Del Dicho al Hecho

Hay un uso faccioso del caso García Cabeza de Vaca en México

2021-05-07

No hay partido en México que se salve de ser, a la vez, víctima y victimario del uso...

Ricardo Raphael, The Washington Post

No pareciera coincidencia que el proceso criminal seguido contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esté ocurriendo en pleno proceso electoral. México tiene una larga lista de acusaciones contra políticos del más alto nivel que solo viven mientras sus adversarios las necesitan para ganar en las urnas.

El juicio de procedencia desafuero en 2004 y 2005 contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que entonces era aspirante a candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es uno de lo más conocidos.

Un año después se presentó ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Jalisco, Arturo Zamora, quien iba favorito en las encuestas hasta que fue acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico y por haberse presuntamente apropiado de bienes que eran públicos. El final de esta historia no tuvo sorpresa: una vez hundida la reputación y las preferencias electorales de Zamora, la denuncia fue desechada.

En 2017 fue interpuesta una denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la PGR en contra de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. La prensa dio a conocer parte del expediente donde se señalaba que su padre y hermanos se habrían beneficiado con depósitos de procedencia ilícita. De nuevo, una vez causado el daño —y la consecuente derrota de Vázquez Mota— el expediente se evaporó.

Estos tres casos, entre muchos otros, exhiben que no hay partido en México que se salve de ser, a la vez, víctima y victimario del uso faccioso de las instituciones responsables de procurar justicia. El fenómeno es recurrente porque los fiscales no se abstienen de jugar políticamente con su responsabilidad.

El cambio de gobierno en diciembre de 2018 pudo haber sido una oportunidad para desterrar esta práctica corrupta de la justicia mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que, a diferencia de sus antecesores, su gobierno iba a respetar la autonomía de la nueva Fiscalía General de la República (FGR). Dijo además que no perseguiría a nadie por razones políticas y que no se prestaría a la fabricación de delitos.

El caso de García Cabeza de Vaca terminará confirmando (o refutando) la sinceridad de esta promesa. Juega en contra de la oferta presidencial que el juicio de procedencia haya arrancado en pleno proceso electoral y también que este mandatario local se encuentre entre los principales líderes de la oposición.

Sin embargo, antes de prejuzgar, vale la pena valorar si la nueva FGR cuenta con una causa probable y también si son suficientes las pruebas presentadas ante la Cámara de Diputados, donde el partido del presidente, Morena, tiene mayoría.

El expediente más importante investigado por la UIF, y presentado por la FGR ante la Cámara de Diputados para el desafuero, se relaciona tanto con la compra como con la venta realizada por García Cabeza de Vaca de un departamento en la lujosa zona de Santa Fe, en Ciudad de México.

La UIF afirma que García Cabeza de Vaca recibió en 2016 un préstamo por 14.3 millones de pesos (alrededor de 710,000 dólares) de una Sociedad Financiera (Sofom) registrada ante la autoridad competente. Argumenta también Santiago Nieto, titular de la UIF, que tres años antes esta misma Sofom trianguló fondos de un par de empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

El vínculo delictivo presumido entre esta Sofom y el gobernador es endeble, ya que no es delito recibir prestamos de una entidad financiera cuya gestión haya derivado en actos ilegales.

La segunda acusación tiene que ver con la venta del mismo departamento. En 2019 la empresa T612 le compró a García Cabeza de Vaca el inmueble en más de 42 millones de pesos (2.1 millones de dólares). Es decir que el gobernador de Tamaulipas obtuvo una ganancia, en solo tres años, de 27 millones de pesos (más de 5.4 millones de dólares) por esta operación. De acuerdo con la autoridad hacendaria, García Cabeza de Vaca no reflejó este ingreso en su declaración anual de impuestos, presentada durante el primer trimestre de 2020.

Si bien tal omisión podría ser importante, bastaría con que el gobernador realizara una declaración complementaria este mismo mes de mayo, y realizara el pago correspondiente para que la falta desapareciera de su expediente. En resumen, esta segunda acusación tampoco es relevante.

La tercera denuncia en su contra tiene que ver con T612, una compañía dedicada aparentemente a actividades inmobiliarias, que no había merecido atención previa por parte de la UIF. Sin embargo, a partir de la investigación sobre la compra del departamento, detectó que uno de los socios es Baltazar Higinio Reséndez Cantú. Este individuo es relevante para el caso porque también posee presuntamente acciones de otras dos empresas denominadas RC de Tamaulipas y Barca de Reynosa. Estas empresas habrían obtenido contratos del gobierno de García Cabeza de Vaca, hecho que llevó a la UIF y a la FGR a suponer tráfico de influencias y corrupción. De confirmarse una triangulación de recursos entre el gobierno de Tamaulipas, las dos empresas y T612, cabe que, en efecto, haya causa para proceder contra el mandatario tamaulipeco.

Este es el único argumento que podría prosperar, de entre los presentados durante el juicio de procedencia.

Es cierto que, durante este juicio, la FGR acusó también al mandatario por haber acumulado, supuestamente, una fortuna millonaria en propiedades ubicadas en el estado de Texas, las cuales estarían a nombre de familiares y prestanombres.

Sin embargo, el ministerio público no presentó evidencia relativa a esta otra denuncia que por su solvencia pudiese llevar a afirmar, como en el caso de la acusación anterior, que haya materia para proceder contra García Cabeza de Vaca.

El pasado 30 de abril la Cámara de Diputados, gracias a la mayoría de Morena, votó favorablemente para que la FGR prosiguiera con la investigación en contra del gobernador. Días antes, el Congreso de Tamaulipas interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentando que el poder legislativo federal asumió una facultad que no le correspondía.

Tocará primero a la SCJN decidir cuál de estos dos cuerpos de representación tiene potestad para desaforar al mandatario. Luego, en caso de que la federación se imponga sobre la autoridad local, será tarea de la FGR comprobar que hubo tráfico de influencias y/o peculado derivados de la venta del departamento en Santa Fe.

El caso parece débil, o más precisamente, diera la impresión de que se presentó ante la Cámara de Diputados antes de que estuviera suficientemente investigado. La prisa por motivos electorales inclina la balanza en el sentido de afirmar que, en México, la justicia continúa ejerciéndose de manera facciosa y por intereses meramente políticos.



Jamileth