Entre la Espada y la Pared

Cuando Evo Morales perdió la calle… y también la presidencia

2019-11-18

Según las encuestas previas, Carlos Mesa, un periodista e historiador de 66 años, de...

Jean Paul Guzman | Proceso

El no haber respetado el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, el postularse nuevamente como candidato presidencial, realizar cuestionadas elecciones y la caída del sistema (en Bolivia) son algunas de las razones que explican el estallamiento de las manifestaciones que llevaron a Evo Morales a abandonar el poder y a asilarse en México. 

El domingo 10, cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio a conocer que no podía validar la elección presidencial en Bolivia y recomendó nuevos comicios, el gobierno de Evo Morales ingresó en un estado de coma político que derivó en su dimisión, y abrió el mayor desafío en los 37 años de democracia ininterrumpida: pavimentar un camino de consensos para salir de nuevo a votar.

En una democracia consolidada, la convocatoria a otra elección sería un procedimiento común, pero en Bolivia –con Morales desde México, con una presidenta interina sin mayoría legislativa, sectores sociales leales al expresidente en pie de lucha y una mayoría ciudadana decidida a no volver al reciente pasado– es un laberinto que por el momento no tiene salida.

La causa del quiebre en Bolivia, según analistas, está en una grieta que socavó la base del sistema democrático: el no respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que 51.34% de los votantes rechazó la reelección indefinida de Morales, ante 48.66% que sí la apoyaba.

Tras ese resultado, el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional, conformado por magistrados designados por la mayoría legislativa de esa misma organización política, que desconoció el voto soberano y concluyó que el entonces presidente podía postularse indefinidamente por respeto a sus “derechos humanos”.

Con la sombra de ese fallo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó en marzo de 2019 a elecciones generales para presidente, vicepresidente, senadores y diputados, a cumplirse el 20 de octubre del mismo año. Durante el proceso electoral, el TSE –conformado por una mayoría de vocales afines al MAS– fue blanco de críticas por tres causas: no objetar la decisión del Tribunal Constitucional, condicionar sus decisiones al gobierno, pese a ser un órgano independiente, y organizar los comicios con dudas sobre su transparencia.

Pese a que la oposición lo consideró un candidato “ilegítimo” por no respetar los resultados del referéndum de 2016, Morales, de 60 años, decidió participar en las elecciones y registró ocho candidaturas, desoyendo la recomendación de presentar un único postulante capaz de retar la hegemonía del MAS, partido ganador en las elecciones de 2005 (53,7%), 2009 (64,2%) y 2014 (61,3%).

Según las encuestas previas, Carlos Mesa, un periodista e historiador de 66 años, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), era el opositor con más posibilidades de pelearle la presidencia a Morales.

Durante su campaña, utilizó el eslogan “Ya es demasiado”, simbolizando la decisión de poner fin al periodo de gobierno continuo más largo de la historia de Bolivia (14 años), marcado, en su criterio, por un afán autoritario y corrupto.

Se cayó el sistema

De acuerdo con la constitución boliviana, se declara como ganador de las elecciones al aspirante que sume 50% de los votos más uno, o mínimamente 40% de las preferencias con una diferencia de al menos 10 puntos respecto del segundo lugar. Si no se alcanza alguno de los dos resultados, debe convocarse a una segunda vuelta con los dos candidatos más votados.

El 20 de octubre, las elecciones se realizaron en completa normalidad. Una vez cerrados los recintos electorales, el TSE activó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), responsable de publicar ese mismo día el resultado electoral, previo al cómputo oficial, aunque con similar exactitud.

Casi tres horas después del cierre de la votación, el TREP había contabilizado 83.85% de las actas: Morales ganaba con 45.71% de votos y Mesa quedaba en segundo con 37.84 por ciento. En ese entonces la segunda vuelta era inevitable y, según la mayoría de las encuestas previas, Mesa tenía más posibilidades de ganarla.

Tras conocerse públicamente los datos, el conteo del TREP fue detenido por el TSE, que justificó la decisión por “razones técnicas”…

Cuando el cómputo se reactivó 22 horas después, la segunda vuelta se había esfumado. De inmediato se desencadenó una tormenta político-electoral con actores internos y externos.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA expuso que la suspensión de los datos del TREP “derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social”. Como “la mejor opción” planteó “convocar a una segunda vuelta”. La Unión Europea respaldó “plenamente la evaluación de la OEA.

Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos llamaron al gobierno de Bolivia “a restaurar la credibilidad de su sistema electoral mediante la convocatoria a una segunda vuelta electoral, que sea libre, justa y transparente”.

Un grupo de profesionales informáticos de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, encabezado por Édgar Villegas, habló abiertamente de fraude al concluir que tras revisar más de 34 mil actas electorales detectó las siguientes irregularidades: alteraciones de datos, actas no certificadas por jurados electorales, mesas electorales invalidadas que luego aparecen como válidas, resultados de mesas que aparecen en el sistema informático y luego “desparecen”, principalmente.

El resultado final de las elecciones, conocido el 25 de octubre último, certificó el triunfo de Morales, quien sumó 47.08% de los votos frente a 36.51% de Mesa.

Estalla la protesta

Con los pronunciamientos de entidades y gobiernos que siguieron de cerca el proceso electoral, sumados a las denuncias internas de fraude, Bolivia ingresó en un caos.

El 23 de octubre reciente, el Comité Cívico de Santa Cruz, una entidad que agrupa a organizaciones sociales, empresarios y universidades del departamento más próspero del país, inició una huelga indefinida por el presunto fraude.

La medida fue respaldada en los siguientes días por agrupaciones de otros departamentos y el denominado Comité de Defensa de la Democracia, integrado por partidos de la oposición, universitarios y organizaciones y personajes de la sociedad.

A medida que se conocían más irregularidades en las elecciones, como numerosos “votos” de personas fallecidas, la protesta ciudadana apuntó a otro objetivo: nuevas elecciones.

Los estrategas políticos del gobierno lanzaron la idea de que el movimiento popular equivalía a un “golpe de Estado” que buscaba desmoronar el orden constitucional y sacar a Morales del poder. Todos los voceros del movimiento ciudadano y la oposición política respondieron que el único fin era el respeto al voto.

Los grandes protagonistas de las movilizaciones diarias eran jóvenes de colegios y universidades que vivieron toda su vida en democracia y conocieron a un solo presidente: Evo Morales. Organizados vía redes sociales, ocuparon las calles e inundaron de mensajes las plataformas de Facebook, Twitter e Instagram.

Además de la presencia juvenil, surgieron nuevos liderazgos lejanos de la tradicional clase política: Luis Fernando Camacho, un empresario de 40 años, encabezó las protestas en el departamento de Santa Cruz con un discurso emotivo y radical. Marco Antonio Pumari, líder laboral de 38 años, dirigió las movilizaciones y el paro en Potosí, el departamento más pobre de Bolivia. Un empresario y un trabajador confluían en un mismo movimiento.

Para el analista Carlos Toranzo, el MAS y Evo Morales por primera vez “perdieron el dominio de la calle”, de la que los sectores más fieles a sus políticas (productores de coca, campesinos, comerciantes informales, transportistas y mineros), bautizados como “movimientos sociales”, habían sido dueños indiscutibles durante 14 años.

Ante la magnitud de la protesta, Morales convocó a sus bases a “defender el proceso de cambio” e, incluso, amenazó con cercar las ciudades.

En respuesta a la convocatoria de su líder, los seguidores del MAS salieron a las calles con violencia, para intentar romper los bloqueos de vecinos y contrarrestar las manifestaciones.

En ese periodo de crisis se reportó la muerte de tres personas, todas eran opositoras: dos en Santa Cruz (una por impacto de bala) y otra en Cochabamba.

El movimiento popular y la violencia en las calles obligó al gobierno a solicitar a la OEA el envío de un equipo de especialistas para realizar una auditoría electoral sobre los comicios del 20 de octubre último.

Un grupo de 36 especialistas de 18 nacionalidades, peritos en legislación electoral, estadísticas, informática, documentación, caligrafía, cadena de custodia y organización electoral, arribó a Bolivia el 31 de octubre reciente e inició su trabajo un día después.

El gobierno planteó que el resultado de la auditoría sea “vinculante”. Es decir: si detectaban irregularidades, se convocaría a una segunda vuelta electoral.

Acorralado

El mismo día que la misión de la OEA inició su trabajo, el viernes 1, un hecho complicó aún más el conflictivo panorama: la unidad policial de Cochabamba, donde se habían reportado graves enfrentamientos entre leales oficialistas y opositores, decidió amotinarse y se replegó a sus cuarteles, negándose a reprimir las manifestaciones populares.

La actitud de los policías de Cochabamba encontró eco y ese mismo viernes la policía de los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca asumió una decisión similar. Un día después, la unidad policial más grande, la de La Paz, se sumó al motín.

El sábado 2 la ciudad de La Paz observó imágenes inimaginables días antes: vecinos, jóvenes y opositores aplaudiendo el paso de policías que a pie o en vehículos se retiraban a sus cuarteles.

En la madrugada del domingo 3, vía redes sociales, la misión de la OEA difundió su informe sobre las elecciones. Existen, expuso, “irregularidades muy graves que son evidentes en todo el procedimiento y comprobables con facilidad”, por lo que “no puede validar los resultados de la presente elección” y “recomienda otro proceso electoral” con nuevas autoridades electorales.

El rosario de irregularidades incluía, actas con un número mayor de votos que el total en las listas índice, actas con datos alterados y firmas falsificadas, manipulación del sistema informático y graves fallas de seguridad en el cómputo final.

“Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”, destaca el informe.

Horas después, Evo Morales convocó a una conferencia de prensa en una base militar en la que anunció la convocatoria a nuevas elecciones. “He renunciado al triunfo que he ganado (y) toca ir a las nuevas elecciones”.

“El gesto del presidente llegó muy tarde. El movimiento popular asoció el fraude con Evo Morales y el MAS, por lo que no concebía que siguiera al mando del país el hombre que, primero, desconoció el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 y en 2019 avaló un monumental fraude. La gente clamaba por nuevas elecciones, pero también con Evo fuera del gobierno. No toleraba ser burlada dos veces”, explica el politólogo Ernesto Bascopé.

Tras el informe de la OEA, los principales conductores del movimiento popular, el líder cruceño Luis Fernando Camacho y el potosino Marco Antonio Pumari, exigieron la “renuncia inmediata” del presidente, al que señalaron como “autor intelectual del fraude electoral”.

Los opositores volvieron a tomar las calles en las que desaparecieron los simpatizantes del MAS y la presión hacia Morales se tornó crítica.  A las 16:00 horas locales las fuerzas armadas de Bolivia emitieron un pronunciamiento que decía: “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Poco después, la policía declaró: “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente, Evo Morales, presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”.

Tanto las fuerzas armadas como la policía coincidieron en un principio: renunciar al uso de la violencia para no acribillar a la gente.

Incluso, la Central Obrera Boliviana (COB), incondicional de Evo Morales hasta ese instante, se sumó al pedido de la gente movilizada, cívicos, gobernadores departamentales, militares y policías. “Compañero presidente, le llamamos a la reflexión de que pueda seguramente asumir esta responsabilidad”.

Las cartas estaban echadas y a las 16:52 horas locales Evo Morales anunció en una conferencia de prensa su renuncia. Su dimisión ocurrió en la localidad de Chimoré, corazón del departamento de Cochabamba, dedicada a la producción de coca. A 73 días de cumplir su tercer mandato constitucional continuo, Morales atribuyó su caída a un “golpe cívico-político-policial”.



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