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Los (des)informes de gobierno de López Obrador son nocivos para la democracia

2022-09-02

Por todo ello, los “informes” de López Obrador no informan. Al contrario: son...

Luis Antonio Espino | The Washington Post

Durante los 70 años en los que el Partido Revolucionario Institucional controló los poderes del Estado en México, el día del informe de gobierno era el “día del presidente”. Cada 1 de septiembre, las cadenas de televisión y radio se enlazaban para transmitir el discurso anual del primer mandatario ante el Congreso, un evento siempre cargado de cifras favorables y de aplausos obsequiosos.

Con la llegada de la democracia, en el 2000, las cosas no cambiaron mucho. El informe mantuvo el formato de un discurso largo y lleno de cifras positivas. Esto fue así hasta que, en septiembre de 2006, los legisladores de oposición impidieron que el entonces presidente Vicente Fox entrara al Congreso para dar su discurso. La decisión del entonces candidato presidencial y hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, de no reconocer su derrota en las elecciones de ese año se tradujo en un boicot de su partido al evento.

En 2008, la ley cambió. Desde entonces, el presidente ya no está obligado a acudir al Congreso y solo debe entregar su informe por escrito. Felipe Calderón (2006-2012) dio sus mensajes con motivo del informe de gobierno en Palacio Nacional y en el Museo Nacional de Antropología con el mismo formato: discurso ante invitados, cifras, aplausos, etc. El evento comenzó a perder la relevancia que tenía en décadas previas, pues al no darse ante el Congreso perdió su peso como ritual republicano.

Enrique Peña Nieto (2012-2018) intentó innovar en el formato del informe. En 2016, en vez de dar un discurso, se reunió con 350 jóvenes en Palacio Nacional. “He decidido cambiar el monólogo por el diálogo”, dijo. Pero en el afán de controlar al máximo el evento para cuidar su imagen, el dialogo fue acartonado y falso, con preguntas “espontáneas” como: “Gracias a usted, tenemos todo… ¿qué otras buenas noticias nos tiene?”. Un estudiante lo cuestionó fuera de guion sobre la falta de resultados en el combate a la corrupción y le pidió que su respuesta “no estuviera coreografiada”. Eso fue lo que la prensa destacó al día siguiente. Peña Nieto prefirió regresar al monólogo en sus dos informes restantes.

Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ha dicho que él es diferente a sus predecesores porque no es un político de salones alfombrados, sino un líder cercano al “pueblo”. Pero lejos de revitalizar el informe para acercarlo a la sociedad o mejorarlo como acto de rendición de cuentas, lo ha convertido en un arma de propaganda en su batalla por el control de la realidad.

Una táctica de la propaganda es saturar a las personas de contenidos y mensajes para rebasar su capacidad de comprensión. Por eso, el presidente, además de llenar diariamente la conversación pública con sus “conferencias de prensa”, organiza cuatro “informes” al año. En el de ayer, insistió en dar afirmaciones falsas, engañosas o que no pueden verificarse con información objetiva, como que ahora México es un país donde “no se tolera la corrupción” y “se ha reducido la incidencia delictiva”. Donde “la fiscalía actúa con absoluta independencia” y “se está construyendo uno de los mejores sistemas de salud del mundo”. Un México donde se ha “logrado aminorar la desigualdad y la pobreza” y muchas otras más.

Por todo ello, los “informes” de López Obrador no informan. Al contrario: son actos deliberados de desinformación. Esto tiene cinco efectos muy graves sobre nuestra democracia.

Primero, el presidente elude la rendición de cuentas sobre sus decisiones de gobierno, evitando ser evaluado por sus resultados. Al saturar su discurso con afirmaciones falsas y engañosas, el presidente se vuelve un obstáculo para que la sociedad llegue a un acuerdo sobre lo que es real y lo que no. La ciudadanía no puede hacerse un juicio certero sobre su gestión, lo que impacta negativamente el derecho a emitir, en las siguientes elecciones, un voto informado y razonado.

Segundo, al desinformar el presidente divide y polariza a la sociedad. Esto evita que la ciudadanía pueda enfocar su atención y energía en las posibles soluciones a los problemas del país y se centren en debatir emocionalmente la validez de las afirmaciones de sus discursos. La polarización debilita además los lazos básicos de confianza entre las y los ciudadanos, que sustentan el ideal democrático.

Tercero, el presidente socava a la administración pública, pues al alejar al gobierno de la realidad el aparato del Estado no puede cumplir cabalmente su función de diseñar e implementar políticas públicas que atiendan los problemas de la sociedad. Cada secretaría y dependencia pública tiene que ajustarse a la narrativa oficial y darle prioridad a acciones y obras que fortalecen ese relato, sin importar sus resultados.

Cuarto, al usar el discurso como arma de desinformación, el presidente pervierte el rol de los medios de comunicación. Estos dejan de ser intermediarios que brindan elementos a la ciudadanía para ayudarle a entender la realidad, y se vuelven meras cámaras de resonancia de propaganda sin apego a la veracidad.

Y quinto, al desinformar, el presidente socava a instituciones democráticas clave. La constante repetición de una narrativa dirigida a hacer que la sociedad pierda confianza en los órganos electorales, los medios, la oposición, las organizaciones de la sociedad civil y otras instancias tiene como efecto el debilitamiento de las normas democráticas. En especial, instaurar desde el Estado la idea de que solo el presidente y los suyos tienen legitimidad para gobernar y participar en la vida pública por su pretendida “autoridad moral” es una afirmación que solo puede entenderse como un intento por erigirse como el único poder legítimo.

Resistir una campaña de desinformación sistemática y persistente dirigida desde lo más alto del Estado exige un gran compromiso con valores democráticos, apego a la verdad y una defensa activa de las instituciones. Requiere, en especial, honestidad intelectual para reconocer que la desinformación como política de gobierno no es el camino para resolver los muchos y graves problemas de México.
 



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