Entre la Espada y la Pared
La Fiscalía mexicana me investiga por ser incómodo para el poder
Mario Maldonado | The Washington Post
México es el país sin guerra más mortal para la prensa y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Este año nueve periodistas han sido asesinados y, en los tres años que lleva el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un total de 34 han sufrido la misma suerte. El 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que fue celebrado por gobernantes e integrantes del gabinete presidencial con discursos sobre las supuestas garantías que hay para poder hacer nuestro trabajo. Dos días después, encontraron asesinado al periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos.
La violencia hacia los periodistas en México se da en todos los ámbitos: el presidente López Obrador mantiene, desde el inicio de su administración, una campaña de desprestigio y estigmatización contra buena parte del gremio. Ha incluido incluso a aquellos que lo acompañaron en sus años de lucha para llegar al poder, como Carmen Aristegui. Hace 10 meses implementó una sección en sus conferencias matutinas para intimidar a los medios de comunicación llamada “Quién es quién en las mentiras”. Con esta venia, los gobiernos estatales y locales también acosan e intimidan a periodistas, y tanto el crimen organizado como políticos han sido autores materiales e intelectuales del asesinato de periodistas.
En este entorno aterrador de abuso de poder e inseguridad para ejercer el oficio, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó una investigación en mi contra por haber publicado en Twitter un enlace de YouTube. En él se escucha al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y al subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos, hablar sobre un presunto acuerdo con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que respaldaran una acción judicial contra la familia política de su hermano, Federico Gertz, quien falleció años atrás. Alejandra Cuevas, hija de la excuñada del fiscal, llevaba meses en la cárcel por esta causa. Tras la difusión de las comunicaciones privadas, que se publicaron en prácticamente todos los medios de comunicación del país, la SCJN votó de forma unánime liberar a Cuevas en contra de los deseos del fiscal.
La intimidación de la FGR en mi contra se hizo a través de una entrevista de radio en el programa de Ciro Gómez Leyva al fiscal Germán Castillo, quien lleva la investigación de los videos que se difundieron. Ahí, además de hacer pública la investigación, el funcionario me llamó “Mario N”, como se habla de los presuntos criminales. El supuesto delito del que se me acusa es divulgación de comunicaciones privadas y se castiga con seis a 12 años de prisión. La acusación involucra a una de las personas con más poder público del país: el fiscal Gertz Manero.
Esto ha sido un escándalo en México. Organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa lo han considerado un ataque contra la libertad de informar. También senadores de la República han expresado su repudio ante el abuso de autoridad. Y el gremio periodístico me ha mostrado su solidaridad pues, si la institución encargada de la procuración de justicia logra avanzar en su intento de encarcelarme, el mensaje es para todos: se usará todo el poder la FGR para intimidar, acusar e intentar procesar penalmente a todo aquel que “ataque” y divulgue información de interés público que las autoridades consideren que les perjudica.
Previo a ocupar el cargo de fiscal general, Alejandro Gertz Manero concedió entrevistas para hablar del caso de su familia política y el estado de la justicia en México, cuando él señalaba ser una víctima del poder. En una conversación con Carmen Aristegui, el 29 de agosto del 2017, hizo algunas afirmaciones sobre este tema.
Inició la conversación con esta frase: “En México la justicia y la seguridad son instrumentos del poder, no son servicios a la comunidad (…) El poder público tiene, a través de la justicia, el mejor instrumento para perseguir a sus enemigos y para encubrir a los suyos”. También dijo: “Si no podemos defendernos cuando hay un interés del poder, no hay razón de existir de la justicia (…) En la justicia y en la inseguridad hay un factor fundamental que es el miedo, y el que maneja el miedo, controla”. Hoy, estando del otro lado de la moneda, insiste en realizar los mismos actos que antes condenaba.
En México, la FGR no tiene la facultad de juzgar los casos que investiga, sino el poder Judicial, donde si bien sigue habiendo injusticias y corrupción, también hay casos en los que se aplica correctamente la ley e impera el Estado de derecho. Por eso, además de la defensa pública que he hecho —para mí la más importante, porque a eso me dedico: soy periodista— estoy haciendo una defensa legal. No es porque tenga temor de que prosperen las acusaciones contra mí, sino porque creo en las instituciones y en la justicia.
Al presidente López Obrador le han preguntado dos veces por mi caso, pero ha preferido hacer oídos sordos y no inmiscuirse en un tema que tiene que ver con una institución independiente “a menos que sea algo grave”. Yo no espero que me defienda el presidente, ni siquiera porque en enero de 2021 le tendió la mano a Julian Assange, fundador de WikiLeaks y a quien le ofreció asilo en México. También pidió al gobierno de Estados Unidos que lo deje de perseguir, que lo indulte.
La segunda vez que le cuestionaron por la persecución contra mí desde el poder, prefirió hablar de cuando el gobierno del expresidente Vicente Fox promovió su desafuero para juzgarlo por una supuesta violación a la ley. En ese momento, en 2005, López Obrador se plantó ante el Congreso y dio un discurso del cual asegura estar muy orgulloso: “Claro está que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad (…) Estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo”.
Agradezco que, ante este acto de intimidación público, he recibido muchas muestras de solidaridad. Me da fuerza y reconforta saber que la sociedad reconoce el trabajo de los periodistas, cuya labor es informar —sobre todo lo que los poderosos no quieren que se sepa— en pro del interés público y del derecho a saber de todos: esa es la razón que explica al periodismo, a través de los derechos fundamentales de la libertad de expresión e información.
Yo estoy dispuesto a dar la batalla hasta donde sea. Con la cara en alto por mí, por todos mis colegas y por la defensa de la libertad de expresión.
aranza
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