Enfoque
Legalización de las drogas
Eugenio Anguiano, El Universa
La semana pasada el presidente del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL puso el dedo en un punto sensible del grave problema del narcotráfico: la posible legalización del uso de drogas hoy jurídicamente prohibidas, que él ve como una solución de fondo a las crecientes actividades del crimen organizado en torno al pingüe negocio de la comercialización de las mismas. Este tema ha sido considerado tabú por los diferentes gobiernos de Estados Unidos de las últimas décadas, los que siempre han rechazado la mera posibilidad de que se lleve a cabo un debate formal sobre tal posibilidad de legalización.
El argumento de la despenalización del uso de drogas se sustenta en el hecho incontrovertible de que la prohibición de la producción, comercio y consumo de enervantes y sus refinados propicia la aparición de condiciones monopólicas del mercado, generadoras de utilidades lo suficientemente grandes como para facilitar la aparición de cárteles económicamente poderosísimos, capaces de comprar autoridades, guardianes de la ley y gobiernos nacionales, así como de pagar a sicarios que llegan a poner en jaque a los sistemas judiciales de países como México.
Un razonamiento sencillo a favor de una medida como la mencionada parte de la experiencia histórica habida precisamente en Estados Unidos durante el periodo 1920-1933, con la famosa Ley Seca, por la que se prohibió el comercio de alcohol, con lo cual medraron las organizaciones gangsteriles que azotaron a una parte de la sociedad estadounidense. Lejos de reducirse el gusto por las bebidas embriagantes en ese país, éste aumentó considerablemente con la prohibición. Finalmente, la relegalización de la venta de alcohol terminaría con las utilidades de carácter monopólico y con el crimen organizado en torno a la comercialización del mismo.
Esa experiencia histórica, compartida por otros países en la forma de aplicación total o parcial de una ley similar, como Gran Bretaña, Canadá, Rusia, Hungría, etcétera, nos lleva a preguntarnos cuál será la razón de fondo de los políticos estadounidenses para negarse a discutir la eventual legalización de la mariguana, la cocaína y otros enervantes y sus compuestos químicos (heroína y sus variantes).
Quien esto suscribe obtuvo la mejor explicación de esta conducta en 1991, cuando le tocó presidir la Comisión de Estupefacientes de la ONU con sede en Viena. Al asumir el cargo, participé en una reunión cerrada de la mesa directiva entrante y en ella mi predecesor, un distinguido diplomático holandés, experto en el asunto, expresó de manera un tanto candorosa seguramente calculada la hipótesis de una legalización amplia del uso de estupefacientes (en su país se había ya despenalizado el consumo de drogas). La reacción del representante de Estados Unidos, país miembro de la mesa directiva, fue de cólera; calificó de irresponsables planteamientos como el que acababa de presentar nuestro colega de los Países Bajos, aún siendo hechos de manera restringida, informal y como simple divagación especulativa, y añadió que su país se opondría con toda su fuerza diplomática a debatir la cuestión, fuera con carácter hipotético o formal.
Después de ese exabrupto, el diplomático estadounidense nos explicó a algunos, "en corto", que su país ya tenía demasiados problemas con la adicción de una parte de su población al alcohol, tabaco y drogas autorizadas sedantes, antidepresivos, aspirinas y otros, como para agregar la familia de los estupefacientes, hasta hoy penalizados en una sociedad conspicuamente usuaria de todo tipo de escapes artificiales. En otras palabras, la salud social de EU se agravaría todavía más con la legalización de estimulantes artificiales de lo que ya estaba en esos momentos, por lo que el costo de reprimir los actos delictivos que hacen posible el "mercado negro" de esas drogas resultaba menor al daño potencial derivado de una regularización de las mismas que, de por sí, ya se consumían en grandes cantidades.
Es obvia la estrategia de Estados Unidos en cuanto a procurar mantener fuera de sus fronteras la lucha por contener la producción y el tráfico de enervantes, evitando así en lo posible los efectos nocivos dentro de su territorio de la guerra contra el narcotráfico. Que sean Colombia, México, Turquía, Afganistán u otros países los que carguen con la responsabilidad de la contención, aunque ello implique deterioro de la justicia y violaciones masivas a los derechos humanos en ellos.
Por otro lado, la posible legalización de los estupefacientes haría también mucho daño social a los países exportadores o de tránsito de los mismos, además de que ella sólo funcionaría como remedio de la criminalidad si la regularización se aplicara en forma generalizada. El problema es complejo y por ello amerita ser debatido a fondo en el ámbito internacional, sin juzgar a priori si la legalización de las drogas reduciría o no la delincuencia derivada del narcotráfico.
Profesor investigador de El Colegio de México
LLG
