay que escuchar a quienes defienden los territorios indígenas
Por Josefa Sánchez Contreras | The Washington Post
La destrucción de la Tierra no es más que un atentado a la humanidad misma. Esta es una idea que los pueblos indígenas sostienen y han difundido desde los años 80. Pero la crisis climática, a pesar de la advertencia de los ambientalistas, se sigue agravando 40 años después. Las medidas mitigadoras que han expuesto los gobiernos y las empresas para solucionarla no son independientes del petróleo y vienen acompañadas por más acciones de despojo y violencia en contra de territorios indígenas.
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Mientras esto ocurre, en un escenario global de agotamiento del petróleo barato, México está obteniendo ganancias de las fuentes fósiles que aún posee y el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace meses promueve una reforma eléctrica que amenaza algunos beneficios de las empresas privadas, principalmente españolas.
La propuesta ha desatado una controversia diplomática pero también varios problemas sustanciales que no se muestran en el debate. Por ejemplo, en México se corre el riesgo de intensificar los despojos de los territorios indígenas contemplados para la extracción de minerales estratégicos para la transición energética, tal como sería el litio en Sonora, por mencionar un mineral del que ahora mismo se debate su nacionalización.
El problema debe entenderse en un escenario de desigualdad de la distribución y la producción energética en el mundo y en México. De ahí que sea relevante señalar un mito que derrumba el informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) : “No es incompatible luchar contra la pobreza energética y el cambio climático. Esto es así porque los grandes emisores son los más ricos: el 10% más rico emite diez veces más que el 10% más pobre”.
En un tiempo de riesgo, los movimientos sociales contra el cambio climático encuentran vínculos con la defensa de los territorios que durante siglos han encabezado los pueblos indígenas. Al igual que el informe del IPCC, ambos ponen de manifiesto la incompatibilidad del crecimiento económico capitalista con la vida humana en la Tierra.
Si la intención es proteger la vida en la tierra, no puede hacerse sin atender las defensas territoriales de los pueblos indígenas.
Ante la crisis se ha planteado una transición a las energías renovables que debería ser una alternativa, sin embargo, en los hechos sigue siendo dependiente de los combustibles fósiles y está aumentando exponencialmente el extractivismo minero. Además, las empresas que promueven la infraestructura eólica y fotovoltaica a gran escala, al igual que la industria fósil, mantienen prácticas que violentan los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas. Tal es el caso de los zapotecos e ikoots en el Istmo de Tehuantepec en México, del pueblo Sami en Noruega, y de los saharahuis en el Sahara Occidental en África.
La transición energética, lejos de superar la crisis, está intensificando las viejas relaciones capitalistas y coloniales, que nos han llevado a este momento de riesgo. Las prácticas de despojo y el nulo respeto a la propiedad primordial de la tierra, hace que la defensa de los territorios y del medio ambiente, sea cada vez más riesgosa, llegando a costar la vida.
Berta Cáceres, una de las ambientalistas del pueblo lenca en Honduras, quien luchó por conservar el agua para los pueblos y no cederla a proyectos hidroeléctricos, afirmaba que dar la vida por la defensa de los ríos también era dar la vida para el bien de la humanidad y del planeta.
Las defensas de los territorios y del medio ambiente son unas de las actividades más amenazadas. En el último reporte disponible se habla de casi cuatro activistas muertos cada semana. Por si fuera poco, en este panorama de desigualdad la disputa por la energía y los recursos minerales se agudiza con la guerra detonada entre Rusia y Ucrania.
Ante ello los países están modificando sus legislaciones y están diseñando planes energéticos para arribar a la transición con el fin de mantener altos consumos energéticos que no son posibles de abastecer con las energías renovables por irrefutables razones termodinámicas. La Unión Europea se ha planteado diez puntos para reducir su dependencia al gas natural de Rusia según la Agencia Internacional de Energía. Desde ahí, está proyectando inversiones para las fuentes renovables al mismo tiempo que ha declarado a las plantas nucleares como energía verde, cuando claramente no lo es.
En España la población paga montos excesivos por la electricidad, es el país europeo que está pagando uno de los saldos más altos de la política energética de la Unión Europea. Sus territorios están contemplados para la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos a gran escala. De concretarse, esto ubicaría a España como una batería para abastecer el centro y norte de Europa. No en vano, la paraestatal Red Eléctrica Española señala escenarios de producción que alcanzan los 217.6 GW lo cual está muy por encima de la media anual de consumo eléctrico de España que ronda los 30 GW.
aranza
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