Ahumada, liberado el martes, aun tiene una cuenta pendiente con la justicia

México,   (EFE).- El empresario mexicano Carlos Ahumada, que esta semana salió de la cárcel porque no se pudieron probar los delitos que se le imputaron después de divulgar en el 2004 vídeos acerca de supuestos actos de corrupción de autoridades municipales, tiene aun pendiente una cuenta con la justicia.

El fiscal de Asuntos Generales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rafael Mateos, informó hoy de que hay planteada una demanda por fraude contra el grupo Quart, propiedad de Ahumada, porque presuntamente cobró dos veces una obra que llevó a cabo por encargo de un municipio de la capital.

Mateos explicó que el fraude asciende a 985,000 pesos (89,500 dólares) y que la demanda no pide por ahora el arresto de Ahumada directamente sino el de servidores públicos de la delegación (municipio) Álvaro Obregón, en el Distrito Federal, que hicieron un pago "por duplicado" de obras efectuadas por el Grupo Quart.

Sobre la demanda el abogado de Ahumada, Enrique Ostos, dijo que con ella "sigue en cierta forma una acción persecutoria en contra" del empresario.

"Mi cliente está preocupado obviamente por esta nueva consignación (petición de procesamiento ante un juez) pero está convencido de que es ajeno completamente a los hechos que nuevamente le imputa el ministerio público (fiscalía)", añadió.

El fondo de la querella se remonta al 2005 e involucra a "ex funcionarios de la Álvaro Obregón", entre ellos el ex delegado Luis Eduardo Pino Chavira.

Ahumada, a quien se conoce popularmente como "El señor de los sobornos", se hizo famoso en México en 2004, cuando apareció entregando miles de dólares a dos integrantes del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que entonces gobernaba la capital con Andrés Manuel López Obrador como alcalde.

El ex candidato presidencial siempre negó conocer la corrupción de sus allegados y el destino final de los fondos nunca se aclaró.

Ahumada estuvo tres años en la cárcel por cinco procesos, entre ellos un fraude a un municipio capitalino, pero fue puesto en libertad el martes pasado por decisión de un juez que consideró que no había pruebas de los delitos que se le imputaban.

El empresario huyó a Cuba tras desatarse el escándalo de los vídeos en 2004 y allí fue detenido y luego deportado.

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