¡Basta ya!
El Tribunal de los Pueblos ante el asesinato impune de periodistas en México
Laura Castellanos, The Washington Post
México vive una exorbitante violencia letal contra el gremio periodístico. Días antes de la quinta conmemoración del asesinato de Javier Valdez, acribillado por criminales en Sinaloa el 15 de mayo de 2017 y el caso más emblemático del país, mataron a tres colegas. Suman ya 11 asesinatos en 2022 —tres de ellos de mujeres— que han hecho apremiante la próxima resolución que el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas, focalizado en casos específicos de México, Siria y Sri Lanka, dará a conocer el 20 de junio.
Se trata de la 50ª sesión del legendario Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un espacio ético, civil e internacional que juzga los delitos de lesa humanidad de los Estados. No tiene fines punitivos, más bien documenta, legitima y potencia las voces de denuncia. Al gremio periodístico mexicano le posibilitó testificar casos de alto impacto en un foro de prestigio mundial para exigir justicia ante un Estado ineficaz, corrupto e indolente que ni siquiera acudió al llamado del TPP para hablar en su defensa en dos audiencias, que se celebraron en Ciudad de México el 26 y 27 de abril.
El caso de Valdez lo presentó quien fuera su pareja, la comunicadora Griselda Triana. Dijo que si bien se procesó judicialmente a dos autores materiales del asesinato, falta el autor intelectual. México es el país con más asesinatos de periodistas en el mundo este año y el primero en desapariciones, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). Sara Mendiola, abogada de Propuesta Cívica, señaló ante el TPP que el nivel de impunidad de estos crímenes es escandaloso: 98% en los casos de asesinato y 100% en los de desaparición.
En las audiencias hablaron periodistas de reconocida trayectoria como Anabel Hernández, familiares de víctimas de asesinato y activistas, como Balbina Flores de RSF, quienes testificaron lo vivido en la última década: la impunidad en el sistema de justicia y de seguridad, la convergencia de la violencia institucional con la criminal, el recorte a presupuestos de los mecanismos de protección federal, la ineptitud de estos y de los gobiernos locales ante casos de riesgo, el abandono de las familias de las víctimas, y la estigmatización y hostilidad contra el gremio alentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los testimonios fueron expresados con rabia, dolor, miedo y valentía ante un jurado internacional conformado por periodistas, juristas y defensores de derechos humanos con renombre en siete países —la mayoría mujeres—, como la procuradora del Tribunal, la española Almudena Bernabeu, jurista internacional especializada en derechos humanos; la italiana Mariarosaria Guglielmi, fiscal europea delegada para Italia; y la periodista mexicana Marcela Turati.
A Valdez lo arrodillaron antes de acribillarlo, a cuatro cuadras del diario del que fue cofundador, Río Doce, en Culiacán, Sinaloa, a la luz del día. A Griselda la conocí en 2018, con el dolor atravesado por el asesinato y el desplazamiento forzado de su familia. Ese año escribí: “Matar a un periodista en México es como matar a nadie”, sin pensar que la escalada de casos se agravaría cinco años después.
Adela Navarro, directora del Semanario Zeta, de Tijuana, recapituló ante el Tribunal el asesinato de cinco periodistas de su medio a manos del Cártel de los Arellano Félix. Me dijo que la situación del gremio se agravó porque el presidente López Obrador dejó a su suerte la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y carece de una política integral para enfrentar la violencia organizada, pues “el narcotráfico y el crimen organizado no podrían subsistir sin la ayuda del Estado”.
El disparador de las violencias contra la prensa mexicana fue la estrategia de seguridad militarizada implementada por el gobierno de Felipe Calderón, prolongada por el de Enrique Peña Nieto y el de López Obrador. En mis libros Crónica de un país embozado 1994-2018 y La Marcha del #TerremotoFeminista, documenté que esa estrategia aumentó el armamentismo, expandió las complicidades de agentes del Estado con grupos criminales e incrementó la violencia patriarcal contra la población femenina, joven e infantil, de pueblos originarios y migrante.
Tal violencia se ensañó contra las personas defensoras de los derechos humanos, territoriales y ambientales de esas poblaciones vulnerables, y de la prensa que ha informado del desgarramiento social y la evolución de la violencia organizada.
López Obrador ha generado más convulsión al considerar al gremio un adversario desestabilizador. En sus conferencias matutinas ataca a periodistas con los que rivaliza, o a la prensa crítica a la que califica de conservadora, adversaria y neoliberal, mientras su gobierno ha dado trato preferente a los jerarcas de los medios televisivos, como Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean, de TV Azteca y Televisa.
Las descalificaciones y amedrentamientos del presidente son replicados por otros políticos como estrategia. Adela Navarro observa que particularmente los gobernadores del partido oficial, Morena, “han tomado el ejemplo del presidente de atacar sistemáticamente a la prensa que es crítica con sus programas, políticas públicas, declaraciones y acciones”.
Hoy en México la prensa más vulnerable es la de los estados, sobre todo de medios de comunicación pequeños y precarizados. En el país hay una multiplicidad de periodistas que realizan dos o tres trabajos distintos en busca de ingresos; colaboran en medios municipales, comunitarios o de pueblos originarios, que en ocasiones son el único espacio informativo en lugares convulsos o remotos. Si silencian su palabra, ¿quién recogerá las voces de las víctimas y de las personas defensoras? ¿Quién indagará los abusos de los agentes del Estado y sus complicidades criminales?
En las audiencias del TPP testificaron particularmente periodistas de los estados. Fueron presentados los casos de los asesinatos ocurridos en 2011, aún impunes, del veracruzano Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela, director de Notiver, junto con su esposa Agustina y su hijo Misael, quien laboraba como fotoperiodista.
Quienes ejercemos el periodismo en México hemos buscado de distintas maneras frenar los embates en nuestra contra y de exigir justicia a través de la palabra escrita, protestas, creando redes de seguridad y contención, y honrando a nuestras víctimas.
El Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas es una expresión más de este carácter colectivo. Habrá que esperar su resolución final del 20 de junio y si el Estado mexicano la atenderá. De otra manera las dos largas audiencias, subidas a YouTube, quedarán como memoria de uno de los capítulos mexicanos de mayor ignominia en el siglo XXI. Y el pronunciamiento de Javier Valdez, a cinco años de su asesinato, seguirá vigente: “No hay condiciones para hacer periodismo en México, las balas pasan demasiado cerca”.
JMRS
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